Publicación de Acceso a la Justicia
Ante la oportunidad de que, tras los hechos del 3 de enero, hubiera una mesa de negociación entre el oficialismo y parte de la oposición, cuyos primeros resultados arrojaron la posibilidad de renovación total del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y considerando que desde 1999 el nombramiento de magistrados ha carecido de la más elemental transparencia y cumplimiento de las exigencias constitucionales, Acceso a la Justicia formula no solo un baremo para evaluar a quienes se postulen para ser magistrados, sino también una serie de propuestas para el proceso de selección, que, de aceptarse, ayudaría a darle la necesaria credibilidad que este delicado asunto siempre ha merecido, pero nunca ha obtenido.
La elección de un nuevo TSJ en estos momentos, cuando el inicio de una transición a un régimen democrático pareciera posible, exige la colaboración de todos y, al mismo tiempo, se requiere que los responsables del proceso evidencien con hechos la aplicación de la Constitución, llevando a que el resultado final sea la escogencia de los magistrados independientes e imparciales que dicho texto exige. Tener menos que eso sería un nuevo fracaso en nuestra aspiración a alcanzar una sociedad democrática.
Para esta propuesta se han considerado, en primer lugar, los requisitos constitucionales y legales exigidos para ser magistrado del TSJ. Asimismo, ante la ausencia de baremos públicos utilizados en procesos de selección anteriores en Venezuela—o incluso, la posible inexistencia de tales instrumentos, pues no se tiene conocimiento de que hayan sido publicados—, se examinaron como referencia criterios y metodologías de evaluación aplicados en procesos de selección judicial de España, México, El Salvador, Chile y Guatemala.
Debe advertirse, sin embargo, que en la mayoría de las experiencias comparadas examinadas la evaluación otorga un peso significativo a la trayectoria dentro de la carrera judicial, considerando aspectos como la formación en academias judiciales, el desempeño previo como juez de instancia y las evaluaciones psicológicas, entre otros. Estos criterios no pueden trasladarse plenamente al contexto venezolano, dada la inexistencia, en la práctica, de una carrera judicial institucionalizada y efectiva. Por ello, para la elaboración de esta propuesta se han seleccionado únicamente aquellos criterios que resultan aplicables a la realidad actual del país y que establece el ordenamiento jurídico vigente. Ello no obsta para que, una vez restablecida y consolidada una verdadera carrera judicial, futuros procesos de selección incorporen criterios adicionales vinculados a la profesionalización, trayectoria y desempeño dentro de la judicatura.
Por lo expuesto, desde Acceso a la Justicia nos unimos a todos los venezolanos de buena voluntad en su afán por construir un Estado de derecho, ahora inexistente, con propuestas que puedan ayudar a conseguir los propósitos expuestos.