Informe de Amnistía Internacional
En Venezuela continuaron cometiéndose crímenes de lesa humanidad que quedaban impunes. Los poderes del Estado siguieron coordinándose para perseguir y castigar severamente la disidencia, real o percibida, frente al gobierno de Nicolás Maduro.
Cientos de personas sufrieron desaparición forzada o detención arbitraria, así como tortura y otras violaciones de los derechos humanos por ejercer alguna forma de oposición o crítica hacia el gobierno. Los procesos penales contra muchas de ellas avanzaron sin garantías judiciales, negándoseles una defensa de su propia elección, el acceso a la información sobre los cargos presentados en su contra o la comparecencia ante un tribunal independiente. Quienes defendían los derechos humanos y ejercían el periodismo continuaron siendo uno de los blancos centrales de la política represiva del gobierno.
Aproximadamente 7,9 millones de personas venezolanas habían abandonado el país desde 2015. La crisis humanitaria persistía: casi dos millones de personas dependían de la ayuda de organismos internacionales.
No se registraron avances en relación con los derechos sexuales y reproductivos. La población LGBTIQ+ y los pueblos indígenas seguían siendo discriminados y no hubo avances legislativos que promovieran sus derechos. La minería ilegal y la devastación ambiental seguían suscitando preocupación.
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