Continúan los avances en Venezuela para imponer una ley contra la sociedad civil y cerrar definitivamente el espacio cívico

En un reciente comunicado, más de 300 organizaciones y personas expresaron a la comunidad nacional e internacional su alarma y “profundo rechazo” a la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, cuya discusión y aparente proceso de consulta pública, fue reactivado por la Asamblea Nacional (AN) el pasado 12 de enero.

Durante el año 2023 el Estado venezolano recibió numerosas objeciones de la sociedad civil nacional e internacional sobre el contenido de esta ley, cuyo texto todavía no ha sido publicado oficialmente por la AN. También la comunidad internacional formuló sus objeciones a este instrumento legal. Tanto la Oficina del Alto Comisionado y Procedimientos Especiales de las Naciones UnidasComisión Interamericana de Derechos HumanosMisión Independiente de Determinación de los Hechos coincidieron en alertar sobre los peligros de esta ley “por su carácter abiertamente violatorio del derecho a la libertad de asociación y otros derechos humanos, ya que ocasionaría el cierre definitivo y la militarización del espacio cívico y daños irreparables a los derechos de la población y al tejido de la sociedad venezolana”, como indica el comunicado.

El proyecto de ley fue aprobado en primera discusión el 24 de enero del año 2023, sin una convocatoria a consulta previa, amplia y plural, a través de medios masivos u oficiales. A pesar de ello, la aparente consulta fue iniciada el 12 de enero del año 2024, y mostró de manera “pública y notoria la intención de hostigar, criminalizar e inhabilitar a la sociedad civil venezolana ya que se volvió a exponer una lista preexistente de 62 organizaciones acusadas de delitos sancionables con esta ley, y se llevó a cabo en presencia mayoritaria de cuerpos militares y de inteligencia policial”.

En el comunicado se señala, entre otros aspectos, que esta ley no es un instrumento de regulación, puesto que ya existe en Venezuela un sistema regulatorio legalmente establecido y favorable al ejercicio de la libertad de asociación, de acuerdo con la norma constitucional, tanto en materia de registro, rendición de cuentas y fiscalización”.

Además,no está concebida para mejorar la prevención y sanción de posibles ilícitos o situaciones irregulares por parte de asociaciones civiles y fundaciones, puesto que, en sus propias declaraciones e intercambio de información con organismos internacionales, como el GAFIC en la Evaluación Mutua de Marzo 2023, el Estado ha afirmado que, en todo caso, estos supuestos hechos tienen una ocurrencia muy menor en el país y existen los procedimientos judiciales para investigarlos y aclararlos, de conformidad con el Estado de Derecho y debido proceso”.

Por otra parte, el instrumento propuesto no promueve ni protege el derecho a la libertad de asociación. Por el contrario, sin bases que la justifiquen y de forma contraria a la Constitución y a los estándares internacionales que protegen la esencia libre, civil y autónoma del derecho a la asociación, la ley se extiende de manera totalizante, ambigua y desproporcionada a todas las fundaciones y asociaciones civiles de derecho privado sin fines de lucro; deja sin efecto los registros de los que disponen las asociaciones con personalidad jurídica para trabajar en el país, de acuerdo con el sistema y las leyes vigentes, los cuales considera inexistentes; crea un nuevo régimen asociativo de “relevancia pública”, militar y fuera de la Constitución, que impone la autorización, control y fiscalización del Estado sobre todo el ciclo de vida de las asociaciones (fines, fundación, funcionamiento y actividad); ilegaliza toda asociación de hecho y establece un sistema de controles y requisitos adicionales, innecesarios, permanentes y no compatibles con la condición civil de las asociaciones, que los hace de imposible cumplimiento”.

Esta ley persigue propósitos inconstitucionales y violatorios de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y de ser aprobada, impactará profundamente las condiciones para el proceso electoral previsto a realizarse en el país. “La garantía de elecciones justas y democráticas no solo implica permitir la participación sin restricciones de candidatos, sino también mantener una sociedad civil vigorosa y robusta que pueda ejercer contraloría ciudadana y fomentar el derecho al voto”, aclara el comunicado.

1) Hacemos un llamado a la Asamblea Nacional a no insistir en el avance y discusión de un texto que viola a todas luces múltiples derechos humanos, incumple e irrespeta la Constitución Nacional y no contribuye de ninguna manera a mejorar el ambiente país en un contexto de Emergencia Humanitaria Compleja y periodo electoral; 2) Instamos a la comunidad nacional e internacional a rechazar la adopción de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, y cualquier otro texto normativo que pueda limitar excesivamente el ejercicio del derecho a la libertad de asociación o dé lugar a un control militar indebido de las organizaciones de la sociedad civil o una injerencia en sus actividades.

Lea el comunicado completo

Comunicado-conjunto-Ley-ONG-Enero-2023-SociedadInhabilitada-1