Incumplidas. Otro año de mora en el cumplimiento de recomendaciones de Naciones Unidas

A pesar de los diversos intentos de transmitir una imagen de apertura y colaboración, el Estado venezolano sigue manteniendo una política de no cooperación e incumplimiento de sus obligaciones para con la comunidad internacional y sus diversos mecanismos. Esta afirmación se mide con la falta de implementación de las recomendaciones elaboradas a través de los años por órganos y mandatos que han evaluado la crisis de derechos humanos en Venezuela y han producido valiosos remedios para afrontar y contrarrestar las falencias estructurales que han conducido al país a la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) y al cuadro de graves violaciones en el que se ha mantenido por al menos 8 años.

Como se ha sostenido en el pasado, el cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión Internacional para la Determinación de los Hechos, es un indicador sobre la cooperación genuina del Estado y su verdadera voluntad de transformar auténticamente la arquitectura institucional que promueve las sistemáticas violaciones de las y los venezolanos. Este informe busca demostrar, una vez más, que el grado de cumplimiento de recomendaciones pone a los derechos humanos en el centro de cualquier evaluación de las acciones del Estado venezolano y permite una determinación más acertada sobre su nivel de compromiso con sus obligaciones internacionales y la disposición de permitir la superación de la crisis y una transición realmente democrática.

Este análisis cobra aun mayor importancia en el contexto electoral, y le da efectividad al trabajo que han realizado la OACNUDH y la MIDH durante años de monitoreo, orientado a apoyar la resolución del conflicto político y la situación social, de derechos humanos y humanitaria que afecta al país.

En un primer lugar, se ratifica los argumentos que fueron presentados en el último informe de seguimiento de recomendaciones publicado en junio 2023, toda vez que los eventos reportados y el análisis realizado en relación con las recomendaciones destinadas a reformar y fortalecer el sistema de justicia y de protección y reparación a víctimas, se mantiene vigente. Ello significa, que nada realmente ha cambiado, o, mejor dicho, mejorado.

Tomando ello en consideración, el objeto de este informe no es hacer un examen individual de las recomendaciones, contrastándolas con hechos recientes que demuestren su incumplimiento, pues, ello ya ha sido debida y satisfactoriamente analizado en el pasado. Mediante este documento se buscará revelar cómo acciones muy concretas que ha impulsado el Estado en el último año, pasan por alto el conjunto de medidas que ha debido emprender de conformidad con el análisis experto de los mencionados mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas y que en última instancia también reflejan en buena medida el incumplimiento de las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado y que le son completamente exigibles. Para así demostrar que, en el marco de su política de Estado, las autoridades venezolanas ignoran y rechazan la voz de la OACNUDH, de la MIDH y por tanto de las Naciones Unidas, de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil.

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