Desde el 13 de septiembre se han presentado informes contundentes sobre la crisis humanitaria en el país suramericano y los expertos recomiendan que las víctimas tengan la oportunidad de acceder a tribunales internacionales ante la impunidad y falta de garantías en su país.
Los reportes destacan la falta de interés del Estado venezolano, liderado por Nicolás Maduro, en frenar la violencia y resarcir a las víctimas de detenciones ilegales y torturas, entre otros crímenes
El informe Bachelet
El primer informe se presentó en Ginebra, Suiza, por parte de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. En la 48º sesión del Consejo de Derechos Humanos, la chilena destacó que en al menos ocho manifestaciones, del centenar que ocurren cada mes en el país por la situación social, se registraron detenciones arbitrarias, uso de violencia y al menos una ejecución extrajudicial.
“Me preocupan las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas”, dijo.
Agregó que, desde que comenzó su presencia en el país, en 2019, su oficina recibió “informes de algunas personas a las que supuestamente se les denegó la asistencia alimentaria por motivos políticos, por criticar al Gobierno”.
Pero “la represión no está limitada a los opositores al régimen sino a todo el que exija servicios de calidad, salud y a quien defienda estos derechos”. El informe documenta 17 casos de violaciones de derechos humanos relacionados con la defensa de estos derechos en los que hubo intimidación y 12 detenciones arbitrarias.
Durante su intervención ante el Consejo, la alta comisionada insistió en que “el papel de la sociedad civil es aún más esencial y debe ser protegido” y por ello anunció que el pasado 10 de septiembre se acordó la renovación de la Carta de Entendimiento que duplicará el número de funcionarios de derechos humanos en el país. “Esa cooperación seguirá centrándose en fortalecer los mecanismos nacionales de protección y el acceso a la justicia”, apuntó Bachelet.
Conoce el informe completo sobre la situación de derechos humanos en Venezuela:
A_HRC_48_19_UnofficialSpanishVersion-1La misión de la ONU cuestiona al sistema judicial
Los hechos consignados por Bachelet fueron corroborados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela el 16 de septiembre. La Misión de la ONU advierte que las “recurrentes violaciones al debido proceso en Venezuela revelan un sistema de justicia carente de independencia”.
Según la Misión de la ONU, el sistema judicial venezolano, en el cual 29 de los 32 jueces del Tribunal Supremo de Justicia fueron designados por su afiliación política e ideológica, ha jugado un papel significativo en la represión estatal. El patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional se da en el contexto de una política de Estado aplicada por el gobierno desde 2014, para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición.
La Misión de la ONU tiene motivos para creer que en Venezuela el sistema judicial:
- Favorece la impunidad
- No es independiente
- No garantiza protección de DDHH
- Es instrumento de represión
- Valida pruebas bajo tortura
- Esta situación abre la posibilidad de que se abra una investigación formal sobre Venezuela en la Corte Penal Internacional.
La Misión de la ONU insistió que es una obligación del Gobierno de Venezuela darle protección de amenazas y represalias a personas y defensores que contribuyen con el Consejo DDHH de la ONU: “Sea de donde vengan dichas amenazas o dichas represalias”
De hecho, la Unión Europea instó a las autoridades venezolanas a que cooperen con todos los mecanismos de rendición de cuentas y de DDHH, como la Misión de la ONU y la Corte Penal Internacional: “Pedimos a Venezuela que restaure el sistema judicial”.
El informe cuenta con testimonios directos que dan cuenta que “las detenciones arbitrarias de opositores o críticos se dieron sistemáticamente y que fueron víctimas de desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles por parte de los organismos de inteligencia”.
Conoce el informe de la Misión de la ONU aquí:
A.HRC_.48.69-ESExpertos y sociedad civil exigen justicia
El 21 de septiembre, en un encuentro virtual organizado por El Centro de Justicia y Paz (Cepaz), expertos internacionales en derechos humanos se refirieron al rol de la comunidad internacional frente a la falta de acceso a la justicia en Venezuela, así como sobre los retos y desafíos para enfrentar la profundización de la crisis de derechos humanos en el país.
Mira el vídeo del side event acá:
Ver artículo: El sistema judicial venezolano debe ser reformado para que se respeten derechos humanos
Por su parte, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) publicó el 22 de septiembre, el informe Acceso a la Justicia Internacional por parte de las víctimas en Venezuela en el que expone que es posible aplicar la fórmula de la falta de disposición del Estado, para garantizar el derecho a la protección judicial, como excepción a la regla de agotamiento de recursos internos.
“La falta de independencia del poder judicial en Venezuela profundiza la denegación de justicia, cuando se exige, en los organismos internacionales, agotar vías internas que no son idóneas ni efectivas” explica el informe hecho por Cepaz.
Consulta el informe completo de Cepaz:
CEPAZ2018_estilos31También en septiembre, durante el diálogo interactivo de Naciones Unidas la Misión de la ONU presentó las conclusiones de las investigaciones que se llevaron a cabo en Venezuela, donde resaltaron que “el sistema de justicia en Venezuela ha jugado un papel significativo en la represión estatal de opositores y al gobierno, en lugar de proporcionarles protección cuando fueron víctimas de violaciones de derechos humanos”.
Vea la sesión acá:
https://media.un.org/en/asset/k1x/k1x77ypugq
De esta manera, se han recopilado casos factibles, declaraciones y evidencias que sacan a la luz el agotamiento de los recursos internos en Venezuela. Lo anterior, debido a la falta de interés del Estado para resolver la crisis tanto económica, social y humanitaria que aqueja al país.
Desde que comenzó el gobierno de Nicolás Maduro, 6 millones de venezolanos han tenido que migrar. Según el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, Provea, 36.842 personas han sido víctimas de violaciones a la integridad personal durante el gobierno de Maduro.
Expertos y organismos internacionales coinciden en que “en medio de la profunda crisis de derechos humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales” como afirmó la Presidenta de la Misión de la ONU, Marta Valiñas.
Estos hechos confirman la importancia de la labor de la Organización de Naciones Unidas para dar visibilidad a la situación de derechos humanos en Venezuela y la determinación de presentar informes que corroboran lo denunciado por la sociedad civil. Es imperativo que estos esfuerzos se mantengan en el tiempo, pese a la omisión del Estado y el ambiente hostil para el ejercicio de los derechos humanos.
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