Actualización de la Alta Comisionada sobre Venezuela

Este jueves 17 de marzo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) Michelle Bachelet, presentó una actualización oral sobre la situación de Venezuela, ante los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos (CDH).

En su intervención destacó que, desde su última actualización en septiembre de 2021, se habían abierto “algunas iniciativas de reforma” que señaló como “oportunidades para la implementación de importantes recomendaciones de derechos humanos”.

Señaló que la reforma del sistema de justicia y la reestructuración de la Policía Nacional, así como la prohibición del enjuiciamiento de civiles por tribunales militares, las medidas para hacer frente al hacinamiento en los centros de detención preventiva y disolver las Fuerzas de Acción Especial, son puntos positivos en miras una transformación institucional significativa.

Sin embargo, sigue siendo motivo de preocupación la falta de acceso a expedientes y audiencias el cual ha sido limitado. “Confío en que el acceso a los expedientes y a las audiencias aumentará pronto” expuso. A su vez, informó que desde septiembre de 2021 “agentes estatales han sido condenados en al menos tres casos emblemáticos, entre ellos por el homicidio y la tortura del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo”.

En este sentido, la Comisionada resaltó la necesidad de fortalecer el marco jurídico para la prevención y la sanción de la tortura. “Seguimos observando los desafíos al debido proceso”. Destacó que de los casos individuales de preocupación planteados a las autoridades desde septiembre de 2021, 18 personas han sido liberadas pero al menos 6 personas permanecen bajo detención pese a contar con boletas de excarcelación y 22 ya han solicitado su liberación alegando la expiración de los límites legales de detención.

“Todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser puestas en libertad”

Bajo la exigencia de respetar las garantías del debido proceso, solicitó atención médica adecuada a casos urgentes como el director de Fundaredes, Javier Tarazona y la puesta en libertad de “todas las personas detenidas arbitrariamente”.

Mostró preocupación por 93 incidentes documentados por su Oficina, relacionados con restricciones al espacio cívico y democrático de Venezuela. “Hemos documentado 24 casos de estigmatización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil por parte de agentes del Estado” por lo que instó a las autoridades a “fomentar el diálogo y la cooperación, y a construir un entorno seguro e inclusivo para todo el pueblo de Venezuela”.

Un punto de atención importante fue la solicitud de investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos y abusos en las zonas fronterizas con Colombia, espacio en el cual “los enfrentamientos han provocado el desplazamiento forzado de cientos de venezolanos y venezolanas, muchos de ellos indígenas”.

Destacó también el cierre de ocho emisoras de radio y bloqueo de al menos siete sitios web de septiembre a la fecha. “El pueblo de Venezuela tiene derecho a fuentes de información independientes, y las libertades de los medios de comunicación deben ser protegidas” puntualizó.

Como aspecto importante señaló que continúa preocupada por la falta de disponibilidad de información pública, a pesar de la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público en septiembre de 2021, ya que no se han hecho públicos los informes de presupuesto público nacional y rendición de cuentas.

Aplaudió la participación de mujeres en las pasadas elecciones, sin embargo destacó que “pocas fueron elegidas para los puestos más altos”. Concluyó su intervención solicitando la creación de un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones expuestas por los países miembros ante el Examen Periódico Universal y agradeciendo el compromiso de las autoridades de su oficina. “Confío en que continuaremos profundizando nuestra cooperación para promover los derechos humanos en el país”.

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