A 30 días de la aprobación de la Ley de Amnistía de 2026, Justicia, Encuentro y Perdón presenta junto a Alerta Venezuela el informe: “El balance de la arbitrariedad (2014-2026)”, que ofrece una mirada técnica sobre la evolución del sistema judicial y el impacto real de la Ley de Amnistía promulgada en febrero de 2026.
El documento examina cómo la aplicación la Ley de Amnistía promulgada en febrero de 2026, ha funcionado más como una herramienta de gestión política que como un proceso de reparación integral, transformando en ocasiones obligaciones legales —como las libertades por retardo procesal— en beneficios discrecionales.
Bajo este prisma, más que un mecanismo genuino que abra espacio para un proceso de transición enmarcado en el derecho de las víctimas a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en su ejecución ha sido un instrumento de gestión política de carácter discrecional. Este «espejismo jurídico» permite al Estado administrar la libertad de los detenidos con el objetivo de mitigar la presión diplomática y obtener legitimidad internacional, mientras mantiene intactas las estructuras coercitivas que originaron las detenciones.
El informe destaca que la selectividad es el eje operativo de esta normativa: el Estado no reconoce la inocencia de los sujetos ni la arbitrariedad de los procesos, sino que ejerce una facultad para seleccionar beneficiarios, lo que deriva en una estabilización deliberada del censo de prisioneros.
Para avanzar hacia una reconciliación genuina, el informe subraya la necesidad de desmantelar las estructuras de control y realizar una auditoría independiente de los centros de reclusión. La justicia verdadera requiere transparencia y el restablecimiento pleno de las garantías constitucionales.
Lee el informe completo aquí