En septiembre Cepaz registró 33 casos de persecución y criminalización en Venezuela

Durante el mes de septiembre, desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) registramos al menos 33 casos de persecución y criminalización.  Periodistas, reporteros y trabajadores de la comunicación, personeros políticos vinculados con la oposición al gobierno de Nicolás Maduro y la población en general son víctimas de un patrón de persecución aplicado de manera sistemática para silenciar, reprimir y controlar a quienes identifica como adversarios u opositores.

Patrones identificados

En el monitoreo y análisis de los 33 casos identificamos los siguientes patrones: un cierre de un programa de radio, tres allanamientos de viviendas, diez actos de amenaza y hostigamiento, el cierre de una emisora de radio a la que también se le incautaron equipos de trabajo. También la aprobación de un proyecto de ley abiertamente inconstitucional. Adicionalmente tres aperturas de investigaciones, nueve detenciones arbitrarias, tres inhabilitaciones políticas, y dos traslados de presos políticos bajo condiciones irregulares.

Persecución a periodistas, reporteros y trabajadores de la comunicación

De la totalidad de los casos de persecución y criminalización ocurridos en Venezuela, identificamos 13 actos de censura contra periodistas, reporteros y trabajadores de la comunicación. De manera disgregada registramos un cierre de un programa de radio por motivos políticos, dos allanamientos de viviendas contra dos humoristas que lideran un show en YouTube en donde son críticos al gobierno de Nicolás Maduro, ocho actos de amenazas y hostigamiento, incluyendo ataques a través de redes sociales e intimidaciones en persona por el desempeño de su labor periodística, un cierre de una emisora de radio a la que también se le incautaron equipos de trabajo sin conocer las razones de fondo que motivaron el cierre. Adicionalmente la aprobación en segunda discusión del Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público. Una ley inconstitucional, que lejos de abrir la posibilidad de que la población conozca la información de interés público, limita y condiciona el derecho a la información.

Persecución contra personeros políticos

Asimismo, durante el mes de septiembre registramos diez actos de persecución contra personeros políticos. Específicamente, un allanamiento de vivienda irregular y con evidentes motivos políticos contra los padres fallecidos de Juan Planchart, familiar de Juan Guaidó. Dos aperturas de procedimientos de investigación, uno contra un gobernador vinculado con la oposición y otra contra Juan Guaidó. Dos detenciones arbitrarias, una contra un alcalde mientras llevaba a cabo su campaña electoral, y la otra contra  un general de división que se encontraba recluido en un centro de salud tras ser diagnosticado con un tumor cerebral. Tres inhabilitaciones políticas en medio de un contexto electoral, incluso contra candidatos del Partido Comunista de Venezuela que en un primer momento se relacionaban con la alianza del partido del gobierno de Nicolás Maduroy por último documentados dos traslados de presos políticos de forma irregular, desde “La Tumba”, como suele ser llamada la sede del Sebin en Plaza Venezuela, hasta la sede del Sebin en El Helicoide.

Actos contra la población

Por otra parte, documentamos al menos diez actos de criminalización y control contra la población. Específicamente, dos actos de hostigamiento y amenaza, uno contra un obispo tras reclamar el impedimento de la entrada de ayuda humanitaria a la población de Mérida afectada por las lluvias, y otra contra jubilados y pensionados petroleros que reclamaban sus pagos atrasados. No fue posible identificar y cuantificar en términos numéricos las personas jubiladas que fueron víctimas de las amenazas y la represión.

Documentamos la apertura de un procedimiento judicial contra un dirigente sindical por denunciar la crisis hospitalaria que atraviesa el país. Así como siete detenciones arbitrarias contra trabajadores petroleros quienes fueron acusados de atentar contra la industria petrolera.

48° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: Persecución, criminalización y falta de independencia judicial en Venezuela

Durante el mes de septiembre y en el marco de la celebración del 48° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, presentó un informe de actualización sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.

También la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, dio a conocer las conclusiones de su segundo informe.

Informe de la Alta Comisionada

La Alta Comisionada reconoció en su informe la existencia de actos sistemáticos de persecución y criminalización ejercidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Resaltó procesos penales contra periodistas y científicos por investigar y publicar información sobre casos positivos de COVID, con datos incompatibles con los aportados por el gobierno. También destacó la criminalización ejercida contra las personas defensoras de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, incluyendo dirigentes sindicales y estudiantiles, y el uso excesivo de la fuerza para dispersar protestas, incluyendo actos de violencia y ejecuciones extrajudiciales en manos de las fuerzas de seguridad del Estado o de grupos armados civiles denominados “colectivos”.

En el informe se documentaron 17 violaciones a derechos humanos relacionadas a defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, cuatro casos de amenazas e intimidación, y 12 casos de detención arbitraria. Además ocho casos de amenazas y detenciones de estudiantes por participar en movimientos estudiantiles. Así como siete dirigentes sindicales y seis trabajadores(as) detenidos por ejercer la defensa de derechos laborales.

Informe de la Misión

Por su parte, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó un informe en el que destacó la falta de medidas por parte del Estado venezolano para remediar las violaciones de derechos humanos que ocurren en el país. Así como para combatir la impunidad y para reparar a las víctimas mediante investigaciones y enjuiciamientos nacionales.

A juicio de los integrantes de la Misión esto es consecuencia del deterioro progresivo del sistema de justicia. El mismo no responde a la protección de los derechos humanos de los venezolanos y tampoco actúa como un órgano de prevención de los crímenes que ha perpetrado el Estado contra diversos sectores de la población.

Señaló la Misión que los operadores de justicia lejos de cumplir con su obligación de proteger a las personas que son perseguidas políticamente, principalmente aquellas vinculadas con la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, se han convertido en cómplices de estos actos. Se han llevado a cabo detenciones y arrestos arbitrarios sin orden judicial, incluso emitiendo órdenes de aprehensión, prisión preventiva y acusaciones en hechos y pruebas que no implicaban actos delictivos y aún más ejecutando detenciones basadas en pruebas manipuladas u obtenidas mediante tortura o coacción.

Ambos informes dan cuenta de la crisis en derechos humanos que persiste en el país en un contexto de total impunidad. La Alta Comisionada, una vez más, ha reconocido y mostrado su preocupación por la existencia de patrones que persiguen, criminalizan y controlan a la población considerada enemiga o disidente al gobierno de Nicolás Maduro. Mientras que la Misión ha resaltado la falta de independencia del sistema de justicia y la perpetuación de la impunidad de las violaciones de los derechos humanos.

Desde Cepaz, observamos con preocupación la situación de desamparo judicial en la que se encuentran las víctimas, frente a la falta de independencia del sistema de judicial venezolano. Continuamos insistiendo en el rol que juegan los organismos internacionales de derechos humanos en documentar la grave situación del país, en exigir al Estado el respeto y garantía de los derechos humanos de la población venezolana, pero también en evolucionar en los criterios de acceso a la justicia ante los órganos internacionales frente a imposibilidad de encontrar justicia y reparación en el sistema de justicia interno.

Consulte el Monitoreo de persecución y criminalización de septiembre aquí