Ante el anuncio de la firma del nuevo marco que regirá la Cooperación de Naciones Unidas en
Venezuela para el periodo 2023-2026, acordado entre el Ejecutivo Nacional y la Oficina del
Coordinador Residente de las Naciones Unidas en el país, las organizaciones civiles firmantes de
este comunicado expresamos nuestra preocupación por las llamativas deficiencias y omisiones
que presenta dicho documento.
El acuerdo, en primer lugar, no hace mención al contexto socio político en el que tendrá lugar dicha
cooperación ni da a conocer la base ni el alcance de las consultas a la sociedad civil u otros actores
interesados. En un país en el que la emergencia humanitaria compleja no solo se mantiene, sino que se
profundiza, es imperativo y responsable considerar el conflicto social y político como la base o causa
fundamental de dicha emergencia. El presente marco de cooperación no debe ser instrumentalizado para normalizar esta crisis.
El documento, en segundo lugar, no respeta los fundamentos y contenidos de la Agenda de Desarrollo
Sostenible. Los marcos de cooperación de las Naciones Unidas son el instrumento más importante con
que cuenta dicha organización para la planificación, coordinación y ejecución de las acciones para el
desarrollo y el impulso de la Agenda 2030, compromisos asumidos por los estados miembros en las
Naciones Unidas en el año 2015 y que establecen un conjunto de 17 objetivos, metas e indicadores para
avanzar en la superación de desafíos que enfrenta la humanidad en el presente y en el futuro del planeta.
Estos objetivos son interdependientes y tienen su centralidad en el respeto a los derechos humanos y la
dignidad de las personas, así como en la erradicación de la pobreza, el impulso del desarrollo económico y la protección del ambiente, en un marco de construcción de paz y cooperación. En contextos frágiles, con profunda desestructuración de las capacidades por el debilitamiento de las instituciones, como lo es hoy el caso de Venezuela, cumplir con el Objetivo 16, referido a la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas, implica hacer un amplio esfuerzo entre los múltiples actores para llevar adelante un proceso de reformas estructurales que permitan rescatar la gobernabilidad democrática, el estado de derecho y la eficacia y capacidad de rendir cuentas.
El Objetivo 17, establece la necesidad de la cooperación y las alianzas que son imprescindibles para
alcanzar los contenidos de toda la agenda. Los marcos de cooperación deben expresar una acción con
base a la realidad de los contextos en los cuales se aplica y deben cumplir con cinco objetivos claves:
1) Articular la respuesta colectiva del sistema de Naciones Unidas para facilitar que los países puedan
abordar los problemas que plantean las brechas (pobreza, desigualdad, género, tecnológicas, entre otras)
y establecer prioridades para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, en contextos de profunda
fragilidad causada por conflictos prolongados, como lo es el de Venezuela;
2) Encarnar el espíritu de cooperación y alcanzar las alianzas que incluyan, además de los gobiernos, al
resto de las partes interesadas, tales como las organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector
privado;
3) No dejar a nadie atrás, significa hacer de este desiderátum, algo tangible, garantizando los derechos
de todas las personas, especialmente de aquellas pertenecientes a los grupos afectados por la
emergencia humanitaria compleja, abordando, a la vez, las privaciones de derechos de carácter
estructural;
4) Reforzar los medios para asegurar inclusión (respeto a la diversidad, incorporación con respeto a los derechos y participación) sobre todo en los medios de vida sostenibles (referidos a la capacidad de las
personas para darse su propio sustento y el de su entorno familiar), abordando al mismo tiempo las
causas estructurales de las desigualdades y la violencia;
5) Asegurar que los equipos de Naciones Unidas cuenten con las herramientas para adaptar las
respuestas a la escala de las necesidades y realidades específicas del país en cuestión, de forma de
asegurar el cumplimiento de la Agenda y encaminar un proceso de restauración de capacidades,
conforme a los estándares de derechos y las recomendaciones de los órganos internacionales de
protección.
Teniendo en cuenta todo lo dicho, las organizaciones firmantes consideran imperativo que, en el marco
de la firma del nuevo marco de cooperación, se garanticen las siguientes acciones:
● Se explicite el contexto socio político en el que se firma el Acuerdo, de forma de facilitar la acción
concertada de los múltiples actores nacionales y los organismos de protección y cooperación
internacional;
● Se incorpore, en el marco de dicho contexto, el conjunto de recomendaciones que diversos
mecanismos de seguimiento y protección de los derechos humanos del sistema de Naciones Unidas han realizado en los últimos once años al Estado venezolano, tales como las emanadas de los Comités de Tratados Internacionales de Derechos Humanos, el Examen Periódico Universal (EPU), la Oficina del Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión de
Encuestas de la OIT y la Comisión Interamericana de DDHH, entre otros;
● Se reconozcan los problemas estructurales que, en materia de derechos humanos y justicia, persisten
en Venezuela. La aproximación al conflicto venezolano debe incluir como prioridad la búsqueda de
justicia como parte de la construcción de paz. Para asegurar el acceso a la justicia para toda la
ciudadanía es necesaria la creación y el fortalecimiento de instituciones efectivas, independientes y
responsables en todos los niveles, con apego a los principios de los derechos humanos en
implementación del Objetivo 16;
● Se comprenda que para alcanzar la convivencia democrática se requiere construir una ruta electoral
que garantice la realización de elecciones auténticas, que incluya las recomendaciones realizadas por la
Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y del Panel de Expertos de Naciones Unidas para
las elecciones regionales del 2021;
● Se adopte la perspectiva de los nexos, como el marco fundamental para el abordaje de los problemas
de los países en situaciones de crisis sostenidas, como lo es el caso de Venezuela, de forma de articular
la acción humanitaria, el desarrollo, la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz, para
dar respuestas que alivien el sufrimiento y no causen más daño, respetando en todo momento los
mandatos y medios de cada sistema;
● Se aseguren los mecanismos de participación activa de toda la sociedad venezolana en el proceso y se
faciliten los medios para el seguimiento y la rendición de cuentas, de forma de no dejar a nadie atrás, al
decir en el lenguaje de la Agenda, asegurando la interconexión, la indivisibilidad, la inclusión y la cooperación entre las múltiples partes interesadas.
