Venezuela: El fracaso sistemático del Ministerio Público en abordar las violaciones graves de los derechos humanos ha provocado casi total impunidad

En un informe, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) evalúa el fracaso de la Fiscalía de Venezuela para abordar casos que implican graves violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes según el derecho penal internacional.  

En el informe se llega a la conclusión de que el Ministerio Público no ha podido o no ha querido actuar en la gran mayoría de esos casos, lo que ha dado lugar a una situación de casi total impunidad.

El informe pide a las autoridades venezolanas, específicamente al Ministerio Público, al Parlamento y al poder ejecutivo, que tomen una serie de medidas rápidas para superar esta impunidad rampante, en consonancia con las obligaciones jurídicas internacionales del Estado y la legislación venezolana.

El informe, Sin voluntad de Justicia en Venezuela: Un Ministerio Público que fomenta la impunidad, identifica varios obstáculos principales para investigar y procesar las violaciones graves de los derechos humanos. Entre ellos está el hecho de que el Ministerio Público carece de independencia y está sujeto a un control o influencia política indebidos, lo que socava la eficacia de las investigaciones penales, en particular respecto de los agentes del Estado implicados en violaciones de los derechos humanos.

“La falta de voluntad política para abordar la impunidad por las graves violaciones de los derechos humanos compromete cualquier perspectiva para cerrar la brecha en la rendición de cuentas por tales violaciones”, dijo Santiago Canton, Secretario General de la CIJ. “El papel esencial de los fiscales independientes es garantizar investigaciones y enjuiciamientos efectivos y justos, y esto es un requisito previo para poner fin a la impunidad”.

El informe de la CIJ revela la persistencia de problemas estructurales en el marco jurídico de Venezuela y su incapacidad para llevar a cabo investigaciones rápidas, independientes, exhaustivas y eficaces de violaciones graves de los derechos humanos. Por lo general, las autoridades nacionales responsables no pueden o no quieren investigar y enjuiciar este tipo de delitos, especialmente cuando implican a funcionarios de alto rango.

“Es crucial para la búsqueda de justicia en Venezuela que las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público prioricen la rendición de cuentas para las víctimas y sobrevivientes de graves violaciones de derechos humanos”, dijo Santiago Canton.

La CIJ también destacó la importancia de garantizar la independencia e imparcialidad del Ministerio Público, garantizando la seguridad y estabilidad en el cargo de los fiscales, proporcionándole financiamiento y recursos suficientes y evitando la injerencia política en el ejercicio de las funciones de la fiscalía.

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