Informe de ONG venezolanas refleja que la situación planteada por el Alto Comisionado configura un empeoramiento sistemático de derechos humanos

En fecha 28 de junio de 2024, fue publicado el Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Venezuela de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se espera sea presentado oficialmente ante el Consejo de Derechos Humanos por el propio Volker Türk, el próximo 4 de julio de 2024.  El reporte destaca casos de violaciones graves de derechos humanos y el uso del aparato represivo del Estado. Entre ellos, se mencionan preocupaciones sobre la Ley Antisociedad, detenciones de 15 miembros de partidos políticos, 28 casos de detenciones arbitrarias y otros 11 de posibles desapariciones forzadas, las irregularidades en el traslado, los malos tratos y posibles torturas que están teniendo lugar en la cárcel Rodeo I y violaciones al debido proceso, acceso a la justicia y a la reparación por parte de autoridades gubernamentales e instituciones de justicia, entre otros sucesos.

Vistas estas importantes denuncias, queda claro que existe un claro empeoramiento del cuadro de violaciones graves y sistemáticas que configuran la continuación de los patrones de persecución y criminalización a distintos actores y sectores en un contexto electoral.

No obstante, por otro año consecutivo, a pesar de tener un mandato específico que se lo impone, el informe guarda silencio sobre la evaluación del cumplimiento de recomendaciones que progresiva y exhaustivamente la Oficina le ha emitido al Estado con la finalidad de brindarle los pasos que debe tomar para afrontar la problemática de derechos humanos. Igualmente, las recomendaciones dadas en este informe no presentan la contundencia que ameritan, en virtud de la realidad y la profundidad de las violaciones presentadas.  

Frente a ello, la sociedad civil ha buscado cubrir esos vacíos. El Informe titulado “Incumplidas. Otro año de mora en el cumplimiento de recomendaciones de Naciones Unidas” es resultado del esfuerzo y colaboración colectiva entre organizaciones que conforman la coalición de Justicia y Verdad. El informe resalta y constata cómo a pesar de los distintos esfuerzos desplegados por el Estado venezolano para transmitir una imagen de apertura y colaboración con la comunidad internacional y sus distintos mecanismos, en la realidad, este sigue manteniendo una política de no cooperación e incumplimiento sostenido respecto a sus obligaciones internacionales.

A través de este documento, se expone la falta de implementación de las recomendaciones contenidas en los informes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión Internacional para la Determinación de los Hechos, haciendo énfasis en el incumplimiento de:

  1. La adopción de medidas efectivas para proteger a defensores de derechos humanos, medios de comunicación, líderes indígenas y activistas contra acoso e intimidación.
  2. Garantizar la libertad de opinión, expresión, reunión pacífica, asociación y acceso a la información.
  3. Priorizar una agenda legislativa que promueva y proteja los derechos humanos, derogando leyes restrictivas y asegurando su compatibilidad con estándares internacionales.
  4. Liberar a todas las personas detenidas de manera ilegal o arbitraria, aplicar la detención preventiva de manera excepcional con estándares internacionales y realizar revisiones judiciales sistemáticas para asegurar detenciones legales y sin violaciones de derechos.
  5. Asegurar que las personas detenidas comparezcan ante tribunales competentes dentro de las 48 horas establecidas por la ley, y garantizar la representación legal de elección libre para los detenidos y eliminar obstáculos al derecho a la defensa.
  6. Poner fin a la práctica de desapariciones forzadas, eliminar la detención en régimen de incomunicación, recluir a los detenidos en centros oficiales y mejorar las condiciones de detención.
  7. Emitir directivas de alto nivel para prevenir tortura y suspender a responsables durante investigaciones por estos delitos, en aplicación del protocolo de Minnesota.
  8. Asegurar un ambiente propicio para elecciones libres y justas, respetando los derechos políticos de todos los ciudadanos, incluyendo la libertad de expresión y la participación equitativa de todos los partidos políticos y candidatos.

El análisis de esta falta de cooperación demuestra nuevamente que el grado de cumplimiento de recomendaciones pone a los derechos humanos en el centro de cualquier evaluación de las acciones del Estado venezolano de cara a permitir la superación de la crisis multidimensional que aflige al país y una eventual transición hacia la democracia. A su vez, este Informe, además de ser el resultado de un proceso de incidencia internacional arduo y complejo, también representa una valiosa hoja de ruta que señala las problemáticas que necesitan ser atendidas y trabajadas en Venezuela de forma urgente y necesaria. De esta manera, se destacan y profundizan cinco puntos que reflejan de forma exponencial las iniciativas represivas empleadas por el Estado venezolano en el último año:

  1. Esfuerzos desplegados para legitimar el cierre del espacio cívico y la persecución, a través de estrategias legislativas y judiciales para socavar el espacio cívico y perseguir a la sociedad civil organizada, haciendo uso de la cooptación de los poderes públicos y la falta de autonomía e independencia de los órganos que los conforman.
  2. Criminalización sistemática por motivos políticos y detenciones arbitrarias llevadas a cabo por el Estado en aplicación de un patrón de persecución en contra de opositores políticos, periodistas y activistas sociales, lo cual tiene implicaciones diferenciadas respecto a la integridad de los procesos electorales en Venezuela.
  3. Resurgimiento con fuerza de las desapariciones forzadas y otras formas de represión estatal severa como consecuencia del aumento de la actividad política y electoral de cara a las elecciones presidenciales pautadas para julio de 2024.
  4. Política estatal de torturar, infligir malos tratos o ejecutar extrajudicialmente a personas privadas de libertad. El informe documenta casos de tortura y maltrato a manos de agentes del Estado en perjuicio de personas sometidas a su custodia, señalando afectaciones diferenciadas por motivos de género.
  5. Falta de garantía de los derechos políticos de los venezolanos en el marco de las elecciones presidenciales a través de inhabilitaciones políticas arbitrarias, la represión contra candidatos opositores y obstáculos significativos para la inscripción en el registro electoral.  

El informe concluye señalando los principales retos y recomendaciones que deben tomarse en cuenta de cara al prometido regreso del equipo técnico de la Oficina del Alto Comisionado y la instalación de una Oficina de Cooperación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el país. Así, se espera que estas consideraciones sean tomadas en cuenta al evaluar los niveles de cooperación del Estado venezolano y su disposición de cumplir con sus obligaciones internacionales.

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