Editorial de Crisis en Venezuela por su 5to aniversario

Un elemento determinante para los venezolanos en los últimos años ha sido el acompañamiento que deriva de la atención que la comunidad internacional ha puesto sobre la situación de los derechos humanos en el país. Los gritos de tantas madres y padres que perdieron a sus hijos en medio de la represión del Estado, el clamor de familias que tienen a algunos de sus miembros presos por motivos políticos sufriendo diferentes formas de tortura, las historias desgarradas de millones de personas de todas las edades huyendo de la feroz Emergencia Humanitaria Compleja, historias de miles de familias fragmentadas, víctimas de graves violaciones a sus derechos que no se hubiesen conocido más allá de nuestras fronteras de no haber sido porque organismos e instancias internacionales posaron su mirada sobre el país y decidieron actuar.

A su vez, esto no hubiese sido posible sin la labor de las organizaciones de la sociedad civil venezolanas que han colaborado para lograr esta atención en aras de que cesen las violaciones y se obtenga justicia. Sin embargo, aún persisten las situaciones que mantienen vulnerable a la población, por eso es imprescindible que los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos como la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos continúen su trabajo de documentación y denuncia de lo que ocurre en Venezuela independientemente de los desafíos que surgen en países azotados por guerras, invasiones y desplazamientos masivos de la población.

En esta edición del Boletín Crisis en Venezuela que llega a su quinto aniversario, nueve organizaciones que trabajan por la defensa y protección de los derechos humanos de los venezolanos y que contribuyen cada semana con esta publicación exponen sus argumentos sobre la importancia de estos mecanismos internacionales y su repercusión para la consecución de la justicia, el fin de la impunidad y para que el Estado se comprometa en ser garante de los derechos de todos los ciudadanos por igual.