Intervención de la Alta Comisionada en 47° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (21 de junio – 13 de julio de 2021)

Intervención de la Alta Comisionada en 47° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (21 de junio – 13 de julio de 2021)

“En este día de la independencia de Venezuela, reitero mi compromiso junto con el de mi oficina de seguir prestando nuestro apoyo a la plena realización de los ddhh en el país. Confío en que pronto avancemos hacia el establecimiento de una oficina de país en Venezuela. 

Mi último informe, presentado la semana pasada, ofrece una visión general de los últimos desarrollos acerca del estado de derecho y del espacio democráticos, así como una evaluación de la implementación de mis recomendaciones anteriores. En septiembre presentaré un informe complementario. 

Saludo las nuevas iniciativas presentadas por el gobierno, incluyendo las reformas de la policía y de la justicia, el trabajo de las comisiones recién creadas guiará el camino a ser recorrido que esperamos conduzca a resultados significativos y eficaces de acuerdo con los estándares de derechos humanos. Mi oficina está dispuesta a acompañar estos esfuerzos. 

Señalo en mi informe la tendencia a la baja de las muertes en el contexto de las protestas y en las operaciones de seguridad, sin embargo, una sola muerte ya es demasiado. 

La reforma de la policía es la ocasión de marcar una cambio significativo y sostenible hacia una mayor protección de los derechos humanos y la prevención de las violaciones de los mismos. Es una oportunidad para reforzar los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, fortalecer la profesionalización y formación de los miembros de los cuerpos de seguridad. 

Por otro lado, continúan las protestas sociales hacia un acceso cada vez más difícil a los servicios básicos, efectivamente las desigualdades socioeconómicas preexistentes se han visto agravada por el impacto de las sanciones sectoriales unilaterales y la pandemia de la COVID 19. En consonancia con recientes anuncios, insto a que se continúe los esfuerzos que llevan al levantamiento de las sanciones unilaterales y contribuyan a aliviar la situación de la población del país. 

El personal sanitario se ha manifestado repetidamente en favor de condiciones de trabajo adecuadas y seguras y del acceso a la vacunación, alegando a la insuficiencia de equipos de protección personal, la falta de pago de los salarios y las condiciones insalubres. Se calcula que más de una quinta parte de los muertos por Covid 19 en el país han afectado a trabajadores sanitarios. La vacunación debe ser accesible para todos.  

En consonancia con el espíritu de las reformas anunciadas, es urgente continuar avanzando con los procesos judiciales de rendición de cuentas por las muertes en el contexto de las protestas de los últimos años. En este sentido saludo los avances contra la impunidad incluyendo la reciente condena de un agente de policía por el asesinato de César Pereira durante una protesta en 2017. Los procedimientos judiciales sistemáticos en casos similares, incluyendo la consideración de la responsabilidad de la cadena de mando reflejarían la voluntad firme de llevar a los perpetradores entes la justicia. Mi oficina está trabajando para apoyar estos esfuerzos. Hemos trabajado con la fiscalía general de la República tener acceso a los expedientes de casos de violaciones de derechos humanos y confío en que pronto mis equipos puedan tener acceso a las audiencias judiciales. 

Las condiciones de detención siguen siendo preocupantes, aún más en el contexto de la pandemia del Covid 19. Hago un llamado para que se garantice a todas las personas privadas de libertad el acceso a una alimentación adecuada, agua, saneamiento y atención sanitaria de acuerdo con las reglas de Mandela. La reciente declaración del presidente Maduro en la que reconoce los problemas de detención y se compromete a tomar medidas para mejorar la situación es alentadora. Acojo con satisfacción el inminente cierre de todos los centros de detención gestionados por los servicios de inteligencia, como ha anunciado el presidente. 

Aliento que se produzcan con prontitud los traslados de todos los detenidos  a centros con mejores condiciones para los reclusos. Insto a las autoridades a que mantengan una comunicación transparente y proactiva con familiares y defensas legales durante todo este proceso.

Hasta el día de hoy, mi equipo ha visitado 8 estados, y sigue haciendo vistas a centros de detención. 26 hasta el momento incluyendo una visita la semana pasada al centro de detención del SEBIN con entrevistas individuales y confidenciales a detenidos. El plan para reducir el número de presos en detención preventiva es otra iniciativa a destacar en el marco del diálogo de mi oficina con las autoridades de salud, las cuarenta liberaciones y las medidas humanitarias de casos individuales documentados por mi oficina desde mi actualización en el mes de marzo. Sigo instando a que se conceda libertad plena a todas las personas detenidas arbitrariamente. 

Llamo también a que se estudien medidas alternativas para reducir el hacinamiento, así como a la aplicación de medidas humanitarias a los detenidos con un cuadro médico serio. 

En mi informe también señalo las continuas turbaciones relacionadas con el debido proceso. Hay que garantizar el derecho a un juicio justo y sin demoras indebidas, incluidos el acceso sin restricciones a una defensa legal de elección propia, la presunción de inocencia y un tribunal independiente, imparcial y transparente. Sin duda la confianza en el sistema judicial se construye mediante la aplicación sistemática de estas garantías. 

Excelencias: el reciente nombramiento del CNE prepara el camino para los procesos electorales regionales y locales previstos para el mes de noviembre. Apoyo las iniciativas para establecer un diálogo directo entre las autoridades y la sociedad civil como medidas necesarias para fomentar la confianza.

Sin embargo, las restricciones al espacio cívico siguen siendo motivo de precaución. Resalto en particular la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes, sobre todos hacia la sociedad civil, los medios de comunicación y los miembros de la oposición. Desde junio de 2020 hasta mayo de este año, mi oficina documentó 97 incidentes de este tipo relacionados con personas defensoras de los ddhh, muchas acusadas de delitos penales por formas legítimas de participación cívica. Estas son señales de reducción del espacio cívico y de la agudización de la polarización. El arresto de 3 miembros de Fundaredes hace sólo 3 días es un ejemplo preocupante. Aprovecho mi intervención para solicitar el acceso urgente de abogados defensores de su elección. 

Cualquier desarrollo legislativo o reglamentario debe tratar de reforzar las medidas de fomento de la confianza y a la toma de decisiones inclusiva. Animo a las autoridades a continuar revisando el actual marco legal en aspectos concretos sobre la implementación de una fiscalización desproporcionada a la sociedad civil y vinculación de actividades humanitarias y de derechos humanos con el terrorismo. Saludo los recientes esfuerzos realizados para atender algunas de mis anteriores recomendaciones, e insto a que continúen. 

Igualmente saludo el compromiso de las autoridades a colaborar con mi oficina y sigo tendiendo la mano para que mi oficina y yo acompañemos la aplicación verdadera de las reformas anunciadas para lograr mejoras concretas de los derechos humanos en Venezuela. Muchas gracias señora vicepresidenta.”