Dos días antes de la llegada del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a Venezuela, la Asamblea Nacional realizó una primera lectura de un proyecto de ley que, de aprobarse, criminalizaría el trabajo de las personas defensoras, reduciendo aún más el espacio que tienen para operar. ¡Los estados deben hablar a favor de los defensores de los derechos humanos y en contra de esta iniciativa!
La ‘Ley para el Control, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines’, de aprobarse, exigiría a las ONG declarar sus bienes, y su ‘relación con las donaciones recibidas, con plena identificación de los donantes, indicando si sean nacionales o extranjeros.’
También establece que las ONG no podrán operar si se las encuentra ‘realizando actividades políticas, promoviendo o permitiendo acciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la república’.
El proyecto de ley fue presentado por Diosdado Cabello, segundo al mando del presidente Maduro, quien, según se informó en el sitio web de la Asamblea Nacional, dijo , sin fundamento, que el proyecto de ley ‘representaba una deuda con el pueblo venezolano porque las ONG habían sido utilizadas para desestabilizar el país.
Diosdado Cabello tiene forma. En 2015 los Relatores Especiales de la ONU denunciaron ‘represalias televisadas’ que realizó contra representantes de la sociedad civil a través de su programa radial ‘Con el Mazo Dando’ en la principal cadena estatal.
Durante su visita, el Alto Comisionado se reunió con 125 representantes de la sociedad civil y víctimas de violaciones.
“Coincidiendo con la visita de Türk, este proyecto de ley parece una clara represalia contra los defensores de los derechos humanos, con el objetivo de restringir e intimidar a los defensores, incluso en su compromiso con la ONU”, dijo Eleanor Openshaw de ISHR.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha indicado que avanzará rápidamente para que el proyecto de ley tenga su segunda lectura a partir de la cual pasaría a ser ley.
Como se muestra arriba, en una conferencia de prensa celebrada el viernes, los representantes de las ONG brindaron un análisis detallado de la intención y el contenido del proyecto de ley y dijeron que este proyecto de ley, si se convierte en ley, no les impediría luchar por los derechos en el país.
La presidenta de la misión investigadora de la ONU sobre Venezuela, Marta Valiñas, dijo en un comunicado emitido ayer: “De aprobarse, esta ley podría representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela”. El proyecto de ley ha sido rápidamente denunciado por organismos internacionales. Al salir del país, el Alto Comisionado reiteró la importancia de permitir el trabajo de la sociedad civil y pidió un ‘proceso de consulta amplio’ con respecto a la ley propuesta.
El tiempo es muy corto. Los Estados deben defender a los defensores de los derechos humanos en Venezuela y manifestarse urgentemente en contra de cualquier iniciativa que restrinja y obstruya su capacidad para trabajar”, dijo Openshaw.
Fuente: ISHR
