La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela reiteró su preocupación por la persistencia de acciones que constituyen crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno venezolano, específicamente la persecución política. En su más reciente actualización presentada ante el Consejo de Derechos Humanos este martes 18 de marzo, en Ginebra, la Misión denunció que las detenciones arbitrarias y la persecución de opositores políticos, defensores de derechos humanos y periodistas continúan siendo una práctica sistemática.
“El Gobierno venezolano sigue ejecutando una dura represión contra personas percibidas como opositoras políticas o que simplemente expresen disidencia o crítica de las autoridades”, declaró Marta Valiñas, presidenta de la Misión. “Este es el mismo patrón de actuación que la Misión ha previamente caracterizado como crímenes de lesa humanidad”.
Aumento de detenciones y preocupación por desapariciones forzadas
La Misión informó sobre un alarmante incremento de las detenciones arbitrarias, documentando al menos 42 arrestos entre septiembre y diciembre de 2024, y 84 más en los primeros 15 días de enero de 2025. La gravedad de la situación se agudiza ante la sospecha de que algunas de estas detenciones podrían constituir desapariciones forzadas de corta duración.
Además, la Misión expresó su preocupación por la detención de al menos 150 personas extranjeras, acusadas de presuntamente conspirar contra el gobierno. Francisco Cox, experto de la Misión, denunció la falta de transparencia y el aislamiento al que se somete a estos detenidos: “Los esfuerzos diplomáticos para intentar comunicarse con las personas detenidas son ignorados por el Gobierno de Nicolás Maduro, en contra del derecho internacional. Las personas detenidas son mantenidas en estrictos regímenes de incomunicación, lo que viola el derecho nacional e internacional”.
Violencia poselectoral y responsabilidad militar
La Misión también aportó detalles sobre la violencia desatada tras las elecciones de julio de 2024, específicamente en una protesta en el estado Aragua que resultó en la muerte de siete personas. La investigación confirmó que disparos contra los manifestantes provenían desde el interior de una instalación militar.
“La Misión ha identificado a cuatro generales que estuvieron involucrados en la operación de control del orden público en esta protesta, así como a dos altos oficiales que se encontraban dentro de la instalación militar desde la cual se disparó contra los manifestantes”, señaló Patricia Tappatá, experta de la Misión. Tappatá enfatizó la obligación del Estado venezolano de investigar el incidente, enjuiciar a los responsables y reparar a las víctimas.
Impacto de las leyes represivas y llamado a la acción internacional
La actualización presentada ante el Consejo de Derechos Humanos también alertó sobre el impacto de leyes como la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro y la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Estas normativas, aprobadas en noviembre de 2024, criminalizan la labor de la sociedad civil y generan un clima de intimidación y autocensura.
Ante este panorama, la Misión instó al Consejo a exigir la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela y a garantizarles atención médica. Asimismo, reiteró la necesidad de que la comunidad internacional mantenga la supervisión y presión sobre el gobierno venezolano y que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) avance en sus investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en el país. La crisis de derechos humanos en Venezuela requiere una respuesta urgente y coordinada a nivel global para proteger a la población y garantizar la justicia.