La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela da la bienvenida a un avance judicial internacional clave: la tramitación de la primera solicitud de extradición derivada de una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante las protestas de 2014.
Un tribunal federal de la República Argentina solicitó formalmente a las autoridades de España la extradición del excoronel Ephraín Enrique Verdú Torrelles, quien enfrenta cargos de asesinato vinculados con hechos ocurridos durante la represión de las protestas de 2014. Dicho oficial forma parte de un grupo de 14 mandos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) denunciados en territorio argentino en 2023 por la organización no gubernamental internacional Inter-Just.
Este proceso penal se desarrolla bajo el principio de jurisdicción universal, el cual habilita a los tribunales de terceros Estados a investigar y juzgar delitos internacionales graves cometidos fuera de sus fronteras, independientemente de la nacionalidad de las víctimas y de los presuntos responsables.
La Misión saluda este avance procesal como un paso importante hacia el fin de la impunidad, reafirmando que las fronteras geográficas no servirán de refugio para quienes han diseñado y ejecutado crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano.
A través de diversos informes, la Misión de Determinación de los Hechos ha expuesto de manera detallada los acontecimientos de violencia y represión ocurridos en Venezuela desde 2014. Las investigaciones de la Misión se llevan a cabo en con el fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas, en estricto cumplimiento de su mandato.
Las protestas de 2014 representaron una de las mayores oleadas de movilización social durante la presidencia de Nicolás Maduro, en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del Estado de derecho. Las investigaciones desarrolladas por la Misión concluyeron que la respuesta estatal frente a estas manifestaciones masivas no puede explicarse como actos incidentales o aislados de uso excesivo de la fuerza, sino como la ejecución de un patrón sistemático y planificado de violencia de Estado.
A través de la recolección exhaustiva de evidencia, la Misión de Determinación de los Hechos acreditó varios elementos fundamentales de la represión en las protestas en 2014:
- Uso desproporcionado de la fuerza: las fuerzas de seguridad recurrieron de forma sistemática al uso de armas letales y municiones contra manifestantes desarmados, lo que llevó a un número elevado de muertes.
- Coordinación con grupos civiles armados (“colectivos”): las fuerzas estatales —particularmente la GNB— permitían, toleraban o actuaban conjuntamente con grupos civiles armados para atacar y amedrentar a manifestantes.
- Detenciones masivas y tortura: cientos de estudiantes, opositoras y opositores políticos reales o percibidos fueron detenidos arbitrariamente durante las manifestaciones y sometidos a tortura y malos tratos tanto en el momento de la detención como en el traslado el traslado a centros de privación de libertad, contando numerosos casos de violencia sexual.
La Misión concluyó que estas acciones reflejaban la existencia de un régimen de represión institucionalizado y estructurado desde las más altas esferas del poder público con el objetivo de silenciar la disidencia y mantener el control político.
Las investigaciones de la Misión de Determinación de los Hechos también han remarcado la existencia de una clara línea de mando originada en la cúspide del Poder Ejecutivo, operada con la complicidad de actores judiciales mediante la participación determinante de la GNB y de los cuerpos de inteligencia civil y militar del país.
La Misión continúa investigando la situación actual de los derechos humanos en Venezuela y presentará su próximo informe al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2026.