La transición democrática en Venezuela requiere más que presión externa: los autores proponen la “reinteramericanización” como hoja de ruta jurídica y regional para reconstruir la democracia.
Artículo de Mariela Morales Antoniazzi y Edward Pérez para Agenda Estado de Derecho
La transición democrática en Venezuela no puede descansar en la acción unilateral de una potencia. Desde enero de 2026 se constata un escenario volátil, tanto capaz de catalizar un cambio, como de consolidar el autoritarismo. La reciente decisión de iniciar una reforma judicial, sin consultar a las múltiples partes interesadas en dicho proceso, refleja dicha volatilidad. Una transición hacia una sociedad democrática en Venezuela debe estar acompañada de participación regional y bajo la arquitectura del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) e incluyendo la dimensión de las Naciones Unidas. La necesaria, además de urgente, propuesta de crear una coalición latinoamericana al estilo del Grupo de Contadora, a través de la Iniciativa Académica para la Transición de Venezuela (IATV), revela una posible hoja de ruta para un retorno a la democracia.
Un autoritarismo revestido de legalidad
La consolidación autoritaria en Venezuela no llegó por un único quiebre. Avanzó de forma progresiva, mediante reformas constitucionales, decisiones judiciales, nuevas regulaciones y nombramientos institucionales que, vistos por separado y sin contexto, podían presentarse como “legales”. El resultado fue la apropiación de funciones estatales esenciales por parte de una élite en cuanto a la legislación, los nombramientos judiciales, el aparato de seguridad y el control de la autoridad electoral y los medios.
La evidencia empírica está documentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Ejecutivo erosionó la separación de poderes hasta hacerla inexistente. El Poder Judicial y la Fiscalía operaron como instrumentos de represión. Las regulaciones contra las ONGs, las leyes antiterroristas usadas contra periodistas y defensores, y la disolución de organizaciones civiles cerraron el espacio cívico. La Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU ha calificado muchos de estos abusos como crímenes de lesa humanidad.
Los procesos electorales, y particularmente la elección presidencial de 2024, evidenciaron ese deterioro. Pese a la inhabilitación de diecinueve líderes opositores, el candidato opositor obtuvo más del 67% de los votos según las actas recogidas y publicadas por la sociedad civil. La autoridad electoral proclamó ganador a Nicolás Maduro con el 52%, sin publicar resultados desagregados, una decisión ampliamente considerada ilegítima por la comunidad internacional.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos confirmó esta deriva en su sentencia de 2024 en Capriles vs. Venezuela. Determinó que el Estado violó el derecho a elecciones auténticas y con garantías de integridad electoral, comprobó el uso abusivo del aparato estatal a favor del oficialismo y constató la ausencia de recursos administrativos o judiciales efectivos para proteger los derechos políticos de la población. Por primera vez invocó preventivamente la garantía colectiva de la democracia, remitiendo el fallo directamente a la Asamblea General de la OEA.
La paradoja de enero de 2026: implicaciones constitucionales de la intervención
La intervención militar estadounidense del 3 de enero de 2026 y la captura de Nicolás Maduro reconfiguraron el escenario político. Ambos hechos han sido ampliamente considerados por la comunidad internacional como contrarios al derecho internacional. El momento entraña riesgos para la autodeterminación venezolana y no debe confundirse con una transición.
El comunicado de la CIDH del 13 de enero capta la paradoja, pues reconoce la ruptura democrática previa, pero exige que toda restauración se realice conforme al derecho internacional. Allí mismo documenta la respuesta del régimen: un decreto de conmoción exterior que amplía la presencia militar en seguridad ciudadana, restricciones severas a la libertad de expresión, detenciones arbitrarias cerca de la Asamblea Nacional y patrullajes de colectivos armados.
La intervención alteró el status quo político, pero no ha abierto una vía hacia la democracia. Puede catalizar cambios puntuales, como la liberación de presos políticos vía amnistía, sin desmontar la estructura autoritaria. La reciente designación de Larry Devoe como Fiscal General, funcionario responsable de representar el Estado ante los órganos del SIDH mediante un proceso opaco y con violaciones constitucionales, lo confirma. A día de hoy se adelanta una reforma al Tribunal Supremo de Justicia iniciada sin consulta con ningún actor interesado.
Aunque el caso venezolano va más allá de los procesos clásicos de transición democrática, es clave perfilarla en la lógica de la reinteramericanización como una hoja de ruta.
La reinteramericanización como hoja de ruta
Este artículo sostiene que la pieza central para articular la transición es la reinteramericanización, lo que implica la reintegración efectiva de Venezuela al SIDH como obligación jurídica y, simultáneamente, como plan operativo para la reconstrucción institucional.
Venezuela intentó denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta de la OEA. No obstante, la Opinión Consultiva 26 estableció que la denuncia no extingue obligaciones derivadas de ratificaciones previas, y por los motivos desarrollados precisamente en este caso Chirinos vs. Venezuela, tanto la Comisión como la Corte han continuado ejerciendo sus competencias. Cabe subrayar que el corpus de sentencias y reparaciones estructurales dictadas contra Venezuela en las últimas dos décadas ya constituyen, per se, un marco técnico para la transición.
El caso Capriles es un ejemplo claro de ello. La Corte IDH ordenó garantías electorales mínimas: prohibir el uso abusivo del aparato estatal a favor de cualquier candidato; transparencia en la verificación de resultados; acceso equitativo a los medios; e independencia de la autoridad electoral y del Poder Judicial. Si bien la complejidad del escenario genera dudas sobre su ejecutabilidad, las reparaciones estructurales para una transición democrática han sido conceptualizadas como una hoja de ruta para la recuperación democrática, activable cuando las condiciones políticas lo permitan y con una gradualidad temporal.
Este mapa lo completa el resto de la jurisprudencia interamericana respecto a Venezuela, que abarca independencia judicial (Apitz Barbera, Reverón Trujillo, Chocrón Chocrón); libertad de expresión (Granier, Ríos, Perozo); derechos políticos (López Mendoza); y derechos económicos y sociales y la prohibición de discriminación (López Soto, San Miguel Sosa). Las garantías de no repetición ordenadas por la Corte IDH se erigen como los pilares firmes para reconstruir una democracia, pasando por una judicatura independiente, prensa libre y autoridad electoral despolitizada, espacio cívico abierto, entre otros estándares de una sociedad democrática.
Efectivamente, la reinteramericanización es un proceso gradual. Comienza con la restauración de hecho de la separación de poderes y avanza hacia la incorporación de los estándares interamericanos en la jurisprudencia y las políticas públicas. Se enmarca en lo que el Ius Constitutionale Commune en América Latina (ICCAL) insiste en identificar en el núcleo constitucional de la región en la tríada indisoluble de democracia, Estado de derecho y derechos humanos.
Se trata de poner de relieve el proceso desde abajo y centrado en las víctimas, enfatizando a la diáspora, los pueblos indígenas, las mujeres y las comunidades LGBTIQ+. La participación de la sociedad civil no es únicamente deseable, sino es condición indispensable de legitimidad. Hoy, sin embargo, no es sencillo. Estados Unidos ha priorizado sus intereses en el sector petrolero, desconectado de la sociedad civil, y su relación con la CIDH se ha tensado por las operaciones antidroga en el Caribe y el Pacífico. Hace falta un acompañamiento más amplio.
Articulación Internacional para el Siglo XXI
Para sostener esa hoja de ruta hace falta una coalición regional. En los años ochenta, en un contexto igualmente complejo, México, Colombia, Panamá y Venezuela crearon el Grupo de Contadora para promover soluciones pacíficas y transiciones democráticas en Centroamérica. El Grupo tuvo éxito porque se centró en la agencia latinoamericana, apostó por el diálogo regional y la cooperación multilateral, y demostró que los Estados latinoamericanos pueden liderar transformaciones incluso en entornos geopolíticos adversos.
Venezuela hoy exige un esfuerzo similar. Los países democráticos de América Latina y sus aliados deben formar una coalición para apalancar los esfuerzos del pueblo venezolano, y procurar diálogos con los organismos internacionales e interamericanos. Se inscribe en la línea de facilitar espacios y condiciones para acuerdos, propiciar principios y normativas para el retorno, sugerir programas operativos que enlacen asistencia humanitaria con desarrollos locales, en fin, que las lecciones y legado de Contadora encuentren eco. Una coalición que coloque la restauración democrática venezolana en el centro de la agenda internacional, con un enfoque plural y multilateral.
La Iniciativa Académica para la Transición de Venezuela es la dimensión académica de ese esfuerzo. Construida sobre las obras Caminos y Estándares para la Transición en Venezuela y La respuesta del Ius Constitutionale Commune a la autocratización: el caso de Venezuela, reúne una comunidad regional de práctica comprometida con la democracia constitucional. Convocará foros, sistematizará publicaciones con vocación práctica, permitirá tender puentes con otras voces de la comunidad de práctica de derechos humanos. Imaginar la transición posible es una tarea insoslayable para la academia.
El derecho internacional, el interamericano y el marco constitucional venezolano ofrecen pilares jurídicos sólidos. Los aportes de los órganos de Naciones Unidas, de la CIDH y las reparaciones estructurales ordenadas por la Corte IDH ofrecen un plan operativo. Contadora ofrece un modelo político. Todo ello refleja una oportunidad para que los Estados democráticos actúen con el objetivo de alcanzar una transición democrática.
Citación académica sugerida: Morales Antoniazzi, Mariela y Pérez, Edward. La reinteramericanización de Venezuela: una iniciativa académica para la transición democrática. Agenda Estado de Derecho. 2026/05/13. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-reinteramericanizacion-de-venezuela/