En la presentación de su Informe de actualización ante el Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, destacó que “aún hay mucho camino por recorrer” en materia de derechos fundamentales en Venezuela, así como en el cumplimiento de las recomendaciones de su oficina, las cuales ninguna ha sido acatada en su totalidad.
“Es muy importante fortalecer la independencia judicial y la separación de poderes en Venezuela” fue uno de los llamados que hizo al Estado venezolano, entre otros que implican ”llevar a cabo investigaciones independientes, exhaustivas y oportunas, con las debidas garantías procesales, que conduzcan a la rendición de cuentas de todos los perpetradores, independientemente de su rango, y a la reparación completa para las víctimas y sus familias”, apuntó.
Recalcó la necesidad de fortalecer la independencia judicial y la separación de poderes, exhortando a las autoridades a nombrar una proporción más amplia de jueces titulares del Tribunal Supremo mediante un proceso público y transparente.
Planteó sus preocupaciones por las condiciones en los centros de detención que eran administrados por los servicios de inteligencia, donde se han denunciado malos tratos e incomunicación. El personal de su Oficina no ha logrado que se le permita visitar esos centros ni los de detención militar.
Con respecto al espacio cívico y democrático, la Alta Comisionada dio cuenta de 166 restricciones indebidas entre las que citó la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes.
“La desacreditación de estos por medios de comunicación institucionales continua”, detalló Bachelet.
“Sigue preocupando el uso de la legislación antiterrorista y contra la delincuencia organizada contra el trabajo legítimo de los defensores de los derechos humanos y los trabajadores de los medios de comunicación. Estas prácticas deben cesar”, puntualizó Bachelet.
Para culminar, resaltó, entre otros puntos, el acuerdo con el Gobierno Nacional que amplía su presencia en el terreno a 16 representantes de su Oficina. “Con una mayor cooperación y compromiso, estoy convencida de que se podrá contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos de todas y todos en Venezuela”, concluyó la Alta Comisionada.
Luego de su intervención y del diálogo interactivo de naciones, fue concedida la palabra a miembros de la sociedad civil entre los cuales destaca la declaración conjunta de Andrea Santacruz.
“Para marzo de 2021 existían aproximadamente 65.000 personas privadas de libertad en centros de detención preventiva o en calabozos policiales, con un hacinamiento del 325%” denunció Santacruz al mismo tiempo que alertó sobre la necesidad de tener presencia de los mecanismos internacionales en el país.
“Necesitamos que continúe el trabajo de ACNUDH y de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos. Todos los mecanismos de protección son necesarios en Venezuela” concluyó.
Otros oradores, representantes de las organizaciones de la sociedad civil fueron Juan Ignacio Rodriguez del Centro para la los Derechos Civiles y Políticos (CCPR – Center) quien destacó la grave situación socio ambiental en Venezuela que ha afectado en gran medida a las comunidades indígenas del país.
La World Organisation Against Torture (OMCT), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Cívicus también tuvieron un derecho de palabra ante el Consejo.
Todos los oradores incluyeron en sus recomendaciones la renovación del mandato de la Misión de la ONU para continuar con el trabajo de investigación y protección de los mecanismos internacionales, así como la liberación de los activistas detenidos de manera arbitraria.
Puedes ver aquí el discurso completo de ACNUDH
Puedes volver a ver la sesión completa en estos dos enlaces:
Fuente: Nota de prensa oficial
