Publicación de CEPAZ
- La Misión de Determinación de los Hechos documentó 64 nuevos casos de tortura en Venezuela tras el 3 de enero de 2026 y estima que entre 379 y 500 personas siguen detenidas por motivos políticos.
- Los «colectivos» operan como un componente central del aparato represivo estatal. Sofía Macher advierte que cualquier apertura sin reformas estructurales es frágil y reversible.
La Misión de Determinación de los Hechos de sobre Venezuela presentó un nuevo y exhaustivo informe en el que concluye que, si bien se registró una reducción significativa de las detenciones de larga duración y desapariciones forzadas tras los hechos del 3 de enero de 2026, las estructuras responsables de la represión y los crímenes de lesa humanidad siguen intactas.
Persisten las torturas, la opacidad y la falta de reformas estructurales
Los expertos Sofía Macher, presidenta de la Misión, Alex Neve y María Eloísa Quintero, subrayaron que no se han producido las reformas necesarias para garantizar cambios duraderos, manteniéndose vigentes las leyes utilizadas para criminalizar la disidencia y conservándose las prácticas de las fuerzas de seguridad.
Según el informe, los principales organismos de seguridad e inteligencia investigados por la Misión siguen operando sin reformas sustantivas de sus estructuras y prácticas. Además continúan vigentes instrumentos jurídicos para restringir la actividad de la sociedad civil.
La Misión documentó 64 nuevos casos de tortura posteriores al 3 de enero. Entre las prácticas gravísimas investigadas destacan que en el centro de máxima seguridad El Rodeo I se emplea la intubación forzada y el confinamiento prolongado en una cisterna subterránea sellada llamada «la máquina del tiempo». Mientras que en la instalación militar Fuerte Guaicaipuro se producen confinamientos en celdas tipo fosas excavadas bajo nivel del suelo, exposición al frío, privación de alimentos y tratos degradantes.
Asimismo, cientos de personas siguen expuestas a condiciones deplorables con acceso severamente restringido a agua potable, alimentación, medicamentos y salud, lo que derivó en muertes bajo custodia como la de Víctor Quero Navas (víctima de desaparición forzada cuyo deceso se ocultó durante meses a su familia. Su madre, Carmen Teresa Navas, falleció diez días después de ser informada de la muerte de su hijo).
Entre el 1 de septiembre de 2025 y el 29 de julio de 2026, organizaciones de la sociedad civil registraron 214 detenciones arbitrarias por razones políticas (94% antes de 2025), identificando tras el 3 de enero un patrón recurrente de arrestos breves de intimidación. Aunque las excarcelaciones redujeron la cifra global, las ONG estiman que entre 379 y 500 personas siguen detenidas. La verificación de las cifras se obstaculiza por la ausencia de información oficial transparente.
Los «colectivos»: brazo central y financiado del control represivo
La investigación detallada sobre los «colectivos» armados progubernamentales determinó que no son actores aislados, sino un componente central del aparato represivo y de control social, con superposición de miembros entre las fuerzas de seguridad y estos grupos civiles armados.
La Misión halló pruebas de relaciones de larga data con respaldo político, financiación directa e indirecta, apoyo logístico, coordinación operativa y protección institucional, incluyendo motivos razonables para creer que hay un suministro regular gubernamental de armas de fuego, municiones, motocicletas, teléfonos y radios. Estos grupos realizan inteligencia, localización de personas, represión violenta de protestas, persecución selectiva e instrumentalización de consejos comunales, servicios públicos y programas sociales para premiar lealtades o castigar críticas. La Misión concluyó que la conducta de estos grupos bajo mando estatal es atribuible al Estado.
Quintero, recalcó que el Estado tiene la obligación de prevenir el abuso de estos grupos, investigar los hechos, sancionar a los responsables y garantizar la reparación de las víctimas. Agregó que la Misión recomienda cesar el apoyo estatal a estos colectivos armados
«Cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible»
La presidenta de la Misión sentenció que la reducción de algunas formas severas de represión no constituye una transformación sistémica: «Mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de derechos humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible».
Neve, respaldó las declaraciones de Macher, indicando que las violaciones de derechos humanos en Venezuela siguen ocurriendo y, a falta de un cambio real, hay todas las razones para creer que eso continuará y podría, como ha ocurrido a menudo en el pasado, empeorar.