La Misión de Determinación de los Hechos: ¿debería prorrogarse su mandato?

Bajo un consenso absoluto sobre la necesidad de que se renueve el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela, se desarrolló el Side Event: La Misión de Determinación de los Hechos: ¿debería prorrogarse su mandato? este martes 15 de marzo de 2022, en miras de generar consideraciones para los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Un primer informe emitido por la Misión de la ONU en septiembre de 2020 expuso los motivos razonables que existen para determinar que las autoridades y altos mandos en el Gobierno de Venezuela han planificado y ejecutado graves violaciones de los derechos humanos, de las cuales algunas, incluso, constituyen crímenes de lesa humanidad. En 2021, un análisis más específico del sistema de justicia en Venezuela, concluyó que es imposible alcanzar justicia independiente en estos momentos por parte de las víctimas y la corrupción sigue siendo la principal causa. 

“La existencia misma de la Misión de Determinación de los Hechos es una reivindicación de los derechos de las víctimas y de la necesidad que tiene el país de evitar que las violaciones de DDHH y los crímenes de lesa humanidad caigan en el olvido”.  Con estas palabras inició el debate Carolina Jimenez, directora de The Washington Office on Latin America (WOLA) y dio la bienvenida a los expertos invitados. 

De igual forma Katya Salazar, directora de DPLF reiteró, como abreboca al evento, que “el trabajo de la Misión de Determinación de los Hechos ha seguido los más altos estándares para la investigación de DDHH y sus informes han evidenciado la falta total de independencia del Poder Judicial en Venezuela”. 

“La Misión ha permitido salvar vidas” 

Los mecanismos de monitoreo manejados por la Misión de Determinación de los Hechos favorecen el establecimiento de las responsabilidades del Estado y de individuos que ejercen hoy el poder en Venezuela,  expuso Calixto Ávila de Provea. 

Para entender la relevancia de que estos mecanismos se mantengan, Ávila señaló que para el año 2021 se cometieron 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, según una investigación de Lupa por la Vida. Aun cuando siguen siendo alarmantes, estas cifras se han visto disminuidas, lo que hace evidente el importante rol que ha jugado la Misión con sus investigaciones y sus informes. “Al final, han terminado salvando vidas en el país” expuso. “Renovar su mandato permitirá mantener una presión sobre las cadenas de mando y los más altos responsables”.

Bajo la misma óptica, Ronnie Boquier de COFAVIC, reiteró la necesidad de que se sigan visibilizando y documentando los casos bajo estándares rigurosos de investigación. “Es indispensable la construcción de la memoria y mantener la esperanza viva de centenares de víctimas que consiguen impunidad en la justicia interna, pero confían en estos mecanismos internacionales”. 

“El cierre del espacio cívico en Venezuela es cada vez mayor, así como la persecución a las organizaciones que defienden derechos humanos, por lo que las víctimas también tienen miedo de hablar, pero la Misión es un espacio donde han podido depositar sus testimonios”. 

“La justicia es una mercancía en Venezuela”

La directora de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, expuso tres razones por las que Venezuela necesita renovar el mandato de la Misión en septiembre: “La primera es porque Venezuela necesita verdad y justicia” señaló destacando que el interés económico, el control discrecional y la necesidad de mantener la impunidad han sido las causas principales de las violaciones de derechos humanos en el país. 

“Sabemos que la Corte Penal Internacional (CPI) está haciendo una investigación, pero se requiere de un equipo que pueda sumar y aportar a los hallazgos que se vienen realizando”. Las estructuras del control de mando, según mantuvo De Freitas, no han cambiado sus formas, sus normas y la información que presentan. Mantienen la opacidad y discrecionalidad y los vínculos con grupos de poder y grupos ilícitos”. 

“Hemos podido identificar patrones de persecución”

Una de los más valiosos hallazgos que la sociedad civil venezolana ha logrado conocer gracias a los informes de la Misión, y como resultado de sus investigaciones, ha sido, según expresó Sara Fernández del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) el poder identificar y comprender diversos patrones de persecución de autoridades estatales específicas como el SEBIN y el DGCIM, e incluso particulares utilizados por el Estado para reprimir a disidentes. 

La cadena de persecución, según destaca Fernández, “usualmente comienza por una estigmatización de la victima por parte de los mas altos funcionarios incluyendo al Presidente, continua con privación arbitraria de libertad, tortura o tratos crueles en los centros de detencion y en algunos casos incluso ha culminado con la muerte en custodia. El primer informe de la Misión nos permitió comprender que esta secuencia de hechos era reiterada”. 

La existencia de la Misión, no solo ha enviado un mensaje claro a las autoridades venezolanas de que existirá determinación de responsabilidades a nivel internacional, sino que les ha dado a las víctimas un sentimiento de que es posible conseguir justicia después de haberse sentido totalmente frustradas ante el encubrimiento por parte del Poder Judicial a nivel nacional.

Otro aspecto importante que destacó el director del Monitor de Derechos Humanos, Fernando Fernández, fue la profundidad de las investigaciones a las que puede tener acceso un mecanismo como la Misión, que resulta imposible para otras organizaciones, por razones de seguridad personal. “Estos informes mantienen la memoria histórica de los hechos” continuó Fernández.  

“Venezuela debe permanecer en las agendas internacionales”

“La Misión de Determinación de los Hechos es esencial, especialmente de cara a la decisión de la Fiscalía de la CPI de abrir una investigación sobre Venezuela” afirmó Jan-Michael Simon de Max Planck Institute. 

Puntualizó las razones por las que el mandato de la Misión debe  ser separado de las responsabilidades de la oficina de ACNUDH en Venezuela “Por un lado estas situaciones requieren un rol activo de ACNUDH en el terreno de la comparación estrecha con el Estado y por el otro lado requiere la determinación de responsabilidades con miras a asegurar la justicia”. 

Todos los panelistas coincidieron en que la renovación del mandato de la Misión de Determinación de Hechos en Venezuela es de suma importancia, no solo como garantía de justicia para las víctimas, sino para que prevalezca la coordinación y documentación de hechos como registro para otras realidades similares. 

La sociedad civil, por su parte, ha sido un motor especial en las investigaciones dada la falta de acceso al terreno y por eso es fundamental que se sigan generando mecanismos que visibilicen las agresiones y respaldan la protección de los defensores de derechos humanos en Venezuela ya que, en esa medida, según aseguran los expertos, el camino hacia la obtención de justicia podrá ser más accesible.