La renovación del mandato de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos para Venezuela fue una buena noticia en el marco de la defensa de derechos humanos, pero resulta solo un pequeño paso adelante en el camino de tareas pendientes en cuanto al cumplimiento de recomendaciones por parte del Estado y exigencias de la sociedad civil organizada.
Los informes presentados por la Misión durante sus dos períodos anteriores no solo mostraron preocupación por la falta de independencia del sistema judicial venezolano, sino que se dieron a conocer datos importantes que revelan cómo la impunidad es quien reina ante la búsqueda de justicia por parte de las víctimas. Esto sigue ocurriendo. Las reformas sugeridas al sistema de justicia no han sido aplicadas en ningún ámbito.
De igual forma, la Misión de la ONU hizo notar su preocupación por las restricciones al espacio cívico y democrático venezolano a través de actos de persecución, intimidación y represalias por motivos políticos, así como también la situación que afecta a la población en zonas fronterizas y regiones mineras del sur de Venezuela.
¿Y ahora qué?
El trabajo continúa. El nuevo mandato le permitirá a la Misión trabajar por dos años más en las investigaciones que, los mismos expertos, señalaron haber tenido tiempo limitado para profundizar y explorar a fondo; entre ellas pueden mencionarse el funcionamiento de otras estructuras oficiales como la Defensoría del Pueblo, Contraloría y otros organismos de seguridad como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) sobre los que han sido denunciados actos represivos y de violación de derechos humanos.
Las investigaciones de la Misión han sido un espacio de confianza en el que las víctimas han encontrado justicia, sin embargo hacen falta más espacios de denuncia y testimonios que contribuyan con el reforzamiento de las investigaciones.
Otro hecho importante, de cara al nuevo mandato de la Misión de la ONU, será el contexto electoral que ya se ha hecho notar en Venezuela dado que los antecedentes indican que ha sido un momento en el que se agudizan las persecuciones y las violaciones que dificultan las garantías de unas elecciones libres, justas, creíbles y transparentes.
Tareas pendientes
En sus primeros dos informes escritos, la MII ha presentado un total de ciento diez (110) recomendaciones para Venezuela, las cuales todavía esperan una respuesta oficial o al menos cambios sistemáticos favorables que puedan contribuir a su cumplimiento. Después de cuatro años sigue siendo una tarea pendiente.
- La censura en medios de comunicación se sigue haciendo notar.
- Se han reforzado los mecanismos de persecución y seguimiento a través de la tecnología y uso de datos personales.
- Continúa el desplazamiento de la población por causas políticas y de escasez de recursos.
- Las ejecuciones extrajudiciales siguen ocurriendo, incluso se han identificado nuevas dinámicas distintas en zonas fronterizas que en el resto del país.
- Se han perpetuado los crímenes de violencia de género.
- Se mantienen los patrones de persecución y tortura.
- Se sigue vulnerando el derecho a la participación política y ciudadana.
- Existe una vulneración diferenciada con respecto a mujeres, indígenas y comunidad LGBTI
- El número de desapariciones forzadas sigue en aumento.
- Se ha evidenciado una afectación importante a la comunidad académica, dentro y fuera de las universidades.
Después de tres informes escritos, el trabajo de la Misión sigue siendo a distancia ya que el Estado venezolano no ha permitido su ingreso al país. La esperanza de un cambio se mantiene, así como el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil por recabar información importante para contribuir con éste y otros mecanismos de cooperación como ACNUDH y CPI.
