La Alta Comisionada alertó sobre la situación de violencia contra las mujeres venezolanas

En el marco del 48° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentó el 13 de septiembre su informe sobre la situación de los derechos humanos y la asistencia técnica en Venezuela.

En este informe la Alta Comisionada alertó sobre el empeoramiento de las violencias basadas en género en Venezuela, destacando particularmente la situación de la salud sexual y reproductiva. Incluyendo el acceso limitado a anticonceptivos, la escasez de medicamentos y tratamientos, equipos médicos y suministros de higiene. Lo que trae como consecuencia el aumento de las tasas de embarazo en adolescentes, una atención prenatal y neonatal insuficiente y el aumento de la mortalidad materna.

En atención al desarrollo progresivo de los derechos a la salud sexual y reproductiva, la Alta Comisionada hace un llamado a la despenalización del aborto en Venezuela.

Contexto migratorio

Asimismo, destacó la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres, niños y niñas frente al contexto migratorio. En este sentido, advirtió sobre el aumento de migrantes y refugiados que cruzan a los países vecinos a través de rutas irregulares, exponiéndose a la falta de acceso de alimentos, de agua, a la violencia, a la explotación y abusos sexuales y laborales y a la trata de personas. Frente a las consecuencias de este fenómeno migratorio, la Alta Comisionada destacó el impacto diferenciado en las mujeres, niños y niñas.

Aún más, Michelle Bachelet reconoció la importancia de la ayuda del sistema de las Naciones Unidas para atender a las personas retornadas en Venezuela, quienes se vieron obligados a salir de sus países de acogida a causa del impacto de la pandemia. Sin embargo, en este contexto alertó sobre la existencia de desafíos vigentes en el abordaje de las necesidades específicas de las mujeres.

Aumento de los femicidios

Aunado a la situación de violencia contra las mujeres que ha denunciado la Alta Comisionada en su informe, relacionada con la falta de medidas con perspectiva de género para atender las necesidades particulares de las mujeres que se agudizan en medio de la emergencia humanitaria compleja,  y además la falta de medidas para erradicar los tipos de violencias que se producen en los procesos migratorios, queremos resaltar también la expresión más extrema de violencia que se configura con el femicidio.

Desde el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz, Cepaz, documentamos 125 femicidios ocurridos en Venezuela en los primeros seis meses del año 2021En el mismo periodo hubo 49 femicidios de mujeres venezolanas en el exterior.

Estado negligente

Este contexto de discriminación y otros tipos de violencias, incluyendo las alarmantes cifras de femicidios que ocurren en Venezuela en muchas ocasiones bajo total impunidad,  dan cuenta  de la presencia de un Estado que ha sido negligente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de género, respecto a las deficiencias en la toma de medidas que tengan como finalidad la erradicación de las violencias basadas en el género, pero también en las acciones discriminatorias, que no ha permitido que se tomen medidas que respondan a las necesidades particulares de las mujeres.

Bajo este patrón de incumplimiento del Estado de sus obligaciones, la Alta Comisionada instó al Estado venezolano a adoptar los reglamentos y protocolos necesarios para asegurar el cumplimiento de todos los derechos y obligaciones consagrados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y también a adoptar medidas efectivas para ayudar y proteger a las víctimas, incluidas las mujeres y los niños, frente a todas las formas de violencia.

Desde el Centro de Justicia y Paz, Cepaz, reconocemos los esfuerzos de la Oficina de la Alta Comisionada al documentar y visibilizar la situación de violencias basadas en el género que aún persisten en Venezuela, y que son la consecuencia de la falta de políticas públicas que combatan las desigualdades de género y las brechas estructurales, aunado a la  inoperancia de un sistema de prevención, protección y justicia que atienda a las víctimas, que reduzca los índices de impunidad y finalmente resulte en la erradicación de la violencia.