Alto Comisionado de la ONU insta a unas elecciones transparentes, inclusivas y participativas en Venezuela

En el marco del 55° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, este 19 de marzo, la Oficina del Alto Comisionado presentó su actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.

En su actualización, la oficina del Alto Comisionado destacó cuatro aspectos de suma preocupación: (1) el incumplimiento por parte del Estado de los términos de la Carta de Entendimiento acordada con la Oficina respecto a su presencia en el terreno, (2) la criminalización del ejercicio de la protesta a través de detenciones arbitrarias, despidos injustificados y restricciones en el acceso de las prestaciones sociales, (3) la restricción al espacio cívico y democrático, y (4) los desafíos estructurales en cuanto al acceso a la salud, a la alimentación y a la educación.

La restricción del espacio cívico y democrático obstruye la posibilidad de un proceso electoral auténtico

El Alto Comisionado de derechos humanos reconoció como un paso positivo la firma de los Acuerdos de Barbados en octubre del año 2023 entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática, sin embargo instó a la necesidad de cumplirlo a cabalidad y bajo una perspectiva de derechos humanos.

En este sentido, el Alto Comisionado mostró su preocupación, y así mismo lo hicieron la mayoría de los Estados partes en el diálogo interactivo, sobre el ciclo electoral en el que entra en Venezuela y que se ha visto empañado por restricciones indebidas al espacio cívico y democrático. El Alto Comisionado documentó casos como detenciones, intimidaciones y estigmatizaciones a miembros y simpatizantes de los partidos políticos vinculados con la oposición, patrones que limitan la posibilidad de que se lleven a cabo procesos electorales transparentes, inclusivos y participativos en el país.

Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), alertamos, una vez más, el uso de mecanismos represivos por parte del Estado a través del ejercicio de patrones de persecución y criminalización, los cuales se agudizan y se agravan cuando a través de procesos electorales se pone en riesgo la permanencia en el poder del Gobierno.

Esta situación se encuentra evidenciada en los al menos 84 casos de persecución y criminalización documentados a través del monitoreo que desde Cepaz llevamos a cabo. Alerta aún más que más de la mitad de los casos documentados tienen que ver con el ejercicio de los derechos políticos, a través de  patrones como la ratificación de inhabilitaciones políticas, la anulación de las tarjetas de partidos políticos, la detención arbitraria bajo la previa desaparición forzada de activistas políticos y ciudadanos que presten servicios o que formen parte en las actividades de índole político, los procesos judiciales irregulares de las personas detenidas arbitrariamente, la activación del plan furia bolivariana, el allanamiento irregular de viviendas a dirigentes y miembros de partidos políticos, los actos de amenaza y hostigamiento constantes, entre otros patrones de persecución.

En este grave contexto, el Alto Comisionado recordó e instó al Estado venezolano a proteger derechos humanos como la libertad de expresión, reunión y asociación y un entorno seguro para que se desarrolle un proceso electoral auténtico en el país.

Las desapariciones forzadas se han convertido en un patrón preocupante en las detenciones arbitrarias contra el liderazgo opositor

La desaparición forzada es una de las violaciones más graves a los derechos humanos. La privación ilegal de la libertad, la incomunicación y la falta de información sobre el paradero de las víctimas tiene consecuencias devastadoras para las víctimas y para sus familiares.

Desde enero de 2023 el Alto Comisionado ha documentado 18 casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad en el contexto de la detención.

Desde Cepaz queremos alertar que la situación documentada por el Alto Comisionado se agrava en el contexto electoral que atraviesa Venezuela. Tal es así que en los primeros dos meses del año documentamos al menos 11 casos de desapariciones forzadas vinculadas con detenciones arbitrarias, es decir, que de las 14 detenciones arbitrarias que desde Cepaz documentamos durante el mes de enero y febrero, 11 se llevaron a cabo bajo la desaparición forzada de la víctima. Vale destacar que esta grave violación a los derechos humanos se ha continuado ejecutando durante el mes de marzo.

Venezuela incumple con el memorando de entendimiento

El pasado 15 de febrero, y luego de que el Alto Comisionado manifestara su preocupación por la detención de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel y lo calificara como desaparición forzada, el canciller de Venezuela expulsó a las trece personas que integraban el equipo de la Oficina del Alto Comisionado en Venezuela. Así, argumentando la parcialidad de la Oficina, les dio 72 horas para abandonar el país.

El Alto Comisionado durante su reciente actualización lamentó la suspensión de sus actividades en el terreno y aseguró que esta medida es incompatible con los términos de la Carta de Entendimiento acordada entre el Gobierno y la Oficina del Alto Comisionado.

Vale destacar que el incumplimiento del memorando de entendimiento y la falta de cooperación del Estado venezolano con la Oficina del Alto Comisionado, no solo se ve reflejado en la reciente expulsión del país del equipo de trabajo, sino también en el incumplimiento recurrente de las recomendaciones que ha hecho el Alto Comisionado y que continuamente en sus actualizaciones llama la atención e insta al Estado a cooperar con las decenas de recomendaciones que en cada informe ha emitido.

La situación de derechos humanos en Venezuela se ha agravado en el primer trimestre del año 2024, el contexto electoral ha desencadenado el uso desmedido del aparato represor y violaciones graves a los derechos humanos de la ciudadanía, entre ellos los derechos políticos; por tanto, es necesario y urgente el monitoreo en el terreno de la Oficina del Alto Comisionado, el fortalecimiento de la asistencia y el cumplimiento por parte del Estado de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.