125 Organizaciones piden #QueSigaLaMisión para Venezuela

125 organizaciones civiles nacionales e internacionales se manifestaron conjuntamente para exigir la renovación de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela en Naciones Unidas. La Misión fue aprobada en 2019 y renovada en 2020 con el fin de investigar graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela desde 2014 y ha podido producir varios informes. Su mandato finalizaría en septiembre de este año y es tarea de las misiones diplomáticas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU solicitar y votar por su renovación para mantener su trabajo en marcha.

Entre los voceros de las organizaciones estuvieron Rafael Uzcátegui, de Provea; Tamara Taraciuk, de Human Rights Watch; Elvira y José Pernalete, padres de Juan Pablo Pernalete; Clara del Campo, de Amnistía Internacional; y Beatriz Borges, de Cepaz.

Las organizaciones de sociedad civil tienen entre sus funciones exigir y presionar para que las voces de las víctimas venezolanas sigan siendo escuchadas en Naciones Unidas. Los informes publicados por la Misión han sido, en muchos casos, la primera vez que las víctimas ven documentado para un organismo internacional lo que les ocurrió y además conectado con patrones represivos que afectan a otras personas, como apuntó Elvira Pernalete. La mayoría de estos casos se encuentran impunes dentro de Venezuela y a lo sumo ha habido investigaciones o procedimientos contra funcionarios de bajo rango con acusaciones leves. La justicia exige hacer más.

Clara del Campo, de Amnistía Internacional, dijo que esperan ”que la mayoría de los 47 Estados miembros del Consejo de DDHH de la ONU apoyen la renovación del mandato de la Misión de los Hechos. El trabajo de justicia internacional en Venezuela debe continuar“. Para aprobar la resolución no es necesario un número fijo de votos sino que los votos a favor sean mayores que los negativos, por lo tanto son importantes incluso las abstenciones.

En el comunicado, las organizaciones recuerdan que ya en 2020 la Misión de Determinación de los Hechos había encontrado “motivos suficientes para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad”. Por lo tanto la recopilación de esta información con criterios técnicos es fundamental en la construcción de justicia para los venezolanos.

Tamara Taraciuk, de Human Rights Watch, dijo: “Al día de hoy la  Misión sigue siendo el único mecanismo independiente de monitoreo de ONU sobre Venezuela, con un mandato para investigar abusos y garantizar la rendición de cuenta de quienes cometen esos abusos“. Al renovar su mandato, los expertos podrán seguir trabajando en la recopilación de evidencias sobre las violaciones que se han cometido y se siguen cometiendo en Venezuela. De hecho, las razones por las que la Misión fue convocada en 2019 se mantienen hasta el día de hoy: impunidad estructural del gobierno de Venezuela, falta de mecanismos internos de reparación, e intentos continuos, por parte de las autoridades, de evitar o mitigar el escrutinio internacional.

La Misión presentará en septiembre su tercer informe, en el que se revelarán informaciones sobre el Arco Minero. Sin embargo los dos primeros ya sorprenden por su extensión y la cantidad de casos trabajados: 223 casos distintos con 274 entrevistas para el primer informe, y el análisis de 183 detenciones de opositores para revisar sus procedimientos de arrestos y procesos judiciales. Ese análisis estuvo acompañado de 177 entrevistas que incluyeron a funcionarios de cuerpos de seguridad venezolanos y del aparato de justicia. Aún así es mucho más lo que falta por documentar y denunciar.

Beatriz Borges, de Cepaz, dijo que “La justicia permite generar puentes entre el conflicto y la paz. No queremos que se quede bajo el olvido y la impunidad las violaciones de derechos humanos que se han cometido en Venezuela”

En los informes se han revelado datos novedosos para los investigadores, las víctimas y quienes monitorean derechos humanos en el país, como la existencia y ubicación de centros clandestinos de detención y tortura, así como el uso de la “sippenhaft”, un método de castigo de la Alemania nazi que significaba perseguir y culpar a los familiares de las víctimas para presionarlas en su entrega. Ambas han sido documentadas no como hechos extraordinarios sino como parte de un patrón represivo aplicado a varias víctimas a lo largo de estos años.

El llamado de las organizaciones ha sido la permanencia de Venezuela en la agenda internacional. “En septiembre se va a discutir sobre si la Misión de la ONU debería seguir trabajando sobre Venezuela. Para nosotros ha sido el mecanismo más importante de la verdad”, apuntó Rafael Uzcátegui, Coordinador de Provea.

Más información:

Venezuela: La ONU debe renovar el mandato de expertos independientes

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