Provea y la FIDH denuncian aumento de la represión en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

En un contexto de creciente persecución, represión y la “Furia Bolivariana”, PROVEA, junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), se pronunciaron en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para denunciar la situación de derechos humanos en Venezuela. En esta declaración, correspondiente al 55º período de sesiones del Consejo, se insistió en la persecución sistemática y el incremento de la represión contra opositores, dirigentes sindicales y políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y sociedad civil bajo la administración de Nicolás Maduro.

La activación de la “Furia Bolivariana”, instruida por Maduro el 23 de enero del 2024, ha marcado un incremento en las acciones represivas. En los días siguientes, al menos 20 sedes de partidos políticos, organizaciones sindicales y residencias de líderes sociales fueron blanco de actos vandálicos y mensajes intimidatorios. Este patrón de persecución, que se ha intensificado tras las elecciones primarias del 23 de octubre, anticipa un clima de hostilidad y represión en el período previo a las elecciones presidenciales del 28 julio de 2024.

Detenciones arbitrarias y denuncias de tortura

Al menos 6 líderes sindicales y políticos han sido detenidos en los primeros meses de 2024: Víctor Venegas, Juan Freites, Luis Camacaro, Guillermo López, Emill Brandt Ulloa, y Whilfer Piña Suárez. Además, una defensora de derechos humanos fue víctima de desaparición forzada por 3 días y sigue detenida arbitrariamente sin poder asignar a sus abogados de confianza como su defensa, encontrándose detenida e incomunicada por más de un mes. Casos que subrayan una tendencia hacia el recrudecimiento de la represión en el país.

La práctica de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes continúa siendo frecuente. Durante el 2023, registramos 65 denuncias de tortura. Entre 2014 y 2023, PROVEA ha documentado al menos 1.521 víctimas de tortura y más de 7.500 víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estas cifras evidencian la gravedad y persistencia de las violaciones a los derechos humanos, integridad personal y vida en Venezuela.

Llamado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Urgimos a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a mantener una vigilancia constante sobre la situación en Venezuela y a exhortar al gobierno de Maduro a cesar la represión contra la sociedad civil. Es crucial garantizar condiciones seguras para el ejercicio de los derechos políticos, especialmente de cara a las próximas elecciones presidenciales.

La reciente suspensión y expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de Venezuela refleja un rechazo a la supervisión internacional y subraya la necesidad urgente de acción para proteger a los defensores de derechos humanos y mantener la presión internacional sobre el gobierno venezolano.

El avance del proyecto de ley contra las ONG representa otro esfuerzo adicional por parte del gobierno para reprimir y controlar a la sociedad civil. A pesar de las advertencias internacionales sobre sus implicaciones negativas para los derechos humanos y la ayuda humanitaria, este proyecto de ley amenaza con restringir aún más el espacio cívico en Venezuela.

Denunciamos el uso del sistema judicial venezolano como herramienta para silenciar la disidencia. La creciente criminalización de la protesta social y la utilización de cargos penales contra trabajadores, líderes sindicales y políticos reflejan un uso perverso del derecho penal para coartar la libertad de expresión y reprimir cualquier forma de oposición o crítica al gobierno. 

Este patrón se ha exacerbado en los primeros meses de 2024, evidenciando un claro recrudecimiento de la política estatal de represión.

La situación de derechos humanos en Venezuela continúa deteriorándose bajo la administración de Nicolás Maduro. La persecución sistemática a opositores, la represión de dirigentes sindicales y políticos, y la detención arbitraria de defensores de derechos humanos constituyen graves violaciones a las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos.

Ante este panorama, PROVEA y la FIDH instan al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a:

1. Mantener un seguimiento exhaustivo de la situación de derechos humanos en Venezuela, con especial atención al contexto electoral y a la represión de la disidencia.

2. Exhortar al gobierno de Venezuela a liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, cesar la persecución política y garantizar el ejercicio libre y seguro de los derechos civiles y políticos.

3. Solicitar la reinstalación y garantía de operación sin restricciones de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Venezuela, como mecanismo de supervisión y protección de los derechos humanos.

4. Condenar el avance de legislaciones restrictivas contra las ONG y la sociedad civil, reconociendo su papel fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos.

La comunidad internacional debe responder de manera coordinada y decidida para proteger a la población venezolana y apoyar su lucha por la restauración de la democracia y el Estado de derecho. La solidaridad internacional es crucial para garantizar que Venezuela retome el camino hacia el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.