La situación de los derechos humanos en Venezuela volvió a ser examinada en el 3er Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) este martes 25 de enero de 2022. Un total de 173 informes (171 públicos) fueron enviados a la Secretaría del EPU de contribuyentes que ofrecen información más amplia, específica y profunda sobre la situación de derechos en el país.
Este número de contribuciones de actores interesados, tanto nacionales como internacionales, que recibe el EPU, contrastan con las 519 presentadas en el segundo ciclo (año 2016) y las 579 del primer ciclo (año 2011). Aún así, la información suministrada representa una gran oportunidad en miras de recabar información de primera mano y rigurosa sobre violaciones de derechos humanos, sus causas, patrones, niveles de deterioro y sus consecuencias en las personas.
Asimismo es una forma de evidenciar los desafíos que se enfrentan cuando las violaciones de derechos humanos han sido ignoradas, negadas y en muchos casos ocultadas o silenciadas por parte del Estado venezolano.
En el EPU no solo se examina el cumplimiento de las obligaciones del Estado que garanticen los derechos humanos a toda la población, sino que se ofrecen recomendaciones de medidas concretas que contribuyan a corregir las violaciones de los derechos humanos en el país.
En esta oportunidad se evaluaron 34 temas que fueron resumidos en Hojas Informativas que detallan los retos, evidencias y recomendaciones de cada uno:
Hojas temáticas: https://www.examenonuvenezuela.com/derechos-civiles-y-politicos/contribuciones-de-la-sociedad-civil-venezolana-al-3er-ciclo-del-epu-de-venezuela
Cumplimiento de compromisos y cooperación con mecanismos de derechos humanos: La falta de cooperación por parte del Estado con mecanismos internacionales de protección de derechos humanos representa uno de los retos más importantes ya que se ha negado acceso para visitar el país a procedimientos especiales de la ONU y misiones del sistema interamericano de derechos humanos.
Derechos humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible: La pobreza en Venezuela no solo ha aumentado, sino que ha generado niveles de mortalidad infantil, desnutrición, deserción escolar, inseguridad laboral, entre otros, sin precedentes. Aún así se restringe el ingreso de asistencia humanitaria para grupos vulnerables.
Institucionalidad y políticas en derechos humanos: No se ha realizado una evaluación participativa del Plan Nacional de Derechos Humanos ni se ha producido una consulta amplia con la sociedad civil con el debido seguimiento y supervisión, así como asistencia técnica de la OACNUDH.
Cooperación con la sociedad civil y protección del espacio cívico: El Gobierno ha cerrado cualquier posibilidad de cooperación entre el Estado y la sociedad civil intimidando, hostigando y persiguiendo activistas o investigadores, e incluso restringiendo el acceso a la información pública.
Democracia y pluralismo político: Las violaciones sistemáticas a las garantías electorales establecidas en leyes y normas venezolanas y en acuerdos internacionales sobre derechos políticos y civiles, impiden el derecho político de la población venezolana a elegir representantes en cargos públicos, mediante el voto universal, igual, personalizado y secreto, en elecciones justas y transparentes.
Estado de Derecho e independencia judicial: La falta de independencia del sistema de justicia contribuye a que fiscales y jueces participen directamente en la perpetración de graves violaciones a los derechos humanos, particularmente detenciones arbitrarias.
Lucha contra la corrupción, transparencia y acceso a la información pública: La independencia de los poderes públicos ocasiona que la mayoría de los casos de corrupción y abusos de poder no sean investigados ni sancionados por las autoridades competentes. De igual forma existen graves restricciones de acceso a la información pública en áreas altamente sensibles para la población así como discrecionalidad en el gasto público.
Emergencia humanitaria compleja (EHC): Las graves y generalizadas necesidades humanitarias que enfrenta actualmente la población venezolana se deben a decisiones políticas de desestructuración de los órganos del Estado dejando desasistida y sin protección a la población por falta de capacidad. Es necesario hacer uso de todos los mecanismos de cooperación y asistencia internacional a disposición del país para garantizar a toda la población su derecho a una respuesta humanitaria.
Migración, Refugio y Esclavitud Moderna: La migración forzada es una de las principales causas de aumento de los factores de riesgo y sobre exposición de la población venezolana a la trata de personas y a muchas de las prácticas neo-esclavistas, tanto en Venezuela, como en los países de tránsito y destino.
Crímenes de Lesa Humanidad: La impunidad se ha institucionalizado en el Sistema de Administración de Justicia en el que además impera la falta de independencia que no permite el acceso a la justicia y alimentan una política de represión y ataque en contra de toda forma de manifestación pacífica.
Derechos humanos y medio ambiente: El deterioro de la calidad del agua en la Región Central de Venezuela y el impacto ambiental severo que está generando la actividad extractiva y minera sin control, no solo afecta el deterioro de los parques nacionales y reservas forestales sino que se han detectado altos niveles de mercurio contaminantes y nocivos para la exposición humana.
Grupos armados: Presencia de grupos armados en territorio nacional y de pueblos indígenas, violando de manera grave derechos territoriales, autodeterminación, y derechos culturales, generando además esclavitud moderna, masacres, enfrentamientos y muertes.
Derecho a la vida: Incrementos de las ejecuciones extrajudiciales muestran un patrón sistemático de graves violaciones del derecho a la vida. La impunidad es una política de Estado que deja sin justicia a las familias de las víctimas de privación arbitraria a la vida.
Derecho a la integridad, libertad y seguridad personal: La tortura y tratos crueles se han convertido, no solo en un patrón recurrente, sino en una política de Estado que refuerza la persecución a la disidencia, quedando impunes las ejecuciones extrajudiciales. La Zona de Desarrollo Estratégico del Arco Minero del Orinoco se ha convertido en un foco de formas de esclavitud moderna.
Libertad de expresión e información: En Venezuela hay restricciones a la cobertura informativa y el monopolio de la distribución de papel periódico ha sido un instrumento de censura para anular el trabajo de medios independientes. Se toman represalias contra medios de comunicación independientes y se imponen limitaciones a los derechos digitales.
Libertad de reunión pacífica: En Venezuela continúa la represión sistemática en el contexto de movilizaciones y protestas por motivos sociales y políticos. Procesamiento de manifestantes civiles en tribunales militares. Represión hacia la población en general por el reclamo en el acceso a servicios públicos y básicos.
Libertad de asociación: Varias OSC han sido víctimas de allanamientos, detenciones arbitrarias y procedimientos judiciales por sus labores humanitarias y defensa de derechos humanos. Se evidencia un entorno restrictivo de marginación, criminalización y persecución de las OSC que viola la libertad de asociación, así como otras libertades cívicas que amenaza con cerrar el espacio cívico.
Personas defensoras de derechos humanos: En Venezuela se ha normalizado e institucionalizado la práctica de criminalización de los defensores de derechos humanos y sus organizaciones ubicándolas como un “enemigo interno”, creando leyes restrictivas y aumentando el número de detenciones arbitarias, desaparición y tortura contra personas defensoras de derechos humanos.
Derecho a un nivel de vida adecuado: Millones de personas en Venezuela pasan sus vidas recurriendo a estrategias de sobrevivencia para disponer de medios de vida y afrontar la falta de servicios básicos. Hay una escasez estructural de combustible que afecta todos los servicios básicos. Las políticas públicas no garantizan la seguridad social universal a los adultos mayores y no está garantizado el suministro regular de servicios de agua, electricidad, aseo y vivienda.
Derecho a la Alimentación: Venezuela pasa por una Emergencia Humanitaria Compleja desde 2016, producto de la crisis, que compromete severamente el derecho humano a la alimentación. Hay una caída severa en la capacidad de producción nacional de alimentos y se hace sumamente costoso el acceso por parte de la población. El Estado solo permite un mecanismo de distribución de alimentos subsidiados y los niveles de desnutrición son alarmantes.
Derecho al agua y saneamiento: Sistemas que deben garantizar agua potable y saneamiento están en gran parte desmantelados. Embalses de agua inoperativos y ecosistemas productores de agua están siendo destruidos por la minería aurífera. 82% de la población está expuesta a un agua no apta para consumo humano. (Información ofrecida por el Movimiento por la Calidad del Agua)
Derecho a la salud y a la salud sexual y reproductiva: La alta inoperatividad de servicios de salud mantiene en colapso el sistema sanitario público lo cual ha generado aumento de enfermedades, a las cuales no se garantiza tratamiento. Precarias condiciones de trabajo y falta de seguridad han ocasionado un masivo retiro de personal de salud.
Derecho a la educación básica: El severo deterioro en la infraestructura escolar y programas de alimentación impiden el acceso a la educación. Ha habido un masivo retiro de docentes por salarios insignificantes y desprofesionalización de la carrera, así como el aumento de desigualdades en el acceso a la educación durante la pandemia.
Derecho a la educación superior, autonomía universitaria y libertad académica: Además de la criminalización y persecución contra académicos por su participación en la discusión de asuntos públicos y en la defensa de derechos humanos, se ha creado un sistema universitario paralelo, no autónomo, que promueve la corrupción y viola la autonomía. La deserción universitaria y la asfixia presupuestaria violan el estándar de disponibilidad de la educación superior.
Derecho a la Cultura y la Ciencia: Es la primera vez que un informe para EPU visibiliza la situación del derecho a la cultura y la ciencia en Venezuela. La nueva institucionalidad en ciencia y tecnología está subordinada al Ejecutivo Nacional. Investigadores y científicos han sido víctimas de descalificación e intimidación por parte de altos funcionarios del gobierno. Reducción de los incentivos para la investigación científica y politización de subvenciones. Censura y limitaciones en acceso a internet han truncado el desarrollo, acceso y difusión de la ciencia.
Derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia y discriminación: Estado desconoce y no cumple medidas del sistema interamericano en materia de justicia y protección de la vida y salud de las mujeres. No hay acceso a estadísticas oficiales y la impunidad es causa subyacente del aumento de feminicidios en el país.
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA): Los NNA son expuestos a altos índices de violencia dada la ausencia de instituciones, políticas, planes o acciones públicas orientadas a protegerlos. Reducción grave de disponibilidad de insumos, tratamientos y servicios de salud para NNA. Ausencia de mecanismos de participación real e inclusión.
Derechos de las personas mayores: La cobertura de personas con pensiones por vejez ha ido aumentando, pero a un ritmo irregular, sin datos detallados que permitan saber el nivel de acceso de la población mayor a estas pensiones. La aplicación del Carnet de la Patria y su plataforma digital para el cobro de pensiones es una política discriminatoria. El acceso a alimentos y a la salud es bastante reducido debido al bajo poder adquisitivo. Centros de cuidados para personas mayores son insuficientes y se encuentran en precarias condiciones.
Derechos de las personas con discapacidad: Ausencia de programas de inclusión laboral, protección de mujeres con discapacidades y sus familias, de violencia basada en género y salud sexual y reproductiva, así como también atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Exclusión en el sistema educativo y de registro nacional. Falta de accesibilidad física en establecimientos públicos y privados. Violaciones al derecho a la Justicia.
Derechos de las personas con condiciones de salud crónicas (PCC): Suspensión de programas para personas que necesitan trasplantes y trasplantadas pone en riesgo sus vidas. La suspensión de compra de antirretrovirales ha interrumpido los tratamientos de las personas con VIH por períodos prolongados. Por inoperatividad de unidades de diálisis han fallecido o migrado personas con deficiencias renales, que dependen de la diálisis para vivir.
Derechos de las personas con VIH (PVV): No existe un plan estratégico nacional actualizado que incluya planes operativos, presupuesto y la participación de varios sectores de la respuesta nacional. El sub registro de las estadísticas epidemiológicas impide conocer la incidencia y prevalencia real del VIH. La escasez de ARV pone en peligro la vida y la salud de las personas que viven con VIH, que además son víctimas de discriminación y exclusión social. Las personas con VIH y las ONG están excluidas de la toma de decisiones públicas sobre el VIH y son criminalizadas.
Derechos de pueblos y comunidades indígenas: A los indígenas venezolanos se les ha violado su derecho al acceso a la información pública, a la consulta previa y consentimiento libre e informado del uso de sus tierras. Se han visto gravemente afectados por la minería, perdiendo su autonomía y obligándolos al desplazamiento.
Derechos de las personas privadas de libertad: Torturas y tratos crueles y degradantes son métodos regulares en los centros de reclusión. Abundan las mafias carcelarias y corrupción. Las Masacres en recintos penitenciarios y abusos del Estado que no son debidamente investigadas ni sancionadas. El hacinamiento ha llegado a niveles extremos y las autoridades no garantizan la salud y la alimentación de las personas privadas aumentando las muertes.
Derechos de las personas LGBTQ+: Ausencia de un marco normativo e institucional no permite garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación de las personas LGBTI. La emergencia humanitaria y pandemia han exacerbado la discriminación que sufren las personas LGBTI. Las personas LGBTI son vulnerables a las mafias organizadas y víctimas de esclavitud moderna.
RECOMENDACIONES:
Sobre estos temas se ofrecieron algunas recomendaciones por parte de los Estados participantes entre las cuales destacaron la solicitud de protección a víctimas de violaciones de derechos humanos, así como los/las defensores/as de derechos humanos de la criminalización y el acoso.
Retomar las negociaciones en México también fue una recomendación que se repitió en algunas de las alocuciones de los Estados participantes, sugiriendo la continuidad de los esfuerzos de negociación para conseguir una resolución pacífica a la crisis.
De igual forma, en líneas generales, se recomendó adoptar las medidas necesarias para garantizar elecciones libres y justas en las que se respete la decisión de los votantes, independencia del Poder Judicial y de la Defensoría del Pueblo con el fin de asegurar que un sistema regido por principios legales internacionalmente aceptados.
Destacaron también las recomendaciones relacionadas con la salud sexual y reproductiva, sugiriendo redoblar los esfuerzos para combatir la violencia contra mujeres y niñas.
Entre las recomendaciones destacó también, por parte de algunos Estados, la renovación del mandato de la FFM permitiéndole accesos sin trabas a su territorio, en cumplimiento de sus obligaciones como miembro del CDH.
Una vez reunidas todas las recomendaciones, el próximo viernes 28 de enero, la Troika presentará el Informe del Grupo de Trabajo con el resumen del diálogo interactivo para su posterior adopción.
