La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó ante el Consejo de Derechos Humanos su 4to informe sobre la situación de derechos humanos en el país en el marco del 54° período de sesiones.
Este lunes 25 de septiembre, los expertos de Naciones Unidas expusieron oficialmente el cuarto informe preparado desde que empezó su mandato de investigación en 2019, que entre otros temas, denunció los mecanismos de represión del Estado contra personas disidentes y el cierre del espacio cívico en Venezuela.
En su primer informe, la Misión concluyó que había motivos para creer que el Estado era responsable de la comisión de crímenes de lesa humanidad para reprimir a personas opositoras a Nicolás Maduro o percibidas como tales. Tres años después, los expertos han demostrado que la intolerancia del Gobierno hacia la disidencia no ha cesado y que el cierre del espacio cívico y democrático ha continuado sin tregua.
El informe comprueba como miembros de la sociedad civil han sido víctimas de persecución, amenazas y ataques, acusándoles de ser culpables terrorismo y desestabilización. Se destaca las inhabilitaciones a candidatos opositores y otras medidas que restringen la capacidad de participación de los partidos políticos.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión, informó de al menos 58 casos adicionales de detención arbitraria entre enero de 2020 y agosto 2023, incluyendo líderes sindicales, miembros de ONG, periodistas, miembros de partidos de oposición y personas que se expresaron en contra del gobierno. Se registraron 9 muertes asociadas a estos casos, de las cuales, 2 muertes ocurrieron durante la detención arbitraria. Destacó que 5 muertes pueden ser atribuidas directamente a funcionarios del Estado.
La Misión reportó otros 28 casos nuevos de torturas y malos tratos en prisiones y centros clandestinos. También ha habido registros de abusos sexuales, amenazas y violencia de tipo sexual contra víctimas.
Si bien se evidencia una reducción en el número de casos registrados, la Misión atribuye esto a un cambio en el uso de los patrones de represión, en el que el Estado actualmente opta por tácticas “de línea blanda”, como la intimidación, hostigamiento, censura, y castigos ejemplarizantes. Además, desde la pandemia por Covid-19 en 2020, se han reducido las protestas públicas, y en consecuencia, la represión en protestas.
El informe denuncia que tampoco se evidencia voluntad de reparar las graves violaciones a derechos humanos registradas tanto en el actual, como en anteriores informes de la Misión: “El Estado no está dispuesto a corregir violaciones del pasado y por el contrario sigue en su política de represión a pesar de lo que digan los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos”, comentó Valiñas.
Otra muestra de las restricciones al espacio cívico, han sido los ataques contra la libertad de expresión. Entre 2003 y 2022 alrededor de 300 emisoras de radio del país fueron cerradas por CONATEL, siendo 2022 el año con mayor número de cierres en las últimas dos décadas, tal como indica el informe. Además, Patricia Tappatá, miembro de la Misión, denunció que “casi no existen medios impresos” y que ha aumentado la autocensura.
El informe también pone de relieve leyes que se han usado para restringir la actividad de las organizaciones de la sociedad civil y señala que se han impuesto directivas por parte del Tribunal Supremo de Justicia a ciertas organizaciones y asociaciones.
Los expertos de Naciones Unidas identificaron otras instituciones del Estado que contribuyen a las violaciones de derechos humanos y a la impunidad. Entre ellas, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
Finalmente, Valiñas al referirse al aparato represor del Estado detallado en el informe, hizo hincapié en la aparente disolución de las FAES, quienes estaban implicadas en ejecuciones extrajudiciales, incluyendo crímenes de lesa humanidad y la cual no se ha concretado efectivamente como lo ha exigido la ONU en el pasado. En ese sentido, la Misión se encargó de investigar también a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) creada en julio de 2022. Según los expertos, este nuevo cuerpo “es la continuación de facto de las FAES”, con funciones, tácticas y composición similares. De los 12 mandos de la DAET, 10 puestos han sido ocupados por antiguos miembros de las FAES, acotaron.
En conclusión, la Misión demostró que el Estado sigue teniendo la posibilidad de recurrir a las prácticas de represión de línea dura cuando lo necesite, lo que ha promovido el miedo, desconfianza y autocensura. En definitiva, los pilares básicos del espacio cívico han y siguen siendo gravemente restringidos en Venezuela.
