La Oficina del Alto Comisionado y la Misión Independiente coinciden: En Venezuela los patrones de represión se han endurecido durante los últimos meses 

Los días 19 y 20 de marzo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, presentaron actualizaciones orales sobre la situación de derechos humanos en el país, durante dos diálogos interactivos en el marco del 55º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

En primer lugar, durante su actualización oral del 19 de marzo, la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, expresó su preocupación por la suspensión de las actividades de dicha Oficina dentro de Venezuela y la expulsión de sus miembros, señalando que la decisión adoptada por el gobierno venezolano es incoherente con los términos de la Carta de Entendimiento entre el Gobierno y la Oficina. En concordancia, la Unión Europea y países como Ecuador, Georgia, Estados Unidos, Perú, Chile, Paraguay, Argentina, Reino Unido, Albania y Honduras, manifestaron su rechazo a dicha medida y algunos de ellos instaron a la reanudación de las actividades de la Oficina en territorio venezolano.  

Llamado a reanudar el trabajo de la OACNUDH en Venezuela

Así, tanto la Oficina como algunos Estados han manifestado expresamente su expectativa respecto a que la misma pueda reanudar su trabajo de manera imparcial y objetiva, en estricto cumplimiento de su mandato, a los fines de “servir a las personas en la República Bolivariana de Venezuela y fortalecer nuestra cooperación [de la Oficina del Alto Comisionado] con las autoridades venezolanas basándonos en el respeto mutuo y en un diálogo sincero y transparente”. 

Del mismo modo, Al-Nashif resaltó que Venezuela celebrará elecciones presidenciales el 28 de julio del presente año y que frente a este escenario, eran preocupantes “las medidas tomadas para limitar indebidamente el espacio democrático y cívico, incluyendo casos de detención, intimidación y estigmatización de miembros y simpatizantes de la oposición”. Seguidamente, indicó que:  

Al respecto, Paraguay -en nombre de un grupo de Estados que incluye a Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala- expresó la preocupación creciente respecto a la persistente restricción del espacio cívico “en especial de cara a las elecciones presidenciales de julio próximo”, destacando “la importancia crucial de respetar el derecho de participar en la vida política y pública como uno de los pilares fundamentales de la democracia”.   

La Alta Comisionada Adjunta destacó a su vez la documentación de casos de desapariciones forzadas a manos de fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia dependientes del Estado. Dichos casos se caracterizaron por la imposición de malos tratos, la incomunicación de las víctimas y la falta de información sobre el paradero de estas, por lo que se resaltó la necesidad de garantizar el derecho a un juicio justo y al debido proceso. En relación con ello, Al-Nashif alentó al Estado venezolano a mejorar las condiciones de detención y garantizar el acceso al agua, a la alimentación y a la salud de las personas privadas de libertad.  

La estructura represiva no ha sido desmantelada

Un día más tarde, Marta Valiñas, presidenta de la Misión Independiente, enfatizó que desde septiembre de 2023 hasta la fecha se ha mantenido un patrón de violación de derechos humanos en contra de personas defensoras que se atreven a criticar y/o denunciar decisiones o políticas del gobierno venezolano.  

Incluso, se identificó que la estructura represiva del Estado no se había desmantelado, y que por el contrario, Venezuela enfrenta una fase de reactivación de la modalidad más violenta de represión por parte de sus autoridades, por lo que “la Misión observa una repetición de los mismos patrones de violación de derechos humanos contra personas opositoras o percibidas como tales, que incluye a personas defensoras de los derechos humanos”.  Adicionalmente, expresó que existen graves dificultades para “garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con el derecho a participar en los asuntos públicos previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. 

De igual manera, la experta destacó que el presente año inició con anuncios y acciones que han sido desalentadoras de cara al respeto y al ejercicio de los derechos humanos, tales como (i) detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos, entre ellos Rocío San Miguel y sus familiares; (ii) la detención arbitraria y la criminalización de dirigentes políticos opositores; y (iii) el mantenimiento de un patrón que propicia la fragilidad del espacio cívico y democrático, el cual se pone de manifiesto con el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines, que la sociedad civil venezolana ha caracterizado como la Ley Antisociedad y el cual ha sido retomado por la Asamblea Nacional en aras de “restringir aún más la capacidad de los actores de la sociedad civil para operar libremente y de forma independiente en el país”.  

Al respecto, Paraguay, nuevamente, resaltó contundentemente que “los hallazgos de la Misión se complementan con lo dicho por el Alto Comisionado, demostrando que son mandatos que se complementan […]”. En ese sentido, durante el diálogo interactivo, Estados como Canadá, Ecuador, Portugal, Suiza, Georgia, Estados Unidos, Rumanía, Chile, Reino Unido, Nueva Zelanda, Ucrania y Países Bajos expresaron su preocupación sobre los casos de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de líderes opositores y defensores de derechos humanos, así como por la reducción sistemática del espacio cívico.  

Finalmente, la Misión señaló que seguirá investigando de manera independiente y rigurosa con miras al informe que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de este año.  

De lo anterior, se concluye que el Estado venezolano sigue recurriendo a patrones graves de represión para criminalizar a las voces disidentes y para restringir el espacio cívico y democrático, a expensas de los derechos de las y los venezolanos. Ello, sin lugar a dudas, requiere que Venezuela permanezca siendo estudiada y examinada por los mecanismos de protección de Naciones Unidas –entre ellos la Misión- y que se retome la actividad del personal de la Oficina del Alto Comisionado dentro del país, a los fines de no solo proporcionar cooperación técnica al Estado venezolano para atender las áreas más prioritarias de la crisis, sino también asistir y acompañar a las víctimas de violaciones de derechos humanos.