DECLARACIÓN ORAL
Punto 4: Diálogo interactivo sobre el informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (resolución del Consejo de Derechos Humanos 51/29)
Consejo de Derechos Humanos de la ONU 52º periodo de sesiones
27 de febrero – 4 de abril de 2023
Señor Presidente:
Amnistía Internacional acoge con agrado la información actualizada de la Misión de determinación de los hechos y expresa su grave preocupación por los nuevos ataques del gobierno venezolano contra la sociedad civil. La información de la Misión de determinación de los hechos refuerza aún más la importancia del escrutinio internacional sobre la continua crisis de derechos humanos en Venezuela.
Desde la última reunión de este Consejo, Amnistía Internacional ha documentado y condenado los continuos intentos del gobierno de Nicolás Maduro de criminalizar a las personas defensoras de los derechos humanos y a las organizaciones de la sociedad civil. El 24 de enero de 2023, la Asamblea Nacional de Venezuela dio su primer paso para aprobar un proyecto de ley que intenta controlar, restringir y posiblemente criminalizar y también cerrar las ONG en Venezuela. Esto puede tener efectos devastadores para las víctimas y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. El proyecto de ley, titulado “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”, es sólo un ejemplo de una larga serie de intentos de controlar y restringir la sociedad civil. Otro es la denominada engañosamente “Ley de Cooperación Internacional”, que también está avanzando en los trámites parlamentarios.
Es profundamente preocupante que el preso de conciencia y director de Fundaredes Javier Tarazona continúe detenido por defender los derechos humanos, y reiteramos nuestra petición de que sea puesto en libertad de inmediato y sin condiciones.
Instamos a los Estados miembros de este Consejo a apoyar los llamamientos a proteger a la sociedad civil venezolana. También pedimos a Venezuela que permita el acceso sin restricciones de la relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, así como de otros titulares de procedimientos especiales.
Por último, preguntamos a la Misión internacional independiente de determinación de los hechos qué medidas pueden adoptar los Estados miembros de la ONU para proteger el espacio cívico en Venezuela.
Gracias.
Foto: Pixabay
