Continúa la opacidad del Estado en cuanto al femicidio, falta de tratamiento para hemofilia, violación de la Ley del TSJ, ejecuciones extrajudiciales en Bolívar y más en Boletín #227 de Crisis en Venezuela

En la edición #227 del boletín Crisis en Venezuela, la ONG Cepaz reporta que nueve niños quedaron huérfanos en febrero por los femicidios de sus madres; es decir, que en promedio hubo una acción femicida cada 28 horas en el país. La organización denuncia que existe completa opacidad por parte del Estado en relación a cifras que permitan caracterizar la magnitud de este problema; además que esta opacidad impide un diagnóstico preciso, la elaboración de planes preventivos y de atención a las víctimas.

Acción Solidaria denuncia que en Venezuela más de 3.000 personas hemofílicas viven con daños irreparables por la falta de tratamiento. Recuerda que en 2015, el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) suspendió la compra y el suministro de los factores de coagulación. Apenas en enero de 2022 se reactivó la compra. En casi siete años murieron 84 personas por falta de tratamiento y más de 3.000 viven con lesiones irreversibles. 

Transparencia Venezuela habla de la violación de la Ley del TSJ por parte de la AN al postergar designación de los nuevos magistrados que debió ser a finales de marzo de 2022.  Provea considera que el anuncio de que se establecerá una oficina de la Fiscalía de la CPI en Venezuela es una importante noticia, pues aunque el Estado venezolano ha mostrado su disposición a colaborar con la investigación en curso, aun cuando víctimas y organizaciones ponen en duda la existencia de una voluntad genuina, la cercanía de los funcionarios de la CPI hará más difícil la obstrucción de la justicia. 

Codehciu denuncia que en Bolívar continuaron las presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el primer trimestre de 2022, pues registró 21 casos durante el primer trimestre de 2022. La organización alerta que el Estado debe realizar investigaciones imparciales que determinen quiénes son los responsables de estas violaciones al derecho a la vida que dejan a tantas familias bolivarenses en luto. 
Defiende Venezuela dedica su reporte al retorno a la crisis eléctrica y recuerda que el acceso a la energía eléctrica es un postulado para el goce y ejercicio de los derechos humanos.  La ONG 

Acceso a la Justicia considera que la Fiscalía de la CPI pondrá a prueba voluntad de autoridades venezolanas para castigar crímenes de lesa humanidad, o al menos esa es la impresión que deja la decisión de esa instancia internacional de abrir una oficina en Caracas.

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