La Misión de la ONU es un muro de contención ante las violaciones de DDHH en Venezuela

“Para que haya justicia lo primero que debe ocurrir es establecer la verdad de los hechos”

Los ponentes del Side Event: El impacto de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, coincidieron este martes, en la necesidad de que exista una renovación del mandato de los mecanismos de cooperación internacional como la Misión de la ONU (Fact-Finding Mission), para que puedan haber garantías de avance en la investigación y control de violaciones sistemáticas de derechos humanos. 

En el espacio de discusión promovido por Global Center for the Responsibility to Protect, International Service of Human Rights, FIDH, CEPAZ, Freedom House, Provea, CDH Unimet, CDH Ucab y Amnistía Internacional se expusieron datos que evidencian la falta de interés por parte del Estado venezolano en escuchar y acatar las recomendaciones de la comunidad internacional en materia de derechos humanos. 

En miras de un proceso electoral, se hace aún más necesaria la presencia de la Misión en Venezuela

Sara Fernandez, coordinadora de incidencia internacional del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) resaltó que de 43 recomendaciones, desde 2019 “el Estado venezolano no ha cumplido a cabalidad con ninguno de ellos En 33 recomendaciones, mantuvo, “se ha producido un aparente retroceso, en especial las referidas a las detenciones arbitrarias, la separación de poderes, la situación del arco minero del Orinoco y los derechos económicos, sociales y culturales”. 

La designación del nuevo Tribunal Supremo de Justicia, según expresó, 60% de los ex magistrados fueron reelegidos, 85% pertenecen a grupos progubernamentales y 55% son personas con sanciones de la UE, EE. UU. o Canadá. 

Sara explicó la relevancia de que el mandato sea renovado por 2 años más, en el contexto de las elecciones presidenciales de 2024 ya que “los patrones de persecución por parte de las autoridades nacionales aumentan en época electoral. Tener el mandato de la FFM tendría un impacto importante en la protección del espacio cívico en el país (…) durante este momento crítico”. 

“No podemos cerrar los ojos”

Alessandra Pinna, directora de Latin America and Caribbean Programs de la organización Freedom House, resaltó en su intervención los hallazgos que se han obtenido gracias a las investigaciones de la FFM como los patrones de persecución que se han venido implementando por parte de los órganos de seguridad del Estado. 

Asimismo explicó que la Misión no hace un trabajo de manera individual sino que necesita de los otros mecanismos: ACNUDH y Corte Penal Internacional (CPI) establecidos  en Venezuela y que ninguno duplica sus obligaciones, más bien se complementan. 

Así como es alarmante la falta de respuesta por parte del Estado, también preocupa la designación de un nuevo encargado de la Oficina del Alto Comisionado, según manifestó el Director Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB) Eduardo Trujillo, por lo que hay que reunir esfuerzos para mantener a Venezuela en la agenda internacional. 

Ante la perspectiva de los tres expertos, debe mantenerse una estrategia en defensa de la renovación de la FFM, por medio de una resolución igual a la presentada anteriormente, que nos garantice tener informes periódicos sobre la situación y un monitoreo que sirva de contención. Es necesaria la renovación de la Misión de la ONU ante el riesgo de que sigan ocurriendo violaciones de derechos humanos en Venezuela. 

Foto cortesía ISHR