Venezuela: oleada de restricciones arbitrarias a los derechos políticos de cara a la elección presidencial pautada para julio de 2024

La situación electoral en Venezuela y las restricciones al espacio democrático y a los derechos políticos no fueron temáticas ajenas a las actualizaciones orales de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela en el marco del 55º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por el contrario, pese a la exposición de múltiples recomendaciones por parte de dichas instancias y de diversos Estados, las autoridades venezolanas continúan amenazando con el menoscabo absoluto de los derechos políticos de las y los venezolanos e imponiendo una serie de obstáculos que imposibilitarían la celebración de una elección presidencial libre, transparente y justa. 

Recomendaciones y denuncias respecto al ciclo electoral expuestas durante los diálogos interactivos celebrados ante el Consejo de Derechos Humanos 

El pasado 19 de marzo, la Alta Comisionada Adjunta de para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, expresó su preocupación respecto a las “medidas tomadas para limitar indebidamente el espacio democrático y cívico, incluyendo casos de detención, intimidación y estigmatización de miembros y simpatizantes de la oposición”, reiterando así su llamamiento a que los procesos electorales en Venezuela se desarrollen de manera inclusiva, transparente y participativa.  

De igual forma, el 20 de marzo, Marta Valiñas, presidenta de la Misión Independiente, enfatizó que el 17 de octubre, el gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática -conformada por los partidos de oposición- suscribieron en Barbados el Acuerdo parcial sobre promoción de derechos políticos y garantías electorales, el cual acordaba, entre otros compromisos, el reconocimiento del derecho a que cada actor político a seleccionar libremente su candidato o candidata a las elecciones presidenciales y la promoción de un clima favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo. No obstante, el gobierno venezolano: (i) inhabilitó a María Corina Machado, la candidata que resultó ganadora de las elecciones primarias de la oposición; (ii) ratificó dicha inhabilitación mediante el Tribunal Supremo de Justicia; (iii) inició una investigación penal en contra de la Comisión Nacional de Primaria por la supuesta comisión de delitos como usurpación de funciones, traición a la patria y asociación para delinquir; y (iv) detuvo arbitrariamente a personas identificadas como opositoras por la presunta comisión de delitos de la misma naturaleza. Así, la Misión concluyó que existen graves dificultades “para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con el derecho a participar en los asuntos públicos” y que el gobierno venezolano invoca conspiraciones reales o ficticias para “amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del Gobierno”. 

Al respecto, Estados como Paraguay, Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Portugal, Uruguay, Honduras, Brasil y Nueva Zelanda manifestaron expresamente su preocupación respecto a la reducción del espacio democrático y cívico de cara a las elecciones presidenciales, así como la necesidad de la celebración de elecciones libres, democráticas y transparentes.  

Por ejemplo, Chequia aseveró que “con las elecciones presidenciales y las generales previstas el año que viene vimos una escalada en la persecución y represión de la oposición política real y percibida en Venezuela. En lugar de buscar una vía a elecciones libres y justas las autoridades han escogido, nuevamente, socavar uno de los principales pilares de la democracia. Además, es un acto cobarde perseguir y detener arbitrariamente a miembros de la sociedad civil por ejercer sus derechos humanos…”. En el mismo sentido, la Unión Europea resaltó que “las elecciones creíbles, inclusivas y competitivas que garanticen un proceso electoral que refleje las aspiraciones del pueblo de Venezuela y garantice su participación activa son esenciales par a crear una sociedad pacífica y democrática”.  

La ausencia absoluta de garantías electorales en Venezuela y la reducción del espacio democrático 

Pese a las múltiples recomendaciones y denuncias realizadas ante el Consejo de Derechos Humanos, el Estado venezolano continúa suprimiendo las garantías electorales de cara a la elección presidencial prevista para el 28 de julio de 2024. Así, por ejemplo, mediante la arbitraria e inconstitucional imposición de inhabilitaciones políticas por vía administrativa -por las que el Estado venezolano ya ha sido encontrado responsable internacionalmente– y mediante la represión y criminalización en contra de candidatos y/o dirigentes de la oposición, se pretende neutralizar a aquellas personas que puedan resultar una amenaza a los intereses políticos del gobierno. 

Más recientemente, el gobierno venezolano ha obstaculizado la participación de la oposición en las elecciones presidenciales, imposibilitando, en primer lugar, la inscripción de María Corina Machado como candidata presidencial, y posteriormente, la inscripción de la académica Corina Yoris, la candidata que contaba con el respaldo de la oposición y de Machado, en virtud de la inconstitucional inhabilitación que pesa sobre esta última, sumándose así otra irregularidad durante el proceso de postulaciones.  

De igual manera, los injustificados y arbitrarios requisitos para los casi 5 millones potenciales votantes en el exterior de inscribirse o actualizar sus datos en el registro electoral continúa siendo un obstáculo al ejercicio pleno y libre del derecho al sufragio y a la participación en asuntos políticos y públicos, en relación con el principio de no discriminación. En ese orden de ideas, el Estado venezolano sigue perpetuando las barreras estructurales, legales y prácticas que impiden el goce y disfrute de estos derechos, contrariando abiertamente a los estándares desarrollados por el Comité de Derechos Humanos, los cuales indican que los Estados deben adoptar medidas eficaces para asegurar que todas las personas que tengan derecho a votar puedan ejercerlo, entre ellas, la garantía de la inscripción en registros para el ejercicio al voto sin obstáculos. 

En este contexto, en el que con el transcurso del tiempo se suman elementos que demuestran la falta de condiciones mínimas para la celebración de elecciones libres, transparentes, democráticas, plurales y justas, Venezuela se aleja de la posibilidad de entrar a una era de transición que le permita reinstitucionalizar la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Específicamente, la falta de independencia de los poderes públicos, las políticas estatales de represión y criminalización a las personas percibidas como opositoras, la imposición de inhabilitaciones políticas inconstitucionales, la ausencia de garantías para la libertad de expresión y de reunión y la falta de cumplimiento a los acuerdos y a las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional, lamentablemente, vislumbran que la próxima elección presidencial está cerca de convertirse en  una mera formalidad que no refleje la voluntad real y transparentemente expresada por los electores.  

Aunado a todo ello, se suman los ataques constantes en contra de la sociedad civil, de los defensores de derechos humanos y personas percibidas como opositoras. Al respecto, resalta por su gravedad el avance del Proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, el cual ya fue aprobado en primera discusión y pretende redefinir qué es el fascismo conforme a los intereses viciados del Estado venezolano, así como el avance de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, ya aprobada también en primera discusión, y que se perfila realmente como una “Ley Antisociedad”. 

Ambos proyectos de ley, además de ser abiertamente contrarios a los estándares en materia de derechos humanos y a los tratados internacionales, cercenan directa e inmediatamente el trabajo libre de actores sociales e impide el ejercicio de la libertad de expresión. Así, el perfeccionamiento de disposiciones legales que facilitan o apoyan la criminalización de determinados actores políticos o sociales, representa un riesgo real, inmediato y agravado no solo del cierre definitivo del espacio cívico y democrático, sino también, de la celebración de elecciones presidenciales en un contexto de represión, persecuciones penales y censura.  

Conclusiones y recomendaciones 

Este nuevo ciclo electoral en Venezuela ha permitido observar abiertamente cómo el gobierno venezolano implementa decisiones autoritarias para impedir la realización de elecciones libres y con las debidas garantías, para asegurar su perpetuación en el poder. En virtud de ello, es fundamental que la comunidad internacional continúe exigiendo al Estado venezolano el cumplimiento de los estándares mínimos en materia electoral y la garantía de los derechos políticos -especialmente, el derecho a elegir y a ser elegido- sin más restricciones que las previstas constitucionalmente. En virtud de ello, resulta fundamental no solo hacer seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Misión Independiente, por el Alto Comisionado y por los Estados durante los diálogos interactivos celebrados los pasados 19 y 20 de marzo, sino también, resaltar la falta de cooperación del Estado venezolano frente a las recomendaciones que dichas autoridades han emitido en sus Informes previos y:  

  • Respaldar tanto la presencia del equipo del Alto Comisionado en Venezuela, como el trabajo de la Misión Internacional Independiente, reconociendo la importancia de la prolongación de su mandato, especialmente, de cara al monitoreo y registro de las actuaciones del Estado venezolano luego de la celebración de las elecciones presidenciales de 2024; 
  • Apoyar el despliegue de misiones de observación electoral con participación de la comunidad internacional, a través de la cual se evalúe el cumplimiento de condiciones electorales democráticas y justas; 
  • Exhortar al Estado venezolano a dar cumplimiento al Acuerdo de Barbados y apegarse a la convocatoria de elecciones democráticas, en donde se permita a las y los venezolanos elegir y no solo votar al candidato o candidata de su preferencia; 
  • Exigir el cese de la imposición de inhabilitaciones políticas por vía administrativa que además de ser inconstitucionales, menoscaban abiertamente los derechos políticos y contrarían los estándares internacionales de derechos humanos en la materia. 

¿Y esto cómo refleja la falta de cooperación del Estado? 

Las arbitrariedades y las violaciones a derechos humanos previamente expuestas, demuestran la ausencia de voluntad de las autoridades venezolanas tanto de cumplir con sus obligaciones internacionales, como de cooperar con las autoridades y mecanismos de las Naciones Unidas.  

Aunque Venezuela ha sido objeto de múltiples recomendaciones y exhortos emitidos en los Informes del Alto Comisionado de Derechos Humanos y la Misión Internacional Independiente, es evidente la abierta inobservancia hacia las mismas, destacando entre ellas: 

  • Que el Estado venezolano adopte medidas para garantizar que el espacio democrático y cívico no sea restringido indebidamente, ya sea derogando o absteniéndose de introducir, según proceda, normas que sean incompatibles con la protección y promoción del espacio democrático y cívico, o considerando la revisión de leyes empleadas para la criminalización y persecución arbitraria de personas, para su adecuación con las normas y estándares internacionales; 
  • Asegurar que el derecho de los ciudadanos a presentarse a las elecciones no se restrinja indebidamente, ni en la ley ni en la práctica, y asegure que las garantías del debido proceso se implementen estrictamente en caso de que los candidatos sean descalificados, respetando la independencia y la separación de poderes; 
  • Garantizar que se respetan y protejan los derechos a la libertad de expresión y de opinión, de asociación, de reunión pacífica, así como el derecho a participar en los asuntos públicos de toda la población; y que los defensores de los derechos humanos y los opositores políticos, puedan llevar a cabo sus actividades en condiciones de seguridad y libertad, sin sufrir acoso, amenazas, intimidación, vigilancia ni represalias.  
  • Derogar o suspender el proceso legislativo de las leyes que reprimen las actividades legítimas de la sociedad civil, así como las que se utilizan para criminalizar a personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales -incluida la Ley contra el Odio a la Convivencia Pacífica y la Tolerancia y el anteproyecto de Ley de Control, Regularización, Actuación y Financiación de Organizaciones No Gubernamentales y Afines-;  
  • Garantizar el cese del uso de otras normas para criminalizar a defensores de los derechos humanos, periodistas y opositores políticos;  
  • Cesar la retórica pública, incluso de las autoridades de alto nivel, que incita a la violencia contra quienes expresan oposición a las políticas o acciones del Gobierno, incluidos los manifestantes.  
  • Cooperar activamente con las Naciones Unidas dentro y fuera de Venezuela, incluidos el ACNUDH y los mandatos establecidos por el Consejo de Derechos Humanos, como los procedimientos especiales. Proporcionarles acceso sin restricciones a los sitios de violaciones de los derechos humanos y a las víctimas, así como acceso a toda la información pertinente.  

A pesar de esto, las y los venezolanos creen y apuestan en la vía electoral  

En Venezuela, aun con los numerosos obstáculos y atropellos electorales que han ensombrecido el proceso electoral, es notable cómo las personas siguen mostrando un ímpetu por participar en elecciones. Este entusiasmo resurgente refleja una resiliente esperanza en la capacidad del voto para traer cambios significativos. Las y los venezolanos, enfrentando una crisis tras otra, parecen haber reencontrado en la ruta electoral una vía para superar la grave crisis que afecta el país. La voluntad de la gente de participar es verdaderamente esperanzadora y celebra la resiliencia que aún puede anteponerse incluso en contextos autoritarios, marcando cada elección no solo como un proceso político, sino como un acto de afirmación democrática y de resistencia.