Actualización del Informe de la Misión de la ONU sobre Venezuela

Como parte de la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, expuso la actualización de su informe, presentado en septiembre de 2021, reafirmando la necesidad de revisar y evaluar las conductas de agentes estatales venezolanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

De igual forma, al concluir el debate interactivo con los estados miembros, algunas organizaciones de la sociedad civil tuvieron participación en la plenaria para exponer denuncias de violaciones de derechos humanos, entre ellas la criminalización, persecución y estigmatización de la disidencia. 

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Declaración de Marta Valiñas, Presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, en la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos

18 de marzo de 2021

Señor Presidente,

Distinguidas delegadas y delegados,

Señoras y señores,

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela se complace en presentar esta actualización oral de su trabajo, de conformidad con la Resolución 45/20 aprobada por este Consejo.

En septiembre de 2020, la Misión presentó su primer informe en el que se detallan casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género, cometidos por agentes estatales venezolanos desde 2014. Concluimos que hay motivos razonables para creer que algunas de las conductas descritas en ese informe constituyen crímenes de lesa humanidad.

En nuestro segundo informe, presentado en septiembre de 2021, centramos nuestra investigación en la respuesta del sistema de justicia a las violaciones de los derechos humanos y los crimenes documentados por la Misión. Concluimos que los actores de este sistema, tanto por acción como por omisión, han jugado un papel importante en la represión del Estado contra opositores del gobierno y personas que son percibidas como tales.

Sr. Presidente,

El Gobierno ha anunciado que tomará medidas para hacer frente a la situación de impunidad en Venezuela. Aunque lo que realmente importa es la implementación de las medidas previstas, el reconocimiento de que existe una situación de impunidad que debe ser atendida, es desde ya un avance bienvenido.

Poco después de la publicación de nuestro segundo informe, el Gobierno firmó un memorándum de entendimiento con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el que se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia en el país, de acuerdo con los estándares internacionales. Este proceso supone una oportunidad para que las víctimas obtengan justicia.

A finales de octubre del año pasado, el Fiscal General Tarek William Saab presentó una actualización sobre los avances realizados por el Ministerio Público para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos cometidas por funcionarios de seguridad del Estado. Afirmó que, desde que asumió su cargo, 185 personas han sido condenadas por dichas violaciones. Sin embargo, como ha señalado la Misión, la falta de datos desglosados y de información clave sobre los delitos imputados o el rango o nivel de responsabilidad de los autores, continúa siendo un obstáculo para evaluar los esfuerzos reales del Estado para investigar y perseguir estas violaciones.

En los últimos meses se han producido algunos avances en casos emblemáticos investigados por la Misión. En diciembre de 2021, un detective y un inspector del SEBIN fueron condenados por homicidio culposo y otros cargos menores, de los que se declararon culpables, en relación con la muerte de Fernando Albán en 2018. Cada uno de estos funcionarios de bajo nivel fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión. En febrero de 2022, la Décima Sala de la Corte Penal de Apelaciones de Caracas redujo la pena impuesta a 2 años y 8 meses. Los funcionarios quedaron en libertad.

El 4 de febrero de 2022, el Tribunal Duodécimo de Control Penal condenó a dos oficiales de inteligencia militar a 30 años de prisión por los delitos de tortura y homicidio con alevosía por la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo. Una sentencia anterior contra los dos hombres, que había omitido los cargos de tortura, fue anulada.

“Las víctimas tienen derecho a participar en los procesos judiciales”

Reiteramos que las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes y/o sus familiares, tienen derecho a participar en los procesos judiciales, tal y como lo garantiza la legislación interna. Según los familiares de los señores Albán y Acosta Arévalo, este derecho no ha sido respetado.

También reiteramos la preocupación planteada en nuestros informes de 2020 y 2021 de que las investigaciones nacionales, cuando se llevan a cabo, tienen alcance limitado y se dirigen contra autores materiales, de bajo nivel. Los casos del Sr. Albán y del Sr. Acosta Arévalo son ejemplos de ello.

Por esta razón, estamos ampliando nuestras investigaciones actuales a las responsabilidades más altas de la cadena de mando y presentaremos nuestras conclusiones a este Consejo en septiembre de este año. También estamos explorando los intereses que pudieron haber concurrido como motivación de estas violaciones y delitos.

Sr. Presidente,

Se necesitan esfuerzos concertados para abordar los problemas estructurales derivados de la falta de independencia judicial y la interferencia de los actores políticos en el sistema de justicia. En nuestro informe de septiembre de 2021 ofrecimos una descripción detallada de estos problemas.

A partir del mes de agosto de 2021, la Asamblea Nacional anunció que llevaría a cabo un paquete de reformas relacionadas con el sistema de justicia. La Misión considera que una reforma legal, por sí sola, es insuficiente si no se implementa de modo adecuado.

Como parte de este paquete, el legislador modificó 19 artículos del Código Orgánico Procesal Penal en septiembre de 2021, reduciendo varios plazos aplicables a los procesos penales, incluida la duración de la prisión preventiva de acuerdo con el artículo 230.

De conformidad con las reformas, hemos registrado algunos avances positivos en los casos investigados por la Misión. Sin embargo, todavía hay decenas de personas que llevan más de tres años detenidas sin juicio, muy por encima de los límites impuestos tanto por la ley anterior como por la reformada.

Además, en la segunda mitad de 2021, se han producido dos muertes en custodia de personas opositoras al Gobierno o percibidas como tal, ambas relacionadas con la falta de atención médica. Una de ellas es la muerte del General Raúl Isaías Baduel, caso documentado previamente por la Misión. Su hijo Josnars Adolfo Baduel Oyoque, quien permanece detenido en El Helicoide del SEBIN y se encuentra en mal estado de salud, requiere atención médica inmediata.

Es preocupante que personas identificadas en nuestros informes anteriores no hayan recibido una atención médica adecuada, a pesar de las reiteradas peticiones en este sentido. Por ejemplo, Emirlendris Benítez, una de las mujeres detenidas en relación con el Caso de los Drones y sometida a tortura en las instalaciones de la DGCIM en Boleíta, no ha tenido acceso a un tratamiento médico eficaz. Como resultado, su salud se ha deteriorado significativamente, dejándola postrada en una silla de ruedas.

Sr. Presidente,

Como parte de este paquete de reformas, la Asamblea Nacional adoptó en diciembre de 2021 una ley por la que se crea la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos. Esta ley, que todavía no es operativa, sólo otorga a la Comisión poderes limitados para supervisar investigaciones y formular recomendaciones. Además, los siete miembros de la Comisión son nombrados por la Asamblea Nacional, lo que pone en peligro su independencia respecto de los actores políticos.

En nuestro último informe expresamos nuestra preocupación por la influencia política en la selección de jueces. En enero de 2022, la Asamblea Nacional aprobó reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Lamentablemente, algunas de éstas no solo no reducen, sino que aumentan, la influencia política sobre el Poder Judicial. Por ejemplo, el equilibrio en la composición del Comité de Postulaciones Judiciales se ve perturbado, ya que los miembros de la Asamblea Nacional son ahora mayoría sobre los miembros de la sociedad civil. Las enmiendas otorgan también más poderes a la Asamblea Nacional, permitiéndole nombrar a figuras clave del Poder Judicial, como el Inspector General de Tribunales y el Director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

La Misión también está profundamente preocupada por el efecto práctico del Artículo Segundo Transitorio de dicha reforma, según el cual los actuales magistrados del Tribunal Supremo pueden volver a postularse conforme al nuevo proceso de selección anunciado, lo que efectivamente les permitiría seguir ejerciendo sus funciones a pesar de haber superado el plazo máximo de 12 años estipulado en la Constitución.

El Fiscal General también anunció, a finales de octubre del año pasado, un plan para abordar el nombramiento de fiscales provisionales. Aunque este plan puede ser un paso en la dirección correcta si se aplica adecuadamente, la Misión observa que sólo afecta a fiscales en funciones y no adopta medidas para garantizar que el acceso a la carrera fiscal se determine mediante un concurso público. Tampoco ofrece soluciones a otros problemas estructurales dentro del Ministerio Público, como los identificados por la Misión en su informe de 2021.

Señor Presidente,

Desde septiembre de 2021 se han realizado algunos avances en el traslado de personas fuera de los centros de detención del SEBIN y de la DGCIM, de acuerdo con un Decreto Presidencial de mayo de 2021. Sin embargo, es preocupante que algunos opositores al Gobierno o personas percibidas como tal, no hayan sido trasladadas. Igualmente preocupantes son los informes de que la DGCIM sigue trasladando nuevos detenidos a Boleíta.

Entre las personas que siguen detenidas en El Helicoide de SEBIN se encuentra Javier Tarazona, director de Fundaredes, quien fue detenido en julio de 2021 y fue acusado de terrorismo e incitación al odio en diciembre pasado. La Misión ha recibido información de que el Sr. Tarazona ha sido sometido a tortura, incluida la tortura psicológica o blanca. También es preocupante que el periodista Roland Carreño sigue detenido en El Helicoide, a pesar de las irregularidades en su caso resaltadas en nuestro informe pasado.

Juan Carlos Marrufo y María Auxiliadora Delgado, como se documenta en el informe de 2021 de la Misión, fueron detenidos arbitrariamente en 2019 y permanecen en La Boleíta de DGCIM a pesar de las reiteradas solicitudes de traslado.

La Misión ha planteado previamente su preocupación en el caso de Orlando Moreno, una conocida figura de la oposición y activista de los derechos humanos, que ha trabajado en Foro Penal. El Sr. Moreno fue detenido en 2017 y acusado de posesión de un artefacto explosivo, delito que conlleva una pena de dos a cinco años. Tras su puesta en libertad con medidas cautelares en 2017, presentó una denuncia por tortura durante su detención. El Sr. Moreno no fue citado para confirmar esa denuncia sino hasta septiembre de 2021. Unos días más tarde -y cuatro años después de las denuncias iniciales- se notificó al Sr. Moreno que la causa de 2017 contra él pasaría a la fase de audiencia preliminar y posteriormente a juicio. El juicio contra él está en curso. Es motivo de preocupación y alarma para la Misión, que este caso pueda ser un ejemplo del uso del sistema de justicia como herramienta de persecución a los opositores del Gobierno.

El 10 de diciembre de 2021, Juan Carlos Guillén, abogado defensor de varias personas detenidas por razones políticas, fue detenido. Permaneció incomunicado durante 13 días en la DGCIM de Apure, tiempo en el que su familia no supo su paradero. El Sr. Guillén era el abogado de Reyes Gabriel Hernández González, detenido en la DGCIM desde septiembre de 2017 y recientemente liberado. El Sr. Hernández había denunciado que fue torturado antes de que se decidiera su liberación. Posteriormente, tanto el abogado del Sr. Hernández (Sr. Guillén) como el juez que ordenó la liberación (Sr. Carlos Jaimes), fueron detenidos por la DGCIM. Ambos siguen en prisión preventiva, acusados de corrupción.

Sr. Presidente,

Hoy, la vida cotidiana de los venezolanos sigue afectada. Han soportado una década de profundización de una crisis económica, humanitaria y de derechos humanos, así como el desmantelamiento de las instituciones del Estado, todo esto exacerbado, más recientemente, por el impacto del COVID-19. La muestra más clara de ello son los más de seis millones de personas que han tenido que abandonar el país.

A pesar de dos años de solicitudes que han sido ignoradas, la Misión sigue solicitando la colaboración con las autoridades venezolanas. Continuaremos trabajando de forma independiente, imparcial, objetiva y rigurosa para construir un cuerpo de información creíble a ser presentado a este Consejo en septiembre de este año.

Instamos a los miembros del Consejo de Derechos Humanos a que sigan prestando mucha atención a los acontecimientos en Venezuela y observen si se verifican progresos creíbles en el avance de la justicia, la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos.

Muchas gracias.