ONG exigen priorizar seguridad de las comunidades durante operativos policiales

La investigadora Verónica Zubillaga dijo que estos operativos no ocurren en el vacío, “ocurren luego de operativos letales como las OLP donde hubo incursión a comunidades denominadas como «corredores de la muerte», lo que justifica desde el poder la matanza de la población”

Más de 100 organizaciones no gubernamentales exigieron al Estado venezolano priorizar la vida y seguridad de las comunidades durante operativos policiales, luego de los tiroteos registrados en la Cota 905, El Valle y El Cementerio -al oeste de Caracas- a principios de julio.

En un comunicado titulado «La prioridad es la vida de la gente», las ONG aseveraron que el Estado debe evitar una masacre en las comunidades afectadas por la violencia, por lo que pidieron el «acompañamiento de instancias internacionales, nacionales, locales y comunitarias para garantizar la vida e integridad de la población».

Las organizaciones solicitaron que se investigue «todas las denuncias sobre posibles ejecuciones extrajudiciales» ocurridas a partir del 7 de julio en las comunidades donde se realizó el operativo «gran cacique Guaicaipuro», ordenada por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz para desmantelar la megabanda de ‘el Koki’

Destacaron que estas políticas de “mano dura”, como los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP), “sólo produjeron cientos de muertes y la alianza entre las organizaciones criminales para responder a la ofensiva declarada por las autoridades, lo que ocasionó el fortalecimiento de estas bandas en estructura, miembros y armamento”.

Por ello consideran necesario que se desarrollen estrategias de reducción de daños “que implican un enfoque en fases a corto, mediano y largo plazo que reduzca las condiciones que afectan los derechos más básicos de la ciudadanía”.

Las organizaciones también exhortaron al cese al fuego y uso proporcional y diferenciado de la fuerza contra personas que hayan cometido delitos, además del cumplimiento, asesoría y mediación de instancias internacionales dedicadas a temas humanitarios, así como a los expertos nacionales y a los miembros de las comunidades, para el diseño de políticas integrales de seguridad ciudadana.

“Las autoridades tienen la obligación de generar la capacidad institucional para el despliegue de políticas públicas en seguridad ciudadana, disponiendo de los recursos humanos, técnicos y económicos adecuados”, se expresó en el comunicado.

Esto incluye mejorar el proceso de selección y formación de fuerzas policiales, sistema de justicia y el sistema penitenciario; asignación de recursos materiales suficientes para garantizar condiciones laborales y salariales dignas para los funcionarios policiales; el control de porte de armas entre la población; e investigaciones sistemáticas y rigurosas dentro del propio Estado para verificar los puntos de fuga de armas de guerra como metralletas y granadas.

Verónica Zubillaga, investigadora de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin), aseveró que las ONG solicitan retomar procesos importantes de difusión, consulta y estudio como el proceso de reforma judicial y de control de armas y desarme.

“Al hablar de acompañamiento internacional también hablamos de proceso de justicia transicional, se requiere un proceso serio de reparación a las víctimas, donde ellas sean las protagonistas”.

También dijo que estos operativos no ocurren en el vacío, “ocurren luego de operativos letales como las OLP donde hubo incursión a comunidades denominadas como «corredores de la muerte», lo que justifica desde el poder la matanza de la población”.

Desplazamiento por la violencia

Otra de las cuestiones que aborda el comunicado es el desplazamiento interno producto de la violencia en las comunidades, especialmente barriadas, debido a los enfrentamientos entre bandas delincuenciales, entre éstas y la policía o los operativos policiales donde se denuncia el uso indiscriminado de la fuerza y violaciones graves a derechos humanos.

“En diferentes zonas de Caracas hay abandono de viviendas, ventas desesperadas a precios muy por debajo de su costo, lo cual pudiera incidir en el incremento de los indicadores de pobreza en el país. Exigimos la protección de los jóvenes varones de estos sectores y no su criminalización”, expresó el comunicado.

Alfredo Infante, párroco de la parroquia San Alberto Hurtado de la parte alta de La Vega, señaló que es necesario el acompañamiento de Naciones Unidas para estas zonas afectadas, especialmente por el desplazamiento de la violencia, y de apoyo a las organizaciones sociales que trabajan en estas zonas.

Infante detalló que han contabilizado decenas de daños ocasionados a bienes de las familias, mientras que las zonas donde ha habido mayor desplazamiento siguen ocupadas por la fuerza pública, por lo que no ha habido el escenario para hacer una cuantificación de los daños por parte de ONG.

Los desplazamientos de habitantes de la Cota 905, El Valle y El Cementerio han sido a otros lugares de la ciudad y el interior del país, buscando lugares más seguros. El sacerdote también recordó que estos desplazamientos también terminan en migración forzada o refugiados, pues los afectados se ven obligados por pobreza y violencia extrema a migrar a otros países.

Alfredo Infante aseveró que es imperante atender las consecuencias humanitarias que traen estos operativos y enfrentamientos armados, además de las violaciones de derechos humanos y contribuir a la pacificación del conflicto.

«Se trata de colocar la vida en primer lugar, como prioridad, esto implica alianzas en derechos humanos, en derechos humanitarios y alianzas en reducción de conflictos y proyectos de pacificación», reiteró.

El sacerdote destacó que el comunicado, apoyado por las comunidades afectadas, «no es solo una demanda o un sueño, es una agenda de trabajo. En ese sentido, el hacer llegar esto a diferentes instancias nacionales e internacionales forma parte de esas demandas».

Mientras que Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, señaló que el desplazamiento por violencia no solo ha ocurrido en la Cota 905, sino que también pasó con los enfrentamientos en Apure, en Barlovento (Miranda), en el estado Bolívar hacia Brasil por parte de grupos aborígenes, y en el estado Zulia hacia Colombia.

El activista reiteró que no solo es la Cota 905 fue tomada en estos enfrentamientos, sino que hubo incursión policial en El Valle y El Cementerio, por lo que es necesario revisar el impacto de estos operativos en esas zonas.

Operativos no disminuyen violencia estructural

El coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, afirmó que solamente con operativos policiales como los que se realizaron en semanas anteriores “no se van a disminuir las condiciones estructurales que nos llevaron a esta situación, por eso pedimos cooperacción técnica y apoyo de los organismos internacionales”.

Por esto se han sostenido reuniones con los funcionarios de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país para denunciar las continuas violaciones en dichos operativos policiales, así como la necesidad de que se cumplan los compromisos adoptados por el Estado venezolano con dicha instancia internacional en materia de seguridad ciudadana.

Señaló que están dispuestos a participar en la elaboración de mejores políticas de seguridad ciudadana, pero actualmente están impedidos debido a las restricciones al espacio cívico impuestas por la administración de Nicolás Maduro.

Por su parte Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, explicó que de este operativo de seguridad en la Cota 905 un primer grupo de detenidos fue trasladado a la sede del FAES en La Quebradita, que «al parecer ha incorporado celdas del Sebin».

Algunos fueron puestos en libertad porque fueron detenidos en otros lugares y vinculados con la Cota 905, lo que ya ha ocurrido en otros operativos. Otros ciudadanos han sido presentados en tribunales por delitos vinculados a delicuencia organizada y terrorismo. Según el Ministerio Público, la cifra supera los 45 detenidos.

Tal Cual