- En su nuevo informe, y en un documento de investigación que lo acompaña, la Misión destaca que si bien se redujo el número de presos políticos tras los hechos de enero de 2026, persisten la impunidad y los graves abusos como la tortura.
- Los documentos detallan por primera vez los profundos vínculos y la coordinación entre el Estado venezolano y los grupos armados conocidos como «colectivos».
Publicación de CEPAZ
La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela advirtió este 16 de septiembre que, a pesar de una disminución significativa en las detenciones prolongadas y las desapariciones forzadas tras los acontecimientos del pasado 3 de enero de 2026, las instituciones estatales responsables de la represión y los crímenes de lesa humanidad permanecen intactas.
En su último informe y el documento de investigación complementario, la Misión examinó los acontecimientos del último año, señalando que las liberaciones de cientos de personas detenidas por motivos políticos y la apertura de un mayor margen para las protestas no han estado acompañadas de las reformas estructurales indispensables para garantizar una mejora sostenida.
La Misión documentó que continúan vigentes numerosas leyes utilizadas para criminalizar la disidencia, mientras que los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad mantienen las mismas estructuras y prácticas. Asimismo, alertó que al menos 19 funcionarios previamente identificados por su participación en graves violaciones siguen en puestos clave o reasignados, perpetuando la impunidad.
“La reducción de algunas de las formas más severas de represión es notable, pero aún no equivale en absoluto a una transformación del sistema que las hizo posibles”, declaró Sofía Macher, presidenta de la Misión. “A menos que se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables, cualquier avance seguirá siendo frágil y reversible”.
Torturas continuas y detenciones arbitrarias
El informe revela que, después del 3 de enero, la Misión investigó 64 nuevos casos de tortura y tratos crueles, señalando prácticas alarmantes en instalaciones como la prisión de El Rodeo I (incluyendo confinamiento en una cisterna subterránea conocida como la “máquina del tiempo”) y el centro militar Fuerte Guaicaipuro. La falta de acceso a atención médica adecuada también derivó en muertes bajo custodia, como la de Víctor Quero Navas.
Aunque las liberaciones redujeron el volumen de presos políticos, organizaciones de la sociedad civil estiman que entre 379 y 500 personas continúan detenidas, muchas bajo condiciones deplorables y sin información oficial transparente sobre su situación jurídica.
El rol central de los «colectivos» en el aparato represivo
Por primera vez, la Misión presentó un análisis exhaustivo sobre los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como «colectivos», concluyendo que operan como un componente central del control social y del aparato represivo del Estado. La investigación detalla relaciones de larga data que incluyen respaldo político, financiación, apoyo logístico, entrega de armas de fuego y coordinación operativa. .
Los colectivos actúan como brazos de control social y represión: vigilan, localizan opositores, reprimen manifestaciones y utilizan el control de los servicios públicos y programas comunitarios para premiar a los leales y castigar las críticas.
La Misión concluyó que el Estado es responsable de los actos de estos grupos cuando operan bajo su mando o instrucción. Asimismo, el gobierno venezolano incumple su obligación fundamental de frenar, investigar y sancionar la violencia cometida por estas estructuras, perpetuando la impunidad.
Llamado a la justicia transicional y a la comunidad internacional
Ante este panorama, la Misión instó al Estado a adoptar un marco de justicia transicional centrado en las víctimas, revocar su retirada del Estatuto de Roma y cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional. «Años de impunidad arraigada deben dar paso a la rendición de cuentas”, aseveró María Eloisa Quintero, una de las expertas de la Misión.
Asimismo, la Misión hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que respalden los esfuerzos contra la impunidad y garanticen la protección internacional a las personas venezolanas en el exterior.
Foto: Christian Veron/Reuters