La situación en Venezuela representa uno de los mayores desafíos a la democracia y los derechos humanos en las Américas, con las fuerzas de seguridad venezolanas y los grupos armados progubernamentales responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Estos abusos se ven reforzados por la falta de rendición de cuentas.
La Misión Independiente Internacional de determinación de los hechos de las Naciones Unidas concluyó en septiembre de 2021 que las instituciones judiciales del país han sido cómplices en los esfuerzos por reprimir a supuestos oponentes políticos y que han ignorado violaciones de derechos humanos de manera sistemática.
A medida que el gobierno estadounidense trabaja para avanzar en las negociaciones políticas entre el gobierno autoritario de Nicolás Maduro y la oposición del país, siguen existiendo preguntas sobre si estas conversaciones podrían ayudar a abordar el sistema judicial disfuncional y cooptado de Venezuela.
Las reformas judiciales recientemente anunciadas por el gobierno han sido superficiales y arbitrarias, y sólo subrayan el hecho de que una solución pacífica y democrática a la crisis venezolana también exigirá un fin a la impunidad. Con intervenciones por Beatriz Borges de CEPAZ, Carlos Lusverti de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), y Laura Louza de Acceso a la Justicia. Conversación moderada por Geoff Ramsey de WOLA.
