Declaración de la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Venezuela

Señor Vicepresidente:

Excelencias,

En primer lugar, me gustaría empezar, en nombre del Alto Comisionado, expresando mi profundo pesar por la decisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de suspender las actividades de nuestra Oficina en el país, en espera de revisión, e instruir la salida de nuestros colegas en un plazo de 72 horas. Estas medidas son incompatibles con los términos de la Carta de Entendimiento acordada entre el Gobierno y mi Oficina como base para nuestra presencia.

Como parte de nuestra cooperación con las autoridades desde 2019, nuestra Oficina emitió recomendaciones sobre las condiciones de detención, realizó talleres para funcionarios estatales sobre obligaciones internacionales en materia de derechos humanos; revisó y formuló comentarios a proyectos de ley, así como también apoyó la elaboración de directrices para la investigación de delitos contra la vida y la integridad física; y recientemente ha ampliado las esferas de cooperación al Ministerio de Pueblos Indígenas.

Señor Vicepresidente:

Desde el establecimiento de la presencia del ACNUDH en el país, puedo dar fe de que se han producido cambios positivos. Sin embargo, aún queda mucho por hacer.

Por ejemplo, mientras que las protestas relacionadas con el disfrute de los derechos sociales y económicos han persistido durante todo el año, nuestra Oficina no ha registrado incidentes de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de los funcionarios o las funcionarias encargados de hacer cumplir la ley. Sin embargo, me preocupan los casos de arrestos y detenciones arbitrarias, despidos del empleo o restricciones en el acceso a las prestaciones sociales, como consecuencia de la participación en tales manifestaciones.

En tanto Venezuela entra en un ciclo electoral, con elecciones presidenciales programadas para el 28 de julio de este año, me preocupan mucho las medidas para restringir indebidamente el espacio cívico y democrático, incluidos los casos de detención, intimidación y estigmatización de miembros y simpatizantes de los partidos de oposición. Los derechos humanos, como la libertad de expresión, reunión y asociación, y un entorno seguro son precondiciones esenciales para los procesos electorales y deben ser protegidos. Reitero los llamados anteriores para que los procesos electorales nacionales de Venezuela sean transparentes, inclusivos y participativos.

Las personas defensoras de derechos humanos siguen enfrentándose a la represión, la detención arbitraria y las amenazas, entre ellas Javier Tarazona y Rocío San Miguel.

En este contexto, también hago un llamado a las autoridades para que se abstengan de adoptar el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Afines en Venezuela, que incluso podría impedir la entrega de ayuda y asistencia humanitaria vital.

La firma de los Acuerdos de Barbados en octubre de 2023 entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática fue un paso positivo para establecer las condiciones para unas elecciones creíbles. Hago un llamamiento para que se apliquen plenamente de buena fe y recuerdo a todas las partes que los derechos humanos son y deben ser un elemento central de las negociaciones.

Acojo con satisfacción la liberación de al menos 34 personas privadas de libertad a raíz de estos acuerdos.  Sin embargo, la mayoría de ellas siguen siendo objeto de procesos penales y deben comparecer periódicamente ante el sistema de justicia. En total, en 2023 nuestra Oficina registró 69 liberaciones de personas seguidas por el equipo en el país, de las cuales nueve tuvieron decisiones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias. Pido su liberación total, así como una vez más, la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente.

Además, desde enero de 2023, el ACNUDH ha documentado 18 casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad en el contexto de la detención. Estas personas fueron detenidas por funcionarios del Estado y permanecieron incomunicadas durante horas o incluso semanas. Durante este período, hubo una negativa a reconocer la privación de libertad o el ocultamiento del destino o su paradero. La mayoría de las personas se enfrentaron posteriormente a cargos relacionados con conspiración, terrorismo, asociación criminal, traición y lavado de dinero.

El Estado tiene el deber de mantener el orden público, incluso en relación con los actos de violencia. Sin embargo, todas las medidas deben ser compatibles con el derecho internacional, incluida la conformidad de la legislación penal con los principios de legalidad y seguridad jurídica. Esto incluye a todos los presuntos responsables de actos de violencia o intentos de promoción de la violencia. Ellos también tienen derecho a un juicio justo y el debido proceso de conformidad con el derecho internacional.

Nuestra Oficina reconoce los esfuerzos de las autoridades para combatir la criminalidad y reducir las tasas de homicidios en el último año, observando una disminución de los asesinatos en el contexto de los operativos de seguridad desde 2019.

También acojo con satisfacción la reciente sentencia contra un exmiembro de la Policía Nacional Bolivariana en un caso de muerte en un operativo de seguridad en 2018.  Hago un llamado a las autoridades para que intensifiquen sus esfuerzos para hacer frente a la impunidad en todos los casos de violaciones de derechos humanos.

La Oficina ha recibido denuncias de malos tratos infligidos a detenidos por agentes de servicios de seguridad o de inteligencia, algunas de las cuales podrían constituir tortura. Es particularmente preocupante la falta de avances en la investigación de los casos de personas indígenas Yukpa en el estado Zulia por parte de agentes de la Policía Nacional Bolivariana.

Desde la última actualización de este Consejo, en julio de 2023, la Oficina ha realizado siete visitas a centros de detención, con el apoyo de las autoridades venezolanas, elevándolas a un total de 70 visitas realizadas desde 2019. Las autoridades han tomado medidas para hacer frente a los problemas críticos relacionados con la privación de libertad, como abordar las demoras judiciales y el hacinamiento en los centros de detención preventiva. Aliento a las autoridades a que adopten nuevas medidas para mejorar las condiciones de detención, el acceso a alimentos y agua adecuados, y a la salud.

Señor Vicepresidente:

Excelencias,

A pesar de los signos de crecimiento económico de los últimos dos años, el acceso a la salud, la alimentación y la educación sigue enfrentando desafíos estructurales como la falta de personal y de financiamiento, lo que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, y a las comunidades indígenas y campesinas.

Como ha reiterado el Alto Comisionado, las sanciones sectoriales han exacerbado los problemas preexistentes y han tenido un impacto negativo desproporcionado en los segmentos más vulnerables de la población. Una vez más, hay que levantar las sanciones.

Teniendo en cuenta el reciente anuncio de las máximas autoridades de aumentar las prestaciones sociales, se deben realizar esfuerzos adicionales para ajustar el salario mínimo al costo de vida. En este sentido, acojo con satisfacción la continuación del Foro de Diálogo Social tripartito organizado por el Gobierno con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo.

Observo, sin embargo, que no se ha avanzado en la modificación de la legislación que penaliza el aborto; sobre el reconocimiento de las personas trans bajo la identidad de género de su elección; y de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Señor Vicepresidente:

Esperamos que nuestra Oficina pueda reanudar pronto plenamente su labor de servicio a la población de la República Bolivariana de Venezuela, y fortalecer nuestra cooperación con las autoridades venezolanas sobre la base del respeto mutuo y el diálogo franco y transparente, en estricto cumplimiento del mandato de la Oficina.