Los servicios de inteligencia de Venezuela cometen crímenes de lesa humanidad bajo las órdenes de las altas esferas del gobierno para reprimir a la oposición, es parte de lo que revela el nuevo informe presentado este martes 20 por la Misión de Determinación e Investigación de Hechos sobre Venezuela.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión, destacó en la rueda de prensa virtual que su equipo ha documentado 122 casos de víctimas que fueron sometidas a torturas, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Las agresiones fueron llevadas a cabo en las sedes de Boleíta, El Helicoide y en una red de centros de detención clandestinos en todo el país, respondiendo a órdenes superiores.
La Misión ha investigado al menos 51 casos que ocurrieron desde 2014 y en el informe se detalla cómo las órdenes fueron impartidas por autoridades del más alto nivel a funcionarios de menor rango. Dicha información ha contribuido a identificar seis estructuras principales en Venezuela que fueron responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos, las cuales se mencionan en el tercer informe presentado este martes por el grupo de investigación.
En la documentación no solo se detallan las funciones y los aportes de varias personas en diferentes niveles de las cadenas de mando de estos organismos, sino que también se insta a las autoridades a que investiguen sus responsabilidades y las juzguen en consecuencia.
Situación crítica en el Arco Minero
Francisco Cox Vial, experto de la FFM, agregó también que en el informe que realizaron se demuestra una serie de violaciones de derechos humanos que pueden constituir crímenes contra la humanidad en la zona del Arco Minero del Orinoco, cuya extensión abarca los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, y que fue decretada en 2016 como “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional” para formalizar y ampliar su control sobre la extracción de oro y otros recursos estratégicos.
“Desde entonces, la zona está fuertemente militarizada, mientras que los grupos armados criminales siguen operando abiertamente, controlando las minas y las poblaciones” narró Cox. El informe documenta que tanto actores estatales como no estatales, han cometido violaciones de derechos humanos contra la población local, en el marco de la lucha por el control de las zonas mineras.
Las autoridades no han adoptado medidas para prevenir o reprimir estos abusos, sino que además la Misión ha recibido información que sugiere una connivencia entre actores estatales y no estatales en algunas partes del estado de Bolívar.
“La Misión basó las conclusiones de ambos informes en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia”. Además, se analizaron los expedientes judiciales y otros documentos relacionados con los incidentes. La Misión visitó áreas cercanas a las fronteras con el país, debido a que desde su establecimiento en 2019 continúa sin poder acceder al territorio venezolano.
Patricia Tappatá Valdez, miembro de la Misión, destacó en este sentido que “las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en una violenta batalla entre actores estatales y grupos armados criminales por el control del oro”. Este tercer informe de la Misión pone de manifiesto la necesidad de seguir investigando esta región del país.
¿Qué dice el Tercer informe de la Misión?
Los temas centrales de este tercer informe son:
- Crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado: Sebin y DGCIM señalando estructuras y personas involucradas en la implementación de un plan para reprimir a la disidencia opositora.
- La situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar.
A pesar de las 10 cartas que la Misión ha enviado al Estado venezolano, el gobierno no ha respondido ninguna. “Venezuela aún enfrenta una profunda crisis de derechos humanos. La Misión reitera que a pesar de reiterados llamados, las autoridades no responden al llamado de la Misión para investigar en terreno”, advirtió Tappatá.
En esta oportunidad, la Misión tuvo la posibilidad de enfocarse solamente en dos de las seis estructuras responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos, pero un nuevo mandato le daría la posibilidad de investigar a fondo las otras estructuras que por motivos de tiempo no pudieron ser incluidas en este informe.
Siete países pedirán la renovación de la Misión
Por su parte, un grupo de países de la región tomó la iniciativa de liderar la resolución que solicitará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la renovación del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Estos países son Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay, Perú, y recientemente se sumó Ecuador.
Para que sea aprobada la renovación de dicho mandato se deben obtener más votos afirmativos o abstenciones que votos negativos, en la Sesión 51 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La Misión presentará las conclusiones y recomendaciones del informe de 2022 al Consejo en la sesión de diálogo interactivo fechada 26 de septiembre de 2022.
Informes: https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ffmv/report-ffmv-september2022
Nota de prensa oficial: https://www.ohchr.org/es/press-releases/2022/09/venezuela-new-un-report-details-responsibilities-crimes-against-humanity
Link a la conferencia de prensa https://media.un.org/en/asset/k10/k10r0w3zba
