Nueve instancias internacionales de protección de DDHH alertan sobre el impacto del proyecto de Ley Antisociedad en el espacio cívico de Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez anunció el martes 9 de enero las intenciones del oficialismo de retomar el estudio de la cuestionada Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines (Ley Antisociedad), instrumento a través del cual se impone una serie de nuevas regulaciones a las agrupaciones civiles y cuyo incumplimiento puede acarrear su disolución.

Las pretensiones del chavismo han sido criticadas duramente dentro del país, y prueba de ello son los pronunciamientos emitidos por el Foro por la Vida, asociación que agrupa a varias organizaciones venezolanas de derechos humanos, o la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. Todos ellos rechazan el contenido del texto, por considerar que «criminaliza la solidaridad» y representa «una grave amenaza para la democracia».

No solo en Venezuela se han disparado las alarmas. Desde que en enero de 2023 el borrador fue presentado y aprobado en primera discusión por el Parlamento electo en 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría para la Libertad de Expresión (RELE) y al menos siete instancias de Naciones Unidas (Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos [MDH] sobre Venezuela, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [ACNUDH], el Comité de Derechos Humanos y cuatro relatores especiales) lo han cuestionado públicamente.

Sin vuelta a atrás

La MDH fue de las primeras instancias internacionales en expresar su preocupación por el contenido del texto.

«De ser sancionada, la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela», advirtió la presidenta del organismo, Marta Valiñas.

El también miembro de la MDH, Francisco Cox, agregó: «La regulación impondría a las ONG, existentes y en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan onerosos que le otorgaría al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas».

«La ley está claramente orientada a limitar, no a facilitar el ejercicio del derecho de asociación», sentenció el experto.

Una opinión similar expresó el entonces recién designado alto comisionado Volker Türk, quien por coincidencia se encontraba en el país y aseguró: «he presentado observaciones detalladas sobre este asunto a las autoridades y reitero mi llamamiento para que cualquier legislación se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos».

El proyecto de ley presentado por el diputado Diosdado Cabello obliga a todas las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), no solo a las organizaciones no gubernamentales (ONG), a obtener autorización ministerial para su personalidad jurídica, incluso si ya la poseen tras su registro en el nuevo padrón del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren).

Además, exige que tanto sus miembros como los empleados, junto con la organización misma, presenten declaración jurada de patrimonio ante la Contraloría General de la República, a pesar de no ser funcionarios públicos. También impone su inscripción en el Registro de Defensa Integral y en la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), obligándolas adicionalmente a cambiar sus estatutos y a informar periódicamente sobre sus bienes, fondos y miembros, incluso a personas externas a la organización y al Estado.

Se le ven las costuras

El proyecto de Ley Antisociedad, así como la providencia de la ONCDOFT y la circular de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), han sido presentadas por las autoridades venezolanas como un paquete de medidas necesarias para evitar que las OSFL que operan en el país sean utilizadas por criminales para lavar dinero y así cumplir con los mandatos impuestos por instancias como el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).

Sin embargo, desde la MDH, por ejemplo, creen que estas explicaciones son simplemente excusas para silenciar a voces críticas. Así lo denunció en su informe presentado en septiembre pasado.

«La misión tiene motivos razonables para creer que el Gobierno está utilizando el marco normativo existente para limitar las operaciones de las ONG, los sindicatos y los partidos políticos. Regulaciones recientes, a menudo asociadas a objetivos legítimos como la lucha contra el terrorismo o contra el blanqueo de dinero, se utilizan para limitar las operaciones de las organizaciones de la sociedad civil».

Para justificar sus reparos, la instancia citó los contenidos del informe del GAFIC, en el cual se cuestiona que las autoridades venezolanas dediquen tanto interés a monitorear a las organizaciones sin fines de lucro, pese a que el riesgo de que estas sean utilizadas para lavar dinero por bandas criminales o terroristas es casi nulo, comparado con el que corren otros sectores de la economía, de acuerdo con información suministrada por la instancia competente en Venezuela.

«El GAFIC consideró que las medidas adoptadas por el Gobierno son desproporcionadas y que deberían ser revisadas a través de una evaluación del riesgo», resaltó la Misión.

Asimismo, la instancia no pasó por alto las declaraciones hechas por el proponente del texto, el diputado Cabello, quien dijo que «las organizaciones no gubernamentales (…) son apéndices u organismos en el mundo que operan para garantizarle al imperialismo su operación» y que las ONG que actualmente operan en Venezuela tienen que ver casi todas con el ámbito político con «el fin preciso de generar desestabilización en el país».

A la papelera

Los relatores de la ONU para la libertad de reunión pacífica y de asociación; sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; sobre la situación de los defensores de derechos humanos; y sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo emitieron en septiembre pasado un comunicado en el que cuestionaron el instrumento.

Al respecto, señalaron lo siguiente:

«De aprobarse como ley en su versión actual, este proyecto podría afectar al ejercicio de los derechos humanos, principalmente el derecho a la libertad de asociación, así como los derechos de las personas que participan y se benefician de las actividades de organizaciones constituidas como diferentes tipos de asociaciones».

Asimismo, denunciaron que los nuevos trámites y controles que el texto impone supondrían para las ONG venezolanas «dificultades para seguir funcionando libre y eficazmente». En particular se refirieron a las normas que obligan a las agrupaciones a reportar a las autoridades el origen y destino de los fondos recibidos.

«La obligación de registrar todos los donativos en las condiciones previstas en el proyecto de ley puede resultar incompatible con el marco internacional de derechos humanos», denunciaron, al tiempo que recordaron que el artículo 13 de la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos consagra el derecho de toda persona, individual y colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto de promover y proteger los derechos humanos.

Ante el cúmulo de objeciones y reparos, no deberían sorprender las peticiones que la CIDH-RELE y el Comité de Derechos Humanos de la ONU formularon separadamente a las autoridades.

Esto reclamó la CIDH-RELE:

«La Comisión y la RELE (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión) instan a que Venezuela se abstenga de aprobar cualquier tipo de legislación o reglamentación que limite arbitrariamente el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación en asuntos de interés públicos. Al mismo tiempo, urgen al Estado a adoptar medidas dirigidas a reconstruir la democracia y el Estado de Derecho»,

Por su parte, desde el Comité llamaron al Estado a

«derogar o abstenerse de adoptar cualquier medida o ley que pueda limitar el ejercicio del derecho a la libertad de asociación o dé lugar a un control indebido de las organizaciones de la sociedad civil o una injerencia en sus actividades».

La petición figura en el informe final del V Examen Periódico sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

La amenaza que representa el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines es de tal nivel que todas las instancias internacionales más importantes del mundo en materia de derechos humanos han emitido a lo largo de los últimos meses pronunciamientos expresando su preocupación y advirtiendo de los riesgos que supone para la ya maltrecha democracia venezolana.

No debe sorprender que, en vísperas de un año electoral, las autoridades renueven sus esfuerzos por controlar el último recodo que no está bajo su dominio y que no atiende a sus dictados: la sociedad civil organizada.


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