El primer test de la Argentina al frente del Consejo de Derechos Humanos

Por: Mariela Belski, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina

En apenas unos días, la Argentina enfrentará su primer test de peso en su nuevo rol internacional de 2022, al frente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra. Y lo hará con la lupa puesta sobre un capítulo plagado de necesidades postergadas en lo que refiere a la vigencia de los derechos individuales y colectivos en la región: Venezuela. Un debut con el que nuestro país pondrá a prueba la sólida tradición que lo condujo hasta este lugar de relevancia internacional y por la cual se comprometió a estar a la altura de las circunstancias.

Para la Argentina es una oportunidad única porque la presidencia del CDH la posiciona en el centro de la atención global en lo referente a los derechos humanos. Compuesto por 47 estados elegidos por la Asamblea General de la ONU, presidimos ahora el único órgano intergubernamental con mandato para abordar estas problemáticas en todos los países del mundo. Si bien todos los Estados observadores pueden participar en los debates y dirigir y negociar resoluciones, sólo los Estados miembros pueden votar las resoluciones. Y a la Argentina le corresponde conducir esos procesos con efectiva diplomacia.

Tras asumir en el cargo en diciembre pasado, nuestro representante en Ginebra, el embajador Federico Villegas Beltrán, indicó que el honor derivaba de haber sabido construir colectivamente un puente sólido entre nuestro pasado y nuestro futuro basado en la democracia y los derechos humanos. Ahora llega la primera oportunidad de dar cuerpo a esas palabras con acciones concretas y probar que la imparcialidad que trae aparejada dicha posición de modo alguno afectará el involucramiento, la participación y el posicionamiento firme del país en cuestiones clave de derechos humanos. Venezuela es nuestra prueba de fuego.

La nación sudamericana se someterá a su examen periódico universal en el organismo, un proceso que cumplen todos los Estados Miembros de la ONU cada cinco años y que implica una revisión integral de sus registros de derechos humanos. La 40° sesión del Grupo de Trabajo a cargo de este mecanismo tendrá lugar entre el 24 de enero y el 4 de febrero y abarcará a un total de doce países. Entre ellos, Venezuela -con cita para el martes 25-, reviste un carácter especial por las alertas que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha encendido y porque lejos de apaciguarse, la emergencia de su crisis sigue atrapada, desde hace años, en una espiral ascendente, signada por la ausencia de toda independencia judicial y la carencia consecuente de reparaciones.

No existe, en la actualidad, otro mecanismo universal como el EPU. Sin embargo, desde el último ciclo de revisión, la situación en Venezuela solo se ha agudizado de la mano de una emergencia humanitaria, a todas las luces, compleja, la falta de acceso a los derechos económicos y sociales para la gran mayoría de su población y el desplazamiento forzado de, al menos, 6 millones de personas durante los últimos años. Asimismo, la política de represión y los crímenes contra el derecho internacional persisten y existen mínimos avances para luchar contra su impunidad. Desde Amnistía Internacional hemos documentado y denunciado estos delitos aberrantes en más de una oportunidad, los mismos que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha tomado como evidencia sustancial para reconocer la necesidad de una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Durante su examen previo ante la CDH, la Argentina trasladó a Venezuela tres recomendaciones, de las que solo dos fueron aceptadas y ninguna de forma cabal. En primer lugar, la apertura de un diálogo de cooperación con los organismos de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que, al final, se limitó a un memorando de entendimiento sobre cooperación técnica. No solo eso: su vigencia se pone en riesgo ante cada denuncia de Bachelet y hasta se lo ha utilizado para bloquear el acceso al país de otros mecanismos de control, como la Misión de Determinación de los Hechos, cuyo mandato expira también este año. En total, de diez procedimientos especiales de Naciones Unidas a los que se había comprometido Venezuela en 2019, solo uno tuvo lugar.

Segundo, la Argentina también recomendó medidas para eliminar el uso excesivo de la fuerza y las ejecuciones extrajudiciales, investigando y sancionando a las personas responsables. Lejos de mejorar, estos crímenes escalaron con operativos de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela. La cifra oficial de muertes atribuibles a estas tropas supera las 20 mil personas, en su mayoría, hombres jóvenes y en situación de pobreza. Es un número frente al cual Venezuela no solo debería dar explicaciones sino garantías de que se hará justicia por las víctimas y sus familias.

El último de los consejos de la Argentina ni siquiera fue aceptado por Caracas y es el que guarda relación con las magras condiciones de detención y la falta del debido proceso para muchas de las personas privadas de libertad en Venezuela. Esta situación sigue tan vigente como entonces al punto que se han registrado condiciones precarias de reclusión, así como casos de muertes ocurridas bajo custodia del Estado y enfermedades prevenibles. Está claro que ya no hay márgenes para seguir dilatando reacciones frente a estos hechos y la Argentina debe mostrarse enfática en reclamarlas.