Las comparaciones son odiosas, pero, a veces, inevitables. A diferencia de la visita de la anterior Alta Comisionada Bachelet, la visita de Turk estuvo marcada por el secretismo y la brevedad; no solo en el tiempo de duración, sino en el espacio dedicado al sector no gubernamental, que fue más protocolar que sustantivo.
Llama la atención que en el primer párrafo de su declaración ante los medios el sábado 28 de enero, el Alto Comisionado Turk haya afirmado que “las conversaciones estuvieron orientadas a abordar las crisis política y económica del país”, sin referencia a los derechos humanos, para agregar más adelante que entre las impresiones de su visita están la fragmentación de la sociedad y la necesidad de sanar divisiones, y solo en tercer lugar, los retos – que no los abusos flagrantes – en derechos humanos.
Es un tanto desconcertante que la cabeza mundial de los derechos humanos ponga en tercer lugar de sus impresiones el tema directamente vinculado con su mandato. No es cuestión de ignorar el ángulo político de la crisis venezolana, pero sí de no desplazar su propio mandato por abordar asuntos que le corresponden al secretario general y a las instancias políticas de la ONU. Lo contrario sería seguir transitando por el peligroso e inútil sendero de su antecesora, en el que los derechos humanos fueron parte de una negociación política, pero nunca su base ni finalidad
En la rueda de prensa, el Alto Comisionado asomó algunos temas novedosos que habría incorporado a la agenda de asuntos tratados con el gobierno y que deben ser bienvenidos, como el llamado a firmar el acuerdo de Escazú, la derogación del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo y la revisión de las disposiciones que penalizan el aborto.
También fue importante su referencia a situaciones recurrentes de violaciones de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales en el marco de protestas y de operativos de seguridad, las detenciones arbitrarias, la tortura, la situación “calamitosa” de las cárceles y, sobre todo, la necesidad de que las víctimas sean escuchadas.
Hay, sin embargo, tonos y omisiones preocupantes. Entre las omisiones estuvieron la referencia a la afectación a los derechos de pueblos indígenas sin mención alguna al Arco Minero del Orinoco, sobre el cual ya existe un valioso insumo desarrollado por la Misión de Establecimiento de Hechos, a la cual, al igual que Bachelet, tampoco hizo ninguna mención, ni en cuanto al trabajo adelantado, ni en cuanto a solicitar al gobierno permitir su acceso al país.
Por otra parte, el Alto Comisionado informó que le pidió al gobierno tener en cuenta sus comentarios sobre el proyecto de ley anti-ONG, sin compartir información sobre la parte sustantiva de sus comentarios, o si estos tuvieron que ver con enmiendas a un texto que no tiene arreglo posible, o si abogó por la suspensión del trámite, como debió ser y como pidieron las organizaciones que se reunieron con él.
En el tema humanitario, el gobierno parece haber logrado su objetivo de repetir mil veces una mentira hasta convertirla en verdad, ya que el Alto Comisionado aseguró que “según las estadísticas de la ONU, hay más de siete millones de personas que necesitan ayuda humanitaria en el país”, cuando lo cierto es que esa cifra se corresponde con un número impuesto por el gobierno desde 2019, cuando vetó un estudio del Programa Mundial de Alimentos que afirmaba que 9,3 millones de personas se encontraban con necesidades de asistencia humanitaria.
En otro orden de ideas, el Alto Comisionado afirmó que “todas las personas con las que hablé apreciaron la presencia de nuestra pequeña oficina aquí en Venezuela”, lo que indica que no acusó recibo de los cuestionamientos y preocupaciones expresadas por las organizaciones en una carta abierta hecha pública durante su visita, algunos de cuyos planteamientos también fueron compartidos en la reunión con las ONG del jueves 26 de enero. Además, el Alto Comisionado anunció haber firmado un acuerdo con el gobierno que permite prorrogar el mandato de su Oficina en el terreno por dos años más, pero se mantiene el carácter secreto de la carta de entendimiento y, por tanto, la falta de transparencia que impide hacer contraloría social sobre los asuntos acordados.
Por último, cabe señalar que, entre las peticiones que Turk le realizó al gobierno, según informó en la rueda de prensa al final de su visita, se encontraron temas como la necesidad de avanzar en la reforma judicial con la asistencia técnica de su oficina, la liberación de personas detenidas arbitrariamente, el cuestionamiento al “amplio y prolongado” uso de la prisión preventiva, el acceso sin restricciones a todos los centros de detención y tomar medidas decisivas para poner fin a la tortura, incluyendo la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.
Sin duda, se trata de exigencias válidas. Sin embargo, debería el Alto Comisionado cuestionar la efectividad de la estrategia hasta ahora desarrollada por su Oficina frente a Venezuela, cuando se observa que todas estas exigencias formaban parte de lo que -según se ha informado- estaría contenido en la carta de entendimiento firmada con Venezuela en junio de 2019. Si todo lo anterior lo prometió Venezuela a la Alta Comisionada Bachelet hace casi cuatro años, ¿qué más hay que esperar para que la Oficina del Alto Comisionado asuma un tono más enérgico y decidido frente al incumplimiento de promesas por parte del gobierno?
La Venezuela que visitó el Alto Comisionado Turk está peor que la que visitó su antecesora Bachelet, no solo porque el deterioro de los derechos humanos continúa y en algunos casos se ha agudizado, sino porque las promesas hechas por el gobierno hace casi cuatro años se han incumplido. No hay mayor evidencia de la falta de sustento de la supuesta cooperación pregonada por el gobierno que tener que repetir, cuatro años más tarde, las mismas peticiones de la primera visita a Venezuela. Es el momento de comenzar a hablar alto y claro sobre la alarmante situación de los derechos humanos en el país, y dar por terminado el tiempo en el que se podía dar al gobierno el beneficio de la duda.
A pesar de sus omisiones y tono, -y de nuevo, las comparaciones son odiosas, pero a veces inevitables- el Alto Comisionado tiene tiempo para imprimir un sello propio a su estrategia en Venezuela y demostrar que no seguirá los pasos de Bachelet.
Fuente: Alerta Venezuela
