Durante el diálogo interactivo celebrado en el marco del período de sesiones 61 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil venezolanas e internacionales intervinieron para reaccionar a la actualización oral de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, reiterando su preocupación por la persistencia de patrones de represión, la impunidad estructural y las limitaciones al espacio cívico en el país.
La Misión fue establecida en 2019 por el Consejo con el mandato de investigar graves violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, con miras a garantizar la rendición de cuentas para las víctimas.
En este contexto, organizaciones nacionales e internacionales —entre ellas International Service for Human Rights, CEPAZ, Aula Abierta, PROVEA, CIVICUS, Amnistía Internacional, Organización Mundial Contra la Tortura, Alerta Venezuela y otras— expusieron preocupaciones convergentes sobre la situación de derechos humanos y formularon llamados al Consejo y a la comunidad internacional para mantener el escrutinio sobre el país.
Reformas sin desmontar las estructuras de persecución
Uno de los mensajes centrales de las intervenciones fue que, a pesar de algunos anuncios de reformas y liberaciones recientes, las estructuras institucionales que han permitido la persecución política y la impunidad siguen operando.
Varias organizaciones advirtieron que medidas presentadas como señales de apertura deben ser evaluadas cuidadosamente y con una perspectiva de derechos humanos, democracia y real reinstitucionalización. En palabras de una de las intervenciones conjuntas presentadas ante el Consejo, “cualquier iniciativa que se presente como apertura hacia la reconciliación debe evaluarse con la debida cautela”, pues “sin garantías verificables de justicia, verdad y restitución de derechos existe el riesgo de que estas medidas proyecten una imagen de cambio mientras persisten las estructuras de persecución e impunidad”.
En esa línea, defensores de derechos humanos insistieron en que la superación de la crisis requiere reformas estructurales del sistema de justicia, la derogación de leyes utilizadas para criminalizar la disidencia y la garantía de independencia judicial.
“Las mismas estructuras que llevaron a prisión, al exilio o a la persecución a miles de venezolanos permanecen sin cambios”, señalaron organizaciones participantes, que también reiteraron que las víctimas de graves violaciones tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral.
Debate sobre la ley de amnistía y justicia transicional
La reciente ley de amnistía fue otro de los temas centrales del diálogo.
Algunas organizaciones señalaron que el proceso de consulta previo a su adopción no garantizó una participación suficiente de víctimas ni de organizaciones independientes, y advirtieron que la ley excluye a sectores de personas procesadas, incluidos civiles y militares acusados de delitos vinculados a rebelión.
Asimismo, alertaron que la revisión judicial de los casos podría recaer en los mismos jueces previamente señalados por violaciones al debido proceso, lo que genera dudas sobre su efectividad para garantizar justicia.
Sin embargo, otras intervenciones reconocieron que las liberaciones recientes de personas detenidas por motivos políticos y la implementación de la ley podrían representar pasos iniciales hacia la reconstrucción de la vida democrática, siempre que se traduzcan en la liberación plena de quienes permanecen detenidos y en medidas efectivas de reparación.
Como se señaló: “sin justicia y verdad no habrá reconciliación duradera”.
Persistencia de presos políticos y liberaciones incompletas
Las intervenciones coincidieron en que la detención arbitraria sigue siendo una realidad en Venezuela, incluso cuando se han producido algunas liberaciones.
Organizaciones recordaron que, en numerosos casos, las personas excarceladas siguen sometidas a medidas cautelares restrictivas, lo que limita su libertad plena.
“La justicia no puede depender de decisiones parciales ni de coyunturas políticas”, señalaron durante el diálogo. “Mientras exista uso político del sistema judicial, la injusticia continúa”.
En este sentido, las organizaciones reiteraron un llamado a la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos, así como a la adopción de garantías para que ningún ciudadano vuelva a ser encarcelado por ejercer pacíficamente sus derechos fundamentales.
Familiares de víctimas y el rostro femenino de la crisis
Otra de las preocupaciones destacadas durante el diálogo fue la situación de las familias de personas detenidas.
Organizaciones denunciaron que la ausencia de listas oficiales y la falta de transparencia en los procesos de liberación ha obligado a muchas familias a permanecer durante horas o días frente a centros de detención en busca de información.
En particular, se subrayó que esta situación tiene un rostro predominantemente femenino. Madres, esposas y hermanas de personas detenidas han asumido la búsqueda de justicia y la defensa pública de los derechos de sus familiares y reclaman por garantías de no repetición:
“Esta crisis tiene un rostro femenino”, señalaron organizaciones ante el Consejo, destacando que muchas de estas mujeres enfrentan estigmatización, hostigamiento y riesgos por parte de las fuerzas de seguridad.
También se pidió al Estado publicar listas oficiales y cronogramas transparentes de liberación, para evitar que la incertidumbre se utilice como mecanismo de presión política contra las familias.
Cierre del espacio cívico y persecución de sectores sociales
Las organizaciones también alertaron sobre la persistencia de restricciones al espacio cívico, incluyendo marcos legales que afectan el trabajo de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, entre ellas la Ley Anti ONG, “que debe ser derogada”.
La vigencia de leyes restrictivas contra organizaciones sociales fue señalada como un factor que limita la participación ciudadana y el monitoreo independiente de la situación de derechos humanos. Haciéndo un llamado a la participación integral de víctimas y la sociedad civil en cualquier proceso de reforma institucional.
“Sin una sociedad civil libre y protegida no será posible construir una transición democrática basada en derechos” se comentó.
En este contexto, también se destacó la situación de la comunidad universitaria, considerada un sector particularmente vulnerable frente a represalias por su participación en la vida pública. Organizaciones han documentado represalias contra estudiantes y miembros de la comunidad universitaria que exigieron el respeto al derecho a la verdad durante el debate sobre la ley de amnistía y en protestas estudiantiles recientes.
El rol clave de la Misión y del escrutinio internacional
A lo largo del diálogo, las organizaciones coincidieron en destacar el papel central que ha desempeñado la Misión de Determinación de los Hechos en la documentación de patrones de represión y en la lucha contra la impunidad.
Desde su creación, la Misión ha contribuido a visibilizar graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de derecho internacional, en un contexto donde los mecanismos internos de justicia siguen siendo insuficientes.
Por ello, varias intervenciones instaron a los Estados miembros del Consejo a mantener y fortalecer el escrutinio internacional sobre Venezuela, así como a exigir que el Estado permita el acceso pleno al país de los mecanismos internacionales de derechos humanos, incluida la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y propuesto la por supuesto de la propia Misión, a quien se le ha negado la entrada al país históricamente.
Un llamado desde la dignidad de las víctimas
Más allá de los diversos enfoques entre algunas intervenciones, el mensaje común de la sociedad civil fue claro: la defensa de los derechos humanos no es una cuestión ideológica, sino una cuestión de dignidad humana.
Como señalaron al cierre del diálogo:
“La estabilidad de una nación no se construye con represión, sino con libertad“