La respuesta del Estado venezolano a las manifestaciones cívicas es con represión.

En el marco de la 50º Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se desarrolló el Side Event Cierre del Espacio Cívico en Venezuela: represión y criminalización para exponer la necesidad de que se respeten los espacios cívicos de defensa de derechos, en miras de garantizar la libertad plena de la sociedad venezolana. 

El evento organizado por Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas, ISHR, FIDH, Provea, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y el Centro para los Defensores y la Justicia, tuvo como objetivo exponer la necesidad de que cesen las políticas de represión y hostigamiento contra los activistas venezolanos, que al final repercute en las víctimas y el ciudadano común.

Mariana Romero del Centro para los Defensores y la Justicia hizo énfasis en el impacto positivo que han tenido las investigaciones impulsadas por la Alta Comisionada ACNUDH y la Misión de Determinación de los Hechos ya que han puesto en evidencia los patrones represivos documentados en sus informes y han venido alertando sobre situaciones que deben parar. 

“Los mecanismos internacionales son necesarios para que estos registros se sigan documentando y visibilizando en miras de que disminuyan y cesen las restricciones al espacio cívico”. 

En cuanto a la respuesta por parte de las autoridades, Marcos Ponce del Observatorio de Conflictividad Social resaltó que no ha habido ninguna que ofrezca soluciones a las exigencias ciudadanas que se han registrado en los últimos años. 

El OVCS, ha registrado los primeros cinco meses de 2022, unas 1.353 manifestaciones por derechos laborales, 775 que fueron en exigencia de una mejora a los servicios básicos, 596 motivadas por el derecho a la participación política y 476 por la seguridad social. De ninguna de ellas ha habido una respuesta por parte del Estado. 

Se repiten patrones de represión 

Esteban Beltrán, Director de Amnistía Internacional España asegura que, en base a los hallazgos del Informe Represión calculada: Correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela No hay casualidades en lo que respecta a detenciones de defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela”. 

El patrón empieza por la estigmatización, explica Beltrán, a través de medios de comunicación públicos y privados, portales web, programas de televisión y blogs vinculados con el Gobierno Nacional, donde son señalados como terroristas y traidores a la patria, se desprestigia su trabajo y luego se procede a la detención arbitraria. 

El estudio de Amnistía Internacional refleja más de 300 eventos de estigmatización y alrededor de 1200 detenciones arbitrarias entre enero de 2019 y junio de 2021.

Beltrán mencionó el caso de Javier Tarazona como ejemplo claro de lo que ocurre con los defensores y defensoras en Venezuela a quienes no se les garantiza el debido proceso ni es resguardo de la integridad física bajo custodia. 

Otro patrón destacado por Mariana Romero, en cuanto a la política de criminalización a la promoción y defensa de los derechos humanos en Venezuela, es la basada en la tesis del enemigo interno; misma estrategia usada por la Seguridad Nacional para obstaculizar el trabajo de documentación y denuncia que cumplen los activistas. 

Marco jurídico restrictivo 

No solamente los activistas y ciudadanos han sido víctimas de amenazas y detenciones, también los profesionales del derecho, sobre todo abogados de víctimas de violaciones de derechos humanos han sido hostigados según relató Carlos Lusverti de la Comisión Internacional de Juristas. 

Así como Lusverti denunció una completa falta de mecanismos de reclamo en el sistema de justicia venezolano, también existe la aplicación de un marco jurídico restrictivo que empezó con una Ley contra el Odio, luego una Ley Antiterrorismo y hoy se pretende aprobar un proyecto de Ley de Cooperación que limita por todos los medios a la sociedad civil. 

Los expertos coinciden en la importancia de los mecanismos internacionales para que exista un muro de contención ante los ataques y agresiones. “Estos mandatos deben seguir vigentes” , manifestó Romero, de la misma forma que solicitó que se continúe con la asistencia técnica y apoyo a las víctimas tanto dentro del país como las que han tenido que refugiarse afuera.