Incertidumbre respecto al retraso del examen preliminar de la CPI en Venezuela

Valentina Ballesta, investigadora de Amnistía Internacional sobre Venezuela, destaca los motivos de preocupación respecto a la seguridad de las víctimas y de las personas que defienden los derechos humanos a causa del retraso de la Fiscalía en anunciar el resultado de su examen preliminar, y las repercusiones negativas adicionales que tendría la decisión de hibernar la posible investigación.

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La exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, informó en diciembre de 2020 que había hallado motivos razonables para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y que determinaría si abrir una investigación antes de que concluyera su mandato en junio de 2021.

El 15 de junio de 2021, en su carta de despedida, la fiscal saliente manifestó que había tomado una determinación final sobre el examen preliminar y que había estado preparando el anuncio de las conclusiones de la Fiscalía pero, en debida deferencia a la Sala de Cuestiones Preliminares (que se había apoderado de la competencia al recibir una petición confidencial de Venezuela), había decidido esperar a la determinación de la Sala antes de hacer ningún nuevo anuncio.

Posteriormente, un documento de la Fiscalía hecho público el 10 de agosto de 2021 reconoció que la petición del gobierno venezolano a la Sala de Cuestiones Preliminares se había rechazado in limine, y que la determinación de que en Venezuela se habían cometido delitos competencia de la Corte se entregaría al fiscal entrante para que la examinara y tomara una decisión final. Respecto a la complementariedad, el documento de la Fiscalía informa que la Fiscalía también había concluido que los casos potenciales que probablemente se derivaran de una investigación de estos presuntos delitos serían admisibles de acuerdo con el artículo 17.1.a-d del Estatuto.

Meses después del documento de la Fiscalía y de las declaraciones de Bensouda, la Fiscalía aún no ha anunciado el resultado del examen preliminar de Venezuela ni su determinación de si abrirá o no una investigación. Esta falta de noticias ha causado una considerable incertidumbre, y ha dejado a las víctimas, las personas sobrevivientes de violaciones de derechos humanos y las personas que defienden los derechos humanos (que han apoyado el examen preliminar de la Fiscalía) expuestas a sufrir represión y persecución.

Un largo camino hacia la justicia

El último decenio se ha caracterizado en Venezuela por las graves violaciones de derechos humanos. Una emergencia humanitaria ha dejado a millones de personas en situación de inseguridad alimentaria y sin apenas acceso a servicios de salud y medicamentos, lo que ha impulsado a más de 5,6 millones de personas a huir del país. El Estado ha reprimido con frecuencia a las personas disidentes que se han quedado en el país, como medio de silenciar cualquier tipo de crítica.

Las fuerzas de seguridad y los grupos armados progubernamentales han aplicado esta política de represión, haciendo uso de fuerza excesiva, detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales contra personas presuntamente opositoras al gobierno.

Las organizaciones locales e internacionales han informado ampliamente de estas violaciones de derechos humanos, mientras que los mecanismos de vigilancia internacionales, como la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, de la ONU, han concluido que pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

A estas violaciones de derechos humanos y estos delitos de derecho internacional de carácter sistemático les ha seguido una impunidad desbocada. En los pocos casos que se están investigando no se ha considerado la responsabilidad de la cadena de mando, ni tampoco el carácter generalizado y sistemático de los delitos.

Además, una serie de organizaciones y organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han declarado que el sistema de justicia de Venezuela no se puede considerar imparcial, y que el poder ejecutivo interviene a menudo en la administración de justicia. Recientemente, la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, de la ONU, publicó un informe en el que manifestaba que tenía “motivos razonables para creer que el sistema de justicia ha jugado un papel significativo en la represión estatal de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos”. El informe concluía que “[e]n general, el Estado no ha adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos, combatir la impunidad y reparar a las víctimas mediante investigaciones y enjuiciamiento domésticos”.

Ni siquiera el temor a los procedimientos penales internacionales ante la CPI ha llevado a que se introduzcan reformas suficientes o creíbles en el sistema judicial con el fin de que éste se considere un remedio válido y legítimo para la impunidad en el país.

Este es el motivo que ha impulsado a buscar otros mecanismos de rendición de cuentas que no estén sujetos a la injerencia del gobierno venezolano y puedan no sólo ofrecer la esperanza de lograr verdad, justicia y reparación, sino también finalmente garantizar la no repetición de esos delitos. La justicia internacional podría ser la última esperanza de las víctimas y sobrevivientes de las más atroces violaciones de derechos humanos.

Una senda a la justicia abierta por el movimiento de derechos humanos

Sin otra forma de justicia disponible en el ámbito nacional, las ONG locales, las personas que defienden los derechos humanos, las víctimas y las personas sobrevivientes de violaciones de derechos humanos empezaron a buscar otras opciones para hacer rendir cuentas a los responsables y llevar una nueva esperanza al país.

El movimiento de derechos humanos de Venezuela se volvió de forma natural hacia el sistema de protección regional: la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro ya había establecido una estrategia para eludir estos mecanismos, y había reducido las posibilidades de víctimas y sobrevivientes de conseguir justicia. Por ejemplo, las autoridades venezolanas han denunciado la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en un intento por excluir a Venezuela del escrutinio de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos

En febrero de 2018, la Fiscalía de la CPI decidió abrir un examen preliminar sobre los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos desde, al menos, 2017. En septiembre de ese mismo año, la remisión por parte de varios Estados Partes del Estatuto de Roma en relación con la situación en Venezuela afirmó la necesidad de un examen preliminar de la CPI y modificó su naturaleza y los procedimientos subsiguientes. No obstante, la Fiscalía seguía necesitando evaluar hechos y casos, y procesar la mayor cantidad de información posible para determinar la jurisdicción, la admisibilidad y el interés de la justicia para abrir una investigación.

Además, la aportación y participación de partes interesadas locales es esencial para los esfuerzos de la Fiscalía por conseguir que se rindan cuentas por los delitos cometidos en Venezuela. De hecho, las organizaciones locales encabezadas por víctimas, sobrevivientes y personas que defienden los derechos humanos han señalado a la CPI como la única vía para disuadir de las violaciones de derechos humanos, y aunque esa es una expectativa alta, resultaría un esfuerzo inútil si la comunidad internacional no considerara a la CPI como un mecanismo disuasorio frente a las atrocidades.

Aunque la senda hacia la justicia está aún trazándose, una de las pocas esperanzas de llegar a término es mediante una investigación formal de la CPI y haciendo que se investigue formalmente a los altos cargos por su participación en crímenes de lesa humanidad.

Limbo tras limbo

Hace sólo unos meses, el impulso que la exfiscal, Fatou Bensouda, había dado a la lucha contra la impunidad con el anuncio de que su oficina había tomado una determinación tuvo un impacto positivo en Venezuela.

Aunque inefectivas, algunas de las medidas anunciadas por el gobierno fueron esfuerzos por presentar mejoras con presuntas reformas que cambiarían la situación de los derechos humanos sobre el terreno, y el traslado de las personas detenidas arbitrariamente a prisiones “comunes” en lugar de su reclusión en centros de detención ilegales dirigidos por los servicios de inteligencia. Pese a las reformas que podrían existir sólo sobre el papel, estaba claro que el gobierno estaba intentando desesperadamente transmitir una imagen conciliadora abordando el principio de complementariedad, con la esperanza de evitar que la Fiscalía abriera una investigación.

Estas reformas, semanas antes de que concluyera el mandato de Fatou Bensouda, demostraron que las autoridades venezolanas realmente temían lo que podría depararles la justicia internacional independiente.

Unos días antes del plazo límite que la exfiscal se había autoimpuesto para anunciar la decisión de la Fiscalía, las autoridades de Venezuela presentaron una solicitud de control judicial sobre el examen preliminar, alegando que la Fiscalía actuaba de manera no conforme con el derecho internacionalmente reconocido de Venezuela al debido proceso.

Tal como se ha expuesto más arriba, la Sala de Cuestiones Preliminares rechazó esta petición in limine el 14 de junio de 2021. Sin embargo, el litigio aparentemente impidió a Fatou Bensouda hacer una declaración respecto a si se abría o no una investigación sobre Venezuela, y la Fiscalía decidió aplazar el anuncio que estaba preparando hasta que se hiciera pública la sentencia. En el momento de redactar estas líneas, la Fiscalía aún no había publicado su decisión a pesar de haber declarado públicamente que los casos potenciales que probablemente se derivarían de una investigación sobre la situación serían admisibles en términos de inacción.

Estos sucesos han dejado el examen preliminar de Venezuela en un estado de incertidumbre. Como declaró la exfiscal, la Fiscalía ha tomado una decisión, y ahora es sólo cuestión de tiempo que el nuevo fiscal la anuncie. No obstante, las cosas no son tan sencillas, y parece que las autoridades venezolanas han conseguido retrasar la apertura de una investigación, y han dejado el examen preliminar en el limbo.

Tal como han debatido colegas en artículos anteriores, esos retrasos afectan directamente a la sensación de justicia, esperanza y disuasión que la CPI podría aportar a situaciones en las que la justicia internacional es la denominada “luz al final del túnel”. La reciente propuesta de la Revisión de Expertos Independientes de la CPI, según la cual la Fiscalía debería restar prioridad a las investigaciones e hibernarlas para evitar restricciones de financiación, podría poner la justicia internacional fuera del alcance.

En el caso de Venezuela, la realidad es que las autoridades parecen haber conseguido llevar el examen preliminar a una hibernación hecha a medida, incluso antes de que la Fiscalía haya decidido públicamente si abre la investigación o le resta prioridad. Esta conclusión podría extraerse también del presupuesto propuesto para 2022 para la CPI (publicado el 16 de agosto de 2021), que da por supuesto que el examen preliminar de Venezuela continuará en 2022, junto con otros exámenes igualmente “concluidos” sobre Nigeria y Ucrania.

Consecuencias tangibles de los retrasos

Aunque se puede estar o no de acuerdo con la decisión de la exfiscal Bensouda de aplazar el anuncio sobre el examen preliminar de Venezuela, el hecho es que este limbo pone sobre la mesa condiciones nuevas, concretas… y preocupantes.

Tal como ya hemos mencionado, las víctimas y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos y las personas que defienden los derechos humanos son las que han presionado para que se buscara en la justicia internacional un remedio que proporcionara a la situación del país la atención adecuada que requiere. Sin embargo, la actual pausa en el examen preliminar, al igual que otros retrasos, ha suscitado una honda preocupación respecto a la seguridad de quienes han pedido abiertamente una investigación de la CPI.

Recientemente, las autoridades han emprendido una nueva oleada de represión de las organizaciones de la sociedad civil. Aunque comenzó a principios de año, esta oleada se ha intensificado en los dos últimos meses. Por ejemplo, el gobierno aprobó una norma administrativa en la que imponía nuevos controles gubernamentales y otorgaba a su órgano “antiterrorista” el mandato de supervisar las ONG. Este auge represivo se tradujo también en la detención arbitraria de miembros de una ONG local llamada FundaREDES, que ahora están siendo juzgados por tribunales “antiterroristas”. Amnistía Internacional y otras ONG locales han expresado su preocupación por el riesgo de que quienes han sido detenidos arbitrariamente sean víctimas de tortura y trato inhumano, ya que han sido sometidos a periodos de detención en régimen de incomunicación y desapariciones forzadas.

En lo que se refiere a la CPI, este limbo deja a las personas que defienden los derechos humanos en una situación de vulnerabilidad ante el poder de un Estado que está haciendo todo lo posible por detener los procedimientos penales contra quienes ocupan dicho poder. Resulta casi irónico que la hibernación de una situación por parte de la Fiscalía pueda tener exactamente el efecto contrario a la disuasión que se pretendía lograr cuando se creó la CPI. En lugar de proteger a víctimas y sobrevivientes, da a los perpetradores tiempo y espacio para consolidar la impunidad y erosionar cualquier esfuerzo por lograr justicia.

En el caso de Venezuela, la Fiscalía debe emitir cuanto antes la decisión que la exfiscal Bensouda y su oficina tomaron respecto al examen preliminar. Si se decidió que hay una base razonable para abrir una investigación, ésta debería abrirse sin demora ni hibernación. Cada día que pasa sin que se tome una decisión pone a víctimas, sobrevivientes y personas que defienden los derechos humanos en un mayor peligro de sufrir represalias. Quienes creen en la CPI como último recurso para la justicia han estado abriendo el camino para alcanzar esa justicia, pero, antes siquiera de que hayan tenido que enfrentarse a dolorosos debates sobre recursos y prioridades, las autoridades venezolanas han conseguido desviar su rumbo hacia un destino peligroso y desconocido.

Esta publicación forma parte de una serie completa de artículos de opinión de organizaciones de la sociedad civil sobre “el costo de las investigaciones hibernadas de la CPI” organizada por el Centro de Justicia Internacional de Amnistía Internacional y el World Federalist Movement/Institute for Global Policy.

La serie está disponible en https://hrij.amnesty.nl y https://www.wfm-igp.org. Síguenos en Twitter: @AmnestyCIJ y @worldfederalist.